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Rumbo a junio

“El PRO no es un espacio de derecha”

El candidato a diputado provincial Roy López Molina rechazó ataques.


El concejal y primer candidato a diputado provincial del PRO, Roy López Molina, negó ayer que su fuerza sea de derecha, dijo que no es válido plantear la campaña en términos ideológicos y adelantó que, en caso de ganar las elecciones, Miguel Torres del Sel no privatizará las empresas públicas ni a bajará los salarios estatales.

De recorrida por la ciudad de Santa Fe, López Molina habló con los medios y defendió los acuerdos que hizo el PRO con sectores la UCR y el PJ: “Nosotros somos un espacio abierto que convive con radicales y peronistas”. Además, vaticinó que “muchos de los votantes de (Mario) Barletta nos van a acompañar porque no se sienten representados por el socialismo”.

El joven concejal rosarino, quien encabeza la lista de diputados del macrismo, enfrentará en las generales del 14 de junio a dos experimentados rivales: el gobernador Antonio Bonfatti (Frente Progresista) y el concejal y ex intendente Héctor Cavallero (Frente Justicialista para la Victoria). Para diferenciarse, López Molina señaló que “el PRO hace eje en la gestión política y no en las ideologías”.

“Nosotros ponemos en el centro la administración”, continuó. “Las ideologías están sobrevaloradas. No se puede pensar el siglo XXI con conceptos de la Revolución francesa. Un ejemplo concreto es lo que hicimos en Capital Federal con el Banco de la Ciudad. Todos aseguraban que lo íbamos a privatizar y hoy es uno de los bancos públicos claves, con una clara acción social”.

Como definición política, López Molina sintetizó: “El PRO no es un espacio de derecha. No venimos a despedir empleados públicos, a bajarle el sueldo a los docentes, ni a privatizar la EPE”.

El candidato del PRO dijo que uno de sus principales proyectos es la elección por parte de la Legislatura de los jefes policiales, hoy en potestad del Poder Ejecutivo. “Debería haber un acuerdo legislativo para nombrar a los jefe policiales. Entendemos que el jefe policial debe tener una aval y un respaldo político del cuerpo legislativo”.

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