Ciudad

“El transporte público debe ser más integral e inclusivo”

Por Luciana Sosa. La doctora en Economía Marina Marsili es autora de un libro en el que analiza el transporte de pasajeros.


El transporte público de pasajeros es tema de discusión y análisis recurrente. La frecuencia en la circulación, el estado de los vehículos, los recorridos y el costo del pasaje forman parte de las cuestiones que giran siempre alrededor de este servicio público. La doctora en Economía Marina Marsili es autora del libro Transporte público en la gestión estatal, el caso de la Semtur en Rosario, y dialogó con El Ciudadano sobre este trabajo, en el que expuso algunas vetas técnicas y omisiones que ocurren en el sistema de transporte actual. Remarcó que aún queda mucho por hacer para mejorar el servicio y lograr que los usuarios de vehículos particulares elijan el transporte público para su traslado.

—En su libro “Transporte público con gestión estatal, el caso de la Semtur en Rosario”, expone la historia del servicio en el país, el temblor padecido durante la crisis de 2001 y cómo debería haberse ofrecido a sus usuarios, hasta 2007. ¿Cuál es su visión sobre el sistema de transporte actual?

—El sistema de transporte de pasajeros se ha ido complejizando y en ello tuvo mucho que ver el paradigma basado en el uso del vehículo individual por sobre los medios de movilidad colectivos. Por esto creo que corresponde analizar las principales variables que determinan el sistema, atendiendo fundamentalmente a los usuarios del transporte que se ven afectados por el servicio brindado y la tarifa abonada, pero también a los demás ciudadanos (que integran la demanda potencial), identificando las razones por las que priorizaron el uso del automóvil por sobre el transporte colectivo.

—El servicio tiene una función, un papel en la sociedad pero la deuda sigue en pie.

—El transporte público de pasajeros, urbano e interurbano, es un elemento imprescindible para la vida cotidiana y para el desarrollo local; asimismo, hay que destacar que el uso excesivo de medios de transporte motorizados contribuye a la contaminación ambiental, auditiva y de circulación en las ciudades, por lo que la necesidad de potenciar el uso de medios masivos y disuadir a los individuales motorizados se torna clave. Por ello, debe fijarse como prioridad de la gestión pública alcanzar que el mismo sea más integral e inclusivo.

—¿Considera que el aumento de la tarifa en sólo cuatro meses (como ocurrió con la última suba) alteró la relación entre usuarios y Estado?

—La definición de las tarifas tiene múltiples aristas, pero fundamentalmente hay que señalar que es política. En Rosario, la fórmula para determinar el importe del boleto único de pasajeros está definida por la Ordenanza Nº 7802 que establece la metodología para el cálculo del costo tarifario total por pasajero, que surge de dividir el costo total por kilómetro por la relación boletos vendidos por kilómetros recorridos. En función del importe arrojado se definen luego las tarifas para adecuarlas a variaciones en los precios de los distintos componentes de la ecuación económica del transporte. Es decir, se atiende al comportamiento de la oferta. Yo creo que el principal problema al abordar el sistema de transporte es limitar las discusiones a las tarifas ya que de esta forma se dejan de lado aspectos mucho más significativos para los usuarios y que hacen al servicio que reciben.

—¿Qué pasa con los subsidios? ¿Hasta qué punto se debe subsidiar un transporte que es promovido por empresas privadas?

—El sistema de transporte público de pasajeros es promovido por el Estado municipal y ejecutado por privados en algunos casos y por prestadores públicos por otro, en función a definiciones políticas en primer término y a procesos licitatorios de asignación de concesiones, en segundo. En idéntico sentido se presentan los subsidios que en el caso del transporte son otorgados a la oferta. Actualmente se está reviendo esta política a nivel nacional y se plantea la posibilidad de modificar el actual esquema y realizar una transición hacia uno de subsidio a la demanda; es decir, dejar de compensar a las operadoras para pasar a beneficiar directamente al usuario del servicio, y fue el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) la herramienta diseñada para llevar adelante esta transformación.

—¿Cuál es el sistema empleado para determinar las franquicias? ¿Ponen en riesgo la economía del sistema de transporte?

—No, claramente las franquicias en el sistema tal como está diseñado de determinación de tarifas son absorbidas por los demás usuarios del sistema. Existe una suerte de subsidios cruzados de una primera categoría de pasajeros a una segunda. En la primera se situarían aquellas personas que pagan la tarifa normal por un recorrido medio, mientras que en la segunda se ubicarían los estudiantes con medio boleto, las personas mayores de 69 años y discapacitados que cuentan con pases gratuitos, y los pasajeros que efectúan largos recorridos o viajes nocturnos. Con respecto a los porcentajes de participación, los franquiciados al 100 por ciento integran el 10 por ciento del total de pasajeros transportados mientras que con beneficios del 50 por ciento se registra alrededor del 5 por ciento del total.

—¿Qué opina sobre el desvío de recorrido que hacen algunas líneas durante la noche respecto de los sectores más conflictivos en materia de seguridad?

—Los cambios de recorridos afectan directamente el servicio prestado generando incertidumbre en los usuarios y reduciendo la efectividad del mismo; por ello, todo cambio en los recorridos deben encontrarse debidamente regulados por las autoridades y comunicadas a los potenciales pasajeros. En este sentido hay que destacar la necesidad de garantizar el acceso al transporte público para toda la población, a través de recorridos que cubran la totalidad de la geografía urbana.

—¿Qué aspectos deben mejorar para que sea un medio de transporte, realmente, al servicio de sus usuarios?

—Se debe apuntar a asegurar determinados aspectos de la ejecución de este servicio público de manera de mantener a los pasajeros encima de las unidades, y estimular a aquellos que utilizan el vehículo particular a cambiarlo por uno de tipo colectivo. Para ello, el Estado debe garantizar el mantenimiento de las prestaciones en términos de calidad, eficiencia y continuidad, a través de frecuencias que contemplen el tiempo de los usuarios destinado a los viajes por este medio.

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