La fórmula es conocida, pero no por vieja deja de ser efectiva: cuando un país entra en zona de turbulencia económica, lo más recomendable para los gobernantes es tapar los baches con política de alta intensidad, en lugar de recurrir al lamento por la flaqueza de las arcas públicas.
Demás está decir que cualquier coincidencia con lo que sucede por estos días en la Argentina no es una mera casualidad. El debate sobre el voto desde los 16 años, enmarcado en el proyecto reeleccionista del oficialismo a nivel nacional, es uno de esos temas que sirven para dominar la agenda política.
Por eso la presidenta le dio aire ahora a la iniciativa y no un año y medio atrás, cuando un sector del kirhnerismo comenzó a pergeñar la idea. La polémica sobre la actividad de La Cámpora en las escuelas completa el cuadro y provoca la reacción de diversos sectores, lo que termina por alimentar el debate.
Sin ir más lejos, el presidente de la Comisión Episcopal de Educación, Héctor Aguer, denunció que la agrupación oficialista “intenta infiltrarse en las escuelas católicas”. Una acusación muy parecida ya había hecho el gobierno porteño y la Ciudad de Buenos Aires concluyó la semana con un paro docente de alto acatamiento.
Por debajo de estos “grandes temas” se escurren otros realmente importantes, como el aumento en dos tramos del 25 por ciento del salario mínimo, en un nivel que reconoce el proceso inflacionario. Y el drama cotidiano en que se convirtió viajar en tren por la región metropolitana, a bordo de un sistema peligroso y obsoleto.
Déficit y presión fiscal
La política de alta intensidad relega, como se hizo notar al comienzo de esta columna, a los temas de la economía que resultan incómodos. Para muestra sobra un botón: las cuentas públicas nacionales tuvieron en julio un déficit de 2.884,3 millones de pesos, una cifra que superó en casi 15 veces al mismo mes de 2011.
Ese déficit no resulta gratuito, claro está. Y se expresa en un retaceo de fondos a las provincias. En el final de la cadena, los que padecen la situación son los ciudadanos, que ven cómo con distintos argumentos les aumentan paulatinamente los impuestos.
Pasó esta semana en Chaco y antes había sucedido en Córdoba.
“En Buenos Aires no dialogan ni con los gobernadores que apoyan el modelo”, dijo el cordobés José Manuel de la Sota, en una escala porteña que le sirvió para acentuar sus diferencias con la Casa Rosada y empezar a mostrarse como una alternativa para aglutinar al peronismo no kirchnerista, que padece la falta de liderazgo.
Casi al mismo tiempo se registraba en el Congreso, en el salón Néstor Kirchner del tercer piso, una reunión de alto nivel del oficialismo, a juzgar por las presencias de Florencio Randazzo, Juan Manuel Abal Medina, Julián Domínguez, Agustín Rossi y Andrés Larroque, uno de los máximos jefes de La Cámpora, entre otros.
El kirchnerismo prepara una reorganización de sus fuerzas que se expresará en un acto previsto en La Plata, ciudad considerada por la presidenta como un puntal del proyecto político que comenzó en la década del 70 del siglo pasado y que se cristalizó en la primera del actual. Un proyecto que por ahora no tiene sucesor.
Los límites del mandato
Por eso se suceden los preparativos para impulsar la re-reelección y el gobierno viene dando señales concretas de que tiene la mira puesta más allá de 2015. Esta misma semana el CEO de YPF, Miguel Galuccio, presentó un plan director para la petrolera nacional que requerirá de grandes inversiones hasta 2017.
Se podrá pensar, con razón por cierto, que el sector petrolero necesita de una política de Estado que supere los límites de los mandatos presidenciales. Pero la verdad es que la historia reciente de la Argentina no ofrece demasiadas pruebas al respecto: al contrario, los mandatarios tuvieron una mirada cortoplacista.
Como la que se impone actualmente con las restricciones al mercado cambiario, que suma trabas _ingeniosas por lo rebuscadas_ y dificulta el desempeño de la economía, porque el intervencionismo ya no opera en las altas esferas sino que impregna la órbita individual y determina la toma de decisiones.
Seguramente nada de esto le dirán a la presidenta mañana los empresarios que se congregarán para celebrar el Día de la Industria en el predio de Tecnópolis, en un encuentro al que el gobierno sumó a cámaras tradicionalmente relegadas de la UIA, como la Came, la CGE y hasta las autoridades de La Salada.
Pero a la larga, ese silencio o las palabras dichas con edulcorante –como las que embretaron al sindicalista Gerardo Martínez cuando habló del valor del dólar en el Consejo del Salario– podrían ser perjudiciales para el propio gobierno, que corre el riesgo de quedar encerrado en una lógica unidireccional.
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