Candela Ramírez
—¿Por qué planteás que hay unos años 80 específicamente rosarinos, rasgos que distinguen a la ciudad de otras a nivel nacional?
—Rosario, por las propias características que tiene la ciudad, es uno de los núcleos más significativos que hay a nivel nacional. Lo mismo sucedía en la década de los 80, cuando disputaba el lugar de segunda ciudad con Córdoba. La presencia de Rosario en el escenario nacional es algo que tiene larga data pero en ese periodo de la transición entre el final de la dictadura y los inicios de la democracia, Rosario se convirtió en escenario de procesos de movilización social y política que tuvieron repercusión a escala local, provincial y también nacional.
Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la conflictividad del mundo del trabajo y los trabajadores. Rosario era en aquel momento un polo industrial importante.
Un mes antes de las elecciones de octubre de 1983 se produce en la Universidad Nacional de Rosario una huelga de hambre de aspirantes a ingresar a la universidad. En aquellos años la universidad tenía ingreso restringido, había que rendir examen y había cupos. No entraban todos aquellos que incluso habían rendido bien los exámenes de ingreso. Además la universidad estaba arancelada. La huelga de hambre tuvo un impacto muy significativo a escala nacional porque terminó con la renuncia del rector de la dictadura que había gobernado la UNR desde 1976.
Esta fue una expresión de la movilización de los sectores jóvenes y muestra cómo estaban transitando un proceso de democratización lento y dificultoso. Todavía eran los años de la dictadura.
Rosario se convirtió en una especie de vidriera cultural a nivel nacional. Lo que más se conoce tiene que ver con la música, el fenómeno de la Trova Rosarina, pero también se da el boom del teatro independiente que estaba en sintonía con lo que pasaba en otros grandes núcleos urbanos como Buenos Aires y Córdoba. Hubo toda una serie de experiencias artísticas, culturales, políticas y sociales que visibilizaron a Rosario en ese momento de fuerte conflictividad social y política.
Los primeros años de la democracia fueron un periodo de activación política y de efervescencia. Se hablaba mucho de la primavera democrática en aquellos años: gente en la calle, organizada o espontáneamente se movilizó y ocupó espacios urbanos.
—¿Cómo se desmontó el aparato represivo, cómo se dio esa transición de la Junta Militar al gobierno constitucional?
—No es una década homogénea, no puede ser pensada como monolítica. Hay unos primeros 80 dictatoriales y una segunda parte democrática. El primer punto de ruptura fue la fecha emblemática del 10 de diciembre de 1983 cuando asumió la presidencia Raúl Alfonsín y se terminó la dictadura militar.
Los 80 democráticos tienen sus propias modulaciones, su propia periodización. No es lo mismo el primer período entre el 83 y el 87 y los últimos años de la década del 80 en los que hay marcas más importantes que tienen que ver con la crisis económica y sus efectos, que termina en esa en esa situación tan conflictiva de 1989.
Lo primero que aparece de forma muy contundente es la retirada de las fuerzas armadas. No solamente del escenario político sino que pierden la centralidad que habían tenido en el ciclo de alternancia entre gobiernos civiles y militares como actores fundamentales a lo largo de casi todo el siglo XX, por lo menos desde 1930. Es el cierre de un ciclo.
Las Fuerzas Armadas dejan de tener injerencia en la seguridad interior. Este es un tema que volvió a la esfera política en estos días. En realidad lo que se produce a partir de la asunción del gobierno democrático es una subordinación del poder militar al poder civil. Desde 1983 en adelante el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la Nación y no un nombre del arma como había sucedido hasta ese momento. Eso implica un corrimiento político, quedan subordinadas al poder civil y dejan de tener injerencia en la represión interna, el mantenimiento del orden interno.
En todo este proceso hay que tener muy en cuenta qué pasa con las violaciones a los derechos humanos que se habían cometido en la dictadura y cómo el gobierno de Alfonsín avanza en toda una serie de políticas con el objetivo de investigar y penalizar muchos de esos crímenes.
En primer lugar con la creación de la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) en la primera semana del gobierno de Alfonsín y más adelante con el juicio a las juntas en 1985.
Pero esta primera etapa que pone a Argentina como caso pionero a nivel latinoamericano y global en términos de política estatales de investigación y penalización de crímenes cometidos por las fuerzas armadas va a tener un retroceso a partir de 1986 y 1987 con la puesta en marcha de lo que se conoce como leyes de impunidad. Primero la Ley de Punto Final y luego la Ley de Obediencia Debida, como una respuesta a los conflictos que el gobierno constitucional tiene con las fuerzas armadas y que se expresaron con los levantamientos carapintadas.
Habrá que evaluar si era lo correcto o no, si era lo posible o no. Yo creo que podrían haberse asumido otro tipo de caminos, pero el gobierno de Alfonsín intentó desactivar ese conflicto con las Fuerzas Armadas. Esto se completa con los indultos que implementa Menem a partir de 1990, todos los que habían sido condenados en el juicio a las juntas van a ser indultados y absueltos.
Si bien hay un corrimiento de las Fuerzas Armadas, no desaparece la represión sobre la conflictividad social. Las policías provinciales, la Policía Federal, la gendarmería, en distintos momentos intervienen llevando adelante procesos represivos frente a distintos episodios de conflictividad social. Las Fuerzas Armadas siguen teniendo alguna injerencia, nomás recordar el intento de copamiento del regimiento de La Tablada en enero del 89. O cuando se producen los saqueos en Rosario en mayo de 1989, la ciudad se militariza y hay presencia de las fuerzas armadas en el mantenimiento del orden interno. Los ochenta son complejos.
—¿Qué lugar ha tenido Rosario en la construcción de los ejes de memoria y verdad histórica acerca de lo ocurrido en dictadura?
—Junto con otros grandes núcleos urbanos del país, como Buenos Aires, La Plata y Córdoba, Rosario fue uno de los lugares donde la represión fue más intensa durante la dictadura. Sus efectos y la cantidad de víctimas son más visibles y resistentes. Entonces eso también explica el lugar que tiene a escala local la movilización por los derechos humanos, la búsqueda de verdad, justicia y memoria.
Es interesante porque Rosario es la primera ciudad del país en donde se crea un Museo de la Memoria. Mucho antes que Buenos Aires y otras grandes ciudades. Se debe al impulso de un grupo de ex presas y ex presos políticos que encontraron escucha y apoyo en algunos concejales de la ciudad que dio lugar a la creación del Museo en el ámbito de la municipalidad.
Los años 90 fueron un período en donde el problema de los derechos humanos no estaba en el debate público y político. Sí en los organismos de derechos humanos que tienen espacios bastante más acotados para plantear sus demandas. La política del ejecutivo nacional durante el menemismo fue olvido y reconciliación.
Entre mediados y fines de los 90 se dio una especie de inicio de un nuevo ciclo de memoria, primero con esa famosa declaración de Alfredo Scilingo cuando cuenta lo que hacían en los llamados vuelos de la muerte. Lo novedoso es que lo contaba alguien que había participado en esos crímenes.
En el 96 se cumple el 20 aniversario del golpe de Estado y hay una marcha muy importante. Finalmente unos años después del 2001, se declaró la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Luego se da el reinicio de los procesos judiciales que habían quedado interrumpidos.
En ese contexto se pone en funcionamiento el Museo de la Memoria. Con muchas dificultades porque no tiene asignación presupuestaria y funcionó durante bastante tiempo en las dependencias de la Secretaría de Cultura, en la Estación Rosario Norte. Después de muchos años de batallar se expropió la antigua sede del Comando del Segundo Cuerpo del Ejército en la esquina de Córdoba y Moreno, donde ahora está el Museo.
—¿Qué límite encontró la democracia o la construcción de memoria en este tiempo? Decís que en la discusión pública se volvió a poner el foco en cuál es el rol de las fuerzas armadas y de seguridad
—Otra vez la respuesta es compleja porque este es un país, una sociedad, que tiene poca memoria, entonces cada vez que aparece un tema en el debate público y político parece que apareciera por primera vez.
En Argentina no es que se niegan los crímenes cometidos por la dictadura sino que se los relativiza o se los equipara con aquellos cometidos por las organizaciones armadas de los años 70. Desconocen las enormes diferencias que hay en el ejercicio de la violencia cuando la realizan grupos insurgentes armados y cuando la lleva adelante el Estado con todo su aparato y recursos, sus Fuerzas Armadas y Policiales. Cuando se habla de crímenes de Estado, de lesa humanidad, la magnitud que tiene el ejercicio de la violencia desborda y supera lo que puede ser cualquier tipo de organización armada insurgente.
Pero más allá de esta cuestión que merecería un análisis un poco más profundo de mi parte y no quisiera que sonara superficial… La relativización de los crímenes cometidos por las fuerzas armadas en los años de la dictadura no es un tema nuevo.
En primer lugar, es lo que esgrimen las Fuerzas Armadas mientras están en el poder hasta 1983. El documento final que publican antes de las elecciones dice que no han sido delitos sino excesos cometidos en el marco de una guerra, que los desaparecidos han sido eliminados por sus propios compañeros de las organizaciones guerrilleras o que están en el exilio. Esto esgrimen cada vez que se sentaron en el banquillo de los acusados. También hay organizaciones de familiares de militares que los reivindican.
Estos discursos aparecen una y otra vez en el escenario político, sin embargo ahora aparecen en un contexto novedoso con el auge de los discursos de ultraderecha. El hecho de que el próximo presidente sea una persona enrolada en las filas de organizaciones políticas de ultraderecha da cuenta que el contexto no es el mismo.
Preocupa porque existe la posibilidad de que los enormes avances se vean interrumpidos y reemplazados por un discurso que asumiría el Estado de relativizar los crímenes y reivindicar el accionar de las fuerzas armadas en los años de la dictadura. Una cosa es cuando son minoritarios y otra es cuando funcionarios estatales lo asumen como parte de sus posicionamientos públicos, entonces la posibilidad de que se traduzcan en políticas de Estado es muy cierta.
—¿Estás de acuerdo con la idea de penalizar los discursos negacionistas? Los organismos de derechos humanos tienen posicionamientos diversos sobre este tema
—No estoy de acuerdo, me parece que no funcionan. Cuando los hechos están probados es como negar que la Tierra sea redonda. Cuando se niegan hechos probados nos encontramos con un problema de interpretación y con un posicionamiento político ideológico que hay que poner en debate. No penalizar.
Hay que revisar las estrategias de transmisión de lo sucedido, no porque haya faltado sino porque aquello que interpelaba a los jóvenes de los 80 o de los 90 ya no interpela a los jóvenes actuales. La dictadura quedó como parte de un pasado que interesa a poca gente. Aquello que pensamos que era parte de los consensos democráticos no es un piso tan firme.
*Historiadora / Profesora titular de Historia Latinoamericana Contemporánea en la UNR e investigadora principal del Conicet
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