Edición Impresa, Policiales

La ley y el orden

El policía al que todos le creen

Mató a un adolescente tras un robo; baleó a su ex mujer; golpeó a una vecina de la seccional donde trabaja, la metió presa y le siguió pegando. Además detuvo al marido de ésta. La última causa tuvo como víctimas de apremios a dos chicos. Está en libertad.


En octubre pasado, el robo de una cartera terminó con un chico de 17 años muerto de un tiro en el rostro. Quien gatilló fue un policía que según declaró, escuchó los gritos de la mujer asaltada desde el interior de su casa y salió solo, a bordo de un auto particular, a perseguir al ladrón. Cinco minutos más tarde, el efectivo que estaba fuera de servicios llamó desde el celular del menor recién fallecido al 911 para dar la noticia: “Tengo un caco abatido”. Los vecinos refutaron esa versión, sostuvieron que el pibe no se resistió y acusaron al policía de ejecutarlo. Pero esa no era la primera vez que el cabo primero César R., de 38 años, era señalado por delitos graves. Ni la última. Con ese hecho ya acumulaba sólo en 2015 media docena de denuncias por lesiones, abusos de armas de fuego y amenazas. Este año sumó al menos otras tres denuncias por apremios ilegales y por dispararle a su ex. Sin embargo, salió de Tribunales caminando bajo compromiso de internarse en una clínica psiquiátrica.

Dos de los últimos hechos que trascendieron tuvieron lugar hace dos semanas y en menos de 24 horas. Las denuncias fueron ventiladas a la misma hora en dos salas contiguas de los Tribunales provinciales. En una de las audiencias, dos hermanos de 17 y 22 años lo denunciaban por torturas físicas y psicológicas a los que aseguran fueron sometidos en el calabazo de la subcomisaría 22ª de Fisherton, donde el uniformado trabaja de sumariante. En la otra, el efectivo policial era imputado por dispararle en la pierna a su mujer frente a su domicilio de zona sudoeste. A esa última agresión la antecedían al menos tres denuncias de violencia de género radicadas por la mujer agredida. Sin embargo, César R. salió de tribunales con el resguardo de su madre y dos dictámenes de la jueza Irma Bilotta: Una orden de restricción al domicilio de su ex, y el compromiso a internarse al día siguiente, ya que el agente contaba con carpeta psiquiátrica abierta.

Presos torturados

El pasado 9 de abril, dos hermanos de 17 y 22 años fueron detenidos en la subcomisaría 22ª acusados de un fallido intento de robo por el que se le dio intervención al fiscal de Flagrancia en turno Patricio Serjal. Horas después, el menor recuperó la libertad y cuando llegó a su casa relató a sus padres los tormentos a los que había sido sometido en el calabozo, junto a su hermano, que continuaba detenido. Desesperados, los padres le contaron la situación al defensor público Mariano Buffarini, quien entrevistó en el penal de la seccional de zona oeste al joven apresado y pudo constatar que tenía golpes en todo el cuerpo, algunos con elementos punzantes y el yeso por una quebradura en el brazo, flojo y aplastado.

La situación derivó en un pedido de habeas corpus, al que dio lugar al traslado del joven a otra dependencia, y la apertura de una investigación penal contra el policía César R. por los delitos de apremios y torturas, además de una denuncia porque el acta de detención de los hermanos estaba “falseada”.

Mujer baleada

Mientras el juez Hernán Postma daba lugar al habeas corpus por los apremios, en una audiencia realizada en la sala contigua ese domingo 11 de abril; la jueza Irma Billotta resolvía en la causa por violencia de género que el funcionario policial (quien ya tenía denuncias de junio y agosto de 2015 por lesiones, abuso de armas y amenazas) vaya a una clínica psiquiátrica con la única restricción de no acercarse a su mujer.

El policía llegó en calidad de detenido a esa audiencia por disparar, desde su auto y con su arma reglamentaria, a la madre de sus hijos en la puerta de su domicilio de zona sudoeste. Por ese hecho, que ocurrió horas después de la denuncia de apremios, fue imputado de lesiones leves agravadas por el uso de arma de fuego.

Familia golpeada

Otro hecho que trascendió y que tiene como protagonista a un sumariante de la subcomisaría 22ª con igual nombre y apellido tuvo lugar los primeros días de febrero. La denuncia fue radicada por una mujer de 57 años quien relató que cerca de la medianoche del 2 de febrero salió a tender la ropa cuando unos siete policías le patearon el portón, en busca de objetos robados. La mujer, que estaba con su hija y su marido, les explicó que no tenía nada que ver y  los policías se fueron, a excepción de uno que se metió dentro de su precaria vivienda de zona oeste. La hija de la mujer, asustada, le preguntó qué hacía y recibió un culatazo en la cabeza y luego arremetió contra la dueña de casa a quien le pegó varios puñetazos en el rostro que le rompieron los lentes y la tumbaron al piso. Después se metió el marido, que le preguntó por qué les pegaba y también fue golpeado. En esos momentos, el policía fue retenido por sus compañeros que le decían “calmate, por qué te ponés así” y se lo llevaron. Pero la conmoción familia fue tal que la mujer quiso denunciar el atropello y acudió a la comisaría del barrio esa misma noche.

Pero todo fue peor. Por que al llegar a la subcomisaría 22ª fue recibida por el mismo uniformado que los había golpeado: “Qué hacés acá vieja de mierda”, fue lo primero que escuchó antes de ser esposada a la reja de una habitación de la seccional y recibir más golpes de puño en el rostro. Como las horas pasaban y la mujer no volvía a su casa, su marido fue a buscarla a la comisaría. Y su suerte fue aún peor.

Porque el hombre, además de recibir una paliza que denunció más tarde en Tribunales, fue imputado por encubrimiento y resistencia calificada a la autoridad (ya que el policía dijo que sufrió lesiones en un brazo) y quedó detenido. Mientras, su mujer recuperó la libertad a las seis de la mañana. Al día siguiente, el fiscal José Luis Caterina corroboró la versión del policía y pidió la prisión preventiva del hombre golpeado. La jueza Mónica Lamperti le denegó el pedido pero le ordenó presentarse semanalmente en la Oficina de Gestión Judicial.

Adolescente asesinado

El hecho más grave que tiene como protagonista al cabo primero César R. es la muerte de un menor de 17 años seguido a un hecho de robo, que investiga el fiscal de Homicidios Dolosos Florentino Malaponte. Ocurrió a mediados de octubre pasado en la zona sudoeste y cuenta con dos relatos diametralmente opuestos. El del policía, que habla de un enfrentamiento, y el de los vecinos, que aseguran que el menor, Jonatan Ojeda, no se resistió.

El uniformado relató que la mañana del 18 de octubre se encontraba en su domicilio cuando escuchó gritos en la calle. Y al salir, se encontró con un hombre que le dijo que acababan de robarle la cartera a su mujer dos muchachos a pie. Sin más, y con ropa de entrecasa, el efectivo salió en su auto particular a “detener” a los ladrones cuya apariencia le fue descripta. Minutos después, y a unas pocas cuadras de su casa, el policía llamó al 911 desde el celular de Ojeda, quien yacía sin vida con un tiro en el rostro, para avisar que tenía “un caco abatido”. Al pibe le secuestraron un revolver percutado y en la parte delantera del auto del policía encontraron un orificio de bala. Eso, y el llamado de la esposa del policía cuatro minutos antes para denunciar un robo al 911 resultaron “verídicos” para los pesquisas.

En diálogo con El Ciudadano, el fiscal Malaponte dijo que hay un llamado al 911 de la mujer del policía a las 7.10 de la mañana, donde avisa que hubo un robo y que su marido salió a perseguir a los asaltantes. Y que a las 7.14 entró el llamado del policía avisando del pibe “abatido”.

Consultado sobre versiones que contradicen el relato del enfrentamiento, Malaponte dijo que entre un llamado y otro hay solo cuatro minutos, lapso poco probable para “armar” una escena falsa a su criterio. Además, dijo que pese a haber atendido en varias oportunidades el reclamo de la familia del joven asesinado, quienes aseguran que el menor fue ejecutado, no hubo testigos directos que hayan declarado formalmente esa situación. Y resaltó que se secuestró la cartera robada.

El día del hecho, unas cincuenta personas enfurecidas desmintieron la existencia del enfrentamiento y denunciaron gatillo fácil. La efervescencia fue tal, que una gran cantidad de móviles policiales se tuvieron que ir del lugar apedreados, en tanto el fiscal ordenó custodia en la casa del uniformado que disparó.

Comentarios