Lo que tiene todos los ingredientes para ser un mayúsculo enredo burocrático-histórico mantiene en riesgo de inminente desalojo a 23 familias rosarinas en el barrio República de la Sexta. Allí, más exactamente en la dirección de Necochea 1924/28, un conjunto de propiedades que fueron a remate en la década de 1940 y fueron adquiridas en subasta por Carlos Deliot –pasando a formar luego parte del legado de la familia a la Municipalidad de Rosario– es reclamado por la vía judicial por el nieto del propietario original. Y al reclamo de José Pampinella lo asistiría un elemento clave: no estaría por ningún lado el “papel” que demuestra que todo ocurrió así. Así las cosas, ayer el Concejo Municipal aprobó –por unanimidad– un decreto que encomienda al Departamento Ejecutivo municipal “intervenir” en las causas judiciales sobre dichos inmuebles al entender que si llegan a sentencia tal como están “no sólo puede significar un perjuicio a la Municipalidad como a las personas”, que habitan el lugar, “sino que podría tratarse también de la comisión de un ilícito penal”.
El proyecto aprobado lleva las firmas de Alfredo Curi, Héctor Cavallero, Arturo Gandolla, Alberto Cortés, Fernando Rosúa y Norma López. En los considerandos, los concejales opositores dejan constancia de que “existe un expediente en prescripción reglamentaria” del 30 de mayo de 2007, que éste “ya advertía de la situación en que se encontraban los vecinos del lugar” y pese a ello “nunca fue considerado”, y que en la actualidad “la situación es altamente más grave”.
También marcan los concejales que las propiedades de marras “se encuentran dentro del Legado Deliot que fuera oportunamente donada a la Municipalidad de Rosario, tal lo demuestra el informe de la Dirección de Catastro de la Municipalidad”.
Recuerdan que pese a que Pampinella figura como titular registral de las propiedades, éstas fueron “adquiridas en subasta oportunamente dado su situación de quiebra y luego donadas por la familia Deliot a la Municipalidad de Rosario, por lo que la misma ya no pertenece más a su titular registral”.
Y sostienen que las demandas entabladas en la Justicia por el nieto del propietario original significan un perjuicio a sus moradores pero también a la Municipalidad, “arrogándose el actor un derecho que no posee”.
En concreto, Pampinella inició cuatro demandas para obtener la administración provisoria de las propiedades, heredarlas definitivamente, y desalojar a las 23 familias que, en la mayor parte de los casos, “desde hace más de 30 años” viven allí. Así encadenadas, una presentación dio paso a la siguiente hasta llegar a las demandas de desalojo.
Frente a ello, los concejales del Partido del Progreso Social, el Frente para la Victoria, Encuentro por Rosario y el Partido Socialista Auténtico también dejaron sentado un fuerte “reto” para el Departamento Ejecutivo: remarcan que “es urgente la participación de la Municipalidad en los juicios de referencia, a fin de acreditar su derecho, e iniciar las acciones que por derecho le correspondan”. Y recuerdan que la Municipalidad compareció en uno de los juicios –caratulado Pampinella José Luis c/ Córdoba Enrique y/o subinquilinos y/o terceros– en dos oportunidades “sin entregar elementos vitales para la causa que habrían demostrado que el verdadero titular de la finca es la Municipalidad de Rosario”. Y más aún, advierten que en otros dos expedientes el Palacio de los Leones “ni siquiera compareció”.
Con todo, el decreto aprobado remarca que “la magnitud de los hechos hacen indispensable” que la Municipalidad aporte “de ser posible todavía” todos los elementos para demostrar el perjuicio, entre ellos, “el testamento por el cual la familia Deliot le dona al municipio dichos terrenos, escritura de donación Nº 357 de fecha 9 de noviembre de 1944, realizada por ante el escribano Pablo M. Del Castillo, entre otras documentales de similar importancia”, como el acta del remate y al acta de posesión.
Finalmente –y para peor– recuerdan los concejales que existe una ordenanza que tiene más de dos décadas, la 4.745/89 –se aprobó en el convulsionado año que renunció el radical Horacio Usandizaga, cuyo mandato fue completado por Carlos Ramírez– que manda al municipio “realizar la inscripción de estos inmuebles”, pero “no fue cumplida”.
Por todo ello el Concejo le dio voto unánime a la iniciativa que emplaza a la gestión de Miguel Lifschitz a “arbitrar los medios para evitar el «lanzamiento»” –palabra de la jerga judicial que refiere al operativo por el cual la fuerza pública deja a los moradores de una propiedad en la calle– y a “reivindicar como suyos los inmuebles de referencia”.
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