El gobernador Antonio Bonfatti firmó el decreto de reglamentación de la norma que adhiere a la ley nacional Nº 26370 que regula la actividad del personal de control, admisión y permanencia en locales nocturnos, eventos y espectáculos públicos (en líneas generales, más conocidos como “patovicas”). Desde el gremio que agrupa a estos trabajadores remarcaron que la puesta en funcionamiento de la normativa en el territorio, reclamada por el sector desde 2008 y aprobada recién en 2010, representa un salto de calidad para no sólo fortalecer la actividad sino para avanzar en la profesionalización de sus afiliados.
La reglamentación de la ley provincial Nº 13205 dispone la creación de un registro único público que incluya a todas las personas habilitadas para oficiar de seguridad en los ingresos a boliches bailables y espectáculos públicos, así como compromete a sus empleadores a la comprobación de eventuales infracciones y, en caso de que la situación lo amerite, la aplicación de sanciones previstas en la misma norma.
La entrega de las habilitaciones a patovicas quedará a cargo de la Dirección Provincial de Autorizaciones, Registro y Control de Agencias Privadas de Vigilancia, Seguridad e Informaciones Particulares, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad, que además comprobará la correcta aplicación de la normativa y llevará una base de datos de todos los trabajadores y empleadores que sean sancionados con la pena de inhabilitación, para luego remitirlos al Registro Único Público Nacional, bajo la órbita del Ministerio del Interior de la Nación.
Conformidad en el sector
Desde el Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia (Sutcapra) reconocieron que la aplicación de la ley nacional en territorio santafesino “será una exigencia para que los mismos municipios exijan el blanqueo del personal”, uno de los principales reclamos impulsados desde hace años por el gremio.
“Ahora, todos los boliches de la provincia deben adecuarse a esta normativa. Queríamos que se reglamentara para que todos los trabajadores estuvieran reconocidos dentro de la actividad, ya que antes no había un gremio que los representara. A partir de su creación por fin tienen un convenio colectivo de trabajo digno de sus sueldos, tanto mensual como diario”, reconoció Juan Quinteros, delegado provincial del sindicato que representa a cerca de 3.500 trabajadores en toda la región.
Para el gremialista, la adhesión a la ley nacional representará “un complemento para todos los trabajadores que ahora pasarán a integrar un registro provincial”, aunque muchas ciudades como Venado Tuerto, Casilda, Cañada de Gómez, Armstrong o Las Parejas ya poseen, paralelamente, su propio régimen de inscripción. En este sentido, reconoció que le otorgará al sindicato mayores herramientas para la exigencia de blanqueo de personal.
Cuáles son los alcances de la normativa
La directora provincial de Seguridad Privada, Celina Muguruza, explicó los alcances de la adhesión a la ley nacional que regula la actividad de patovicas, que permitirá avanzar no sólo en el registro y control de quienes prestan los servicios de admisión y permanencia en espectáculos públicos sino también en la formación de personal.
“Esta formación deberá contemplar como contenidos mínimos los referidos a derechos humanos, nociones de derecho constitucional y penal, primeros auxilios, seguridad contra siniestros, técnicas de neutralización de agresiones físicas, entre otros”, enfatizó la funcionaria.
En ese sentido, reconoció que “para poder prestar servicios, los interesados deberán estar habilitados por la autoridad de aplicación, la que a tal fin expedirá una credencial identificatoria y un carné profesional”, previo cumplimiento de los requisitos legales, entre los que se encuentra la ausencia de antecedentes penales, la realización de un examen de aptitud psicológico y de los cursos de capacitación previstos en la ley.
“Desde 2008 que venimos peleando por esta normativa, a la que la provincia adhirió en 2010 pero que nunca reglamentó. Le damos la bienvenida porque estábamos a la deriva y ahora nos permitirá fortalecer la actividad y avanzar en la profesionalización”, agregó.
La ley exige además el cumplimiento de cursos de capacitación profesional obligatorios que serán dictados por instituciones educativas autorizadas a tal efecto por la autoridad de aplicación en base a la currícula que la norma determine.
En referencia a ello, Quinteros señaló: “Desde la creación de nuestro sindicato, en 2005, la actividad fue creciendo paulatinamente y dos de las cosas que logramos fue el convenio colectivo de trabajo y el curso de capacitación a nivel nacional con 240 horas cátedra para poder desempeñar la actividad, que posee diferentes escalafones salariales: controlador, controlador especializado y técnico. En el interior estamos ya avanzando con los cursos de controlador mientras que en Capital Federal ya se avanza con los de técnico”.
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