El rey Midas regresa: el precio del barril de petróleo, por superar los 120 dólares, volvió a entronizar a Hugo Chávez. Así, desbordado en oro, otra vez el venezolano está lanzado en campaña, ahora para las presidenciales del año próximo, y con menos reparos que nunca en abrir su escarcela para “lo que guste mandar”, como es el caso de los últimos aumentos salariales que ampulosamente anunció esta semana: el 26,5 por ciento más en el sueldo mínimo (en dos etapas), entre 43 por ciento y 57 por ciento para funcionarios de nivel alto y medio de la administración pública central, el 40 por ciento para profesores, administrativos y obreros universitarios.
Un ajuste imperioso frente a la desbocada inflación, del 28 por ciento en 2010 (extraoficialmente, del 45 por ciento en alimentos), del 6 por ciento en el primer trimestre de este año y con estimaciones del 36 por ciento para todo 2011.
Pero, ¿alcanza este incremento salarial para aquietar las aguas trabajadoras? “Definitivamente no”, dice desde Caracas Froilán Barrios, secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores Venezolanos (CTV), la central que desde la huelga petrolera de 2002-2003 le hace frente a Chávez y que convocó para mañana, junto con Solidaridad Laboral (coalición sindical constituida en 2009) y Frente Autónomo para la Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess), una multitudinaria marcha en el centro de Caracas. “El aumento en el salario mínimo anunciado por Chávez va por detrás de la inflación, pero además dejó afuera a 7 millones de venezolanos, entre trabajadores informales y desempleados”, explica.
No serían los únicos dejados de lado. Se estima que de los 13 millones que conforman la fuerza laboral venezolana, seis millones trabajan en blanco, y de ellos sólo 1,5 millón está en la nómina del Estado central. A aquellos comprendidos en la administración pública de las gobernaciones y alcaldías (especialmente las gobernadas por opositores, claro), no les llegaría el aumento.
Peor aún, el “ninguneo” de Chávez hacia los estatales no centralizados es apenas uno de los costados de la llave Stilson con la que controla el flujo de caja hacia las gobernaciones “adversarias”, ya que una reciente ley de Contribuciones Especiales, que eleva del 50 por ciento al 80 por ciento la parte de los ingresos petroleros que van directamente al Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), no incluido en el presupuesto nacional ni mucho menos con obligación de rendición de cuentas, les quitaría más recursos todavía a esas gobernaciones y alcaldías no chavistas. Con el precio del barril actual se estima que le ingresan a Chávez 11.000 millones de dólares para derramar ad libitum en sueldos, proselitismo y clientelismo.
En cuanto al 26,5 por ciento otorgado por Chávez, llevará el salario mínimo a 1.548,22 bolívares (equivalente a 254 dólares). Pero la “cesta alimentaria” está en 2.863 y la cesta básica (incluye alimentos, más vivienda, educación y salud), en 6.577. “Este gobierno hace alharaca con que el salario mínimo de Venezuela es el mayor del continente y del mundo, pero nada dice de la inflación, la más alta del mundo, que nos come ese salario”, dice en conversación telefónica desde Puerto Ordaz José Luis Alcocer, economista y sindicalista coordinador del Movimiento Unidad Matancera en la planta de Sidor (ex Techint).
“Desde hace diez años que este gobierno viene desmantelando y prostituyendo al movimiento sindical”, prosigue Alcocer en diálogo con este diario y agrega: “Por eso la marcha del 1º de mayo es la tercera de este año en la que protestaremos unidos, en una nueva coalición para refundar el sindicalismo”.
El gobierno bolivariano atomizó las centrales sindicales fuertes, como la CTV y la trotskista Unión Nacional de Trabajadores (UNT), potenció la chavista Confederación Venezolana de Trabajadores (CVT) y creó la roja-rojita Fuerza Socialista Bolivariana de Trabajadores (FBT). “Chávez no sabe de revolución –agrega Alcocer–; somos nosotros los trabajadores los verdaderos revolucionarios que buscamos que nos devuelva lo que nos quitó: los derechos políticos del sindicalismo, la libertad de asociación sindical, el derecho a la protesta y a la agremiación, y la defensa de los contratos colectivos”.
“Los trabajadores ya se despertaron, ya se dieron cuenta de que quien se autoproclama «laborista y socialista» tiene una política de Estado apuntada a arrasar con las luchas y los logros laborales que habíamos conseguido en las seis décadas anteriores”, dice, a su vez, Barrios. Y continúa: “Desde hace seis años que tenemos suspendidos los contratos colectivos, nos militarizaron ahora las relaciones laborales con intervención de la Guardia Nacional, como sucede en Petrocasa (depende de PDVSA) y en la recientemente expropiada Owen Illinois, donde los obreros trabajan bajo orden cerrado”, denuncia Barrios.
“No hacemos política: un sindicalista no es de oposición ni progobierno, sino que defiende la libertad laboral”, agrega José Luis Alcocer. Se ve que así no lo entienden desde el lado de Chávez: los dirigentes sindicales bolivarianos chavistas Osvaldo Castillo y Franklin Rondón, junto con la FBT, la Universidad Bolivariana y la Unefa de las Fuerzas Armadas organizaron una “contramarcha” para mañana en Caracas. “Será una medición de fuerzas, entre chavistas y obreros independientes; los esperamos con tranquilidad”, sentencia Alcocer.
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