El ministro de Seguridad santafesino, Rubén Rimoldi, y funcionarios de su equipo se presentaron en la Legislatura provincial para hablar sobre la ejecución del Fondo de Emergencia en Seguridad. Se trata de 3.300 millones de pesos destinados a atender el problema más grave de al menos la ciudad de Rosario. En ese sentido, el secretario de Coordinación Administrativa, Gustavo Bode, aseguró que se invirtió el 99,45% de los fondos de 2022 en Santa Fe, en tanto que para este año se pide que esa condición alcance a la totalidad del presupuesto en la materia. La presentación se realizó ante los integrantes de la Comisión Bicameral de Seguimiento. Allí respondió sobre los recursos y gastos del año pasado y sobre el proyecto del Ejecutivo para aprobar una nueva ley en este sentido para el período en curso.
El secretario presentó el informe en el que muestra cómo se usaron los 3.388.328.500 pesos de la ley de Emergencia 14.070. Esa cifra es la suma de los aportes de Rentas Generales del Tesoro Provincial (por 3 mil millones de pesos); y del 50 por ciento de los recursos percibidos por la Agencia Provincial de Seguridad Vial (332.801.483,88 pesos).
“La asignación de los fondos fue realizada en un 89% para la adquisición de bienes de uso, con el fin de fortalecer el equipamiento necesario para atender la seguridad pública y al sistema penitenciario; obteniendo como resultado un incremento del patrimonio de la Provincia”, señala el informe. “Es muy importante porque incrementa el capital de la Provincia –destacó Bode– y se destinó a la compra de camionetas, reparación de móviles y edificios”.
Sobre los 100 millones de pesos distribuidos a Unidades Regionales y sobre el que Tribunal de Cuentas hizo un llamado de atención, Bode justificó su uso como “partidas especiales” en la urgencia de “llegar de forma rápida y concreta a los problemas de la provincia”.
Otro tema polémico tiene que ver con los chalecos antibalas que se compraron el año pasado, pero nunca llegaron. Al respecto, Bode confirmó que está en trámite la baja de la licitación anterior por incumplimento de la empresa. Y aseguró que ya se concretó la compra por misma cantidad de unidades –5.500– con Fabricaciones Militares. Para fines de febrero van a llegar los primeros 1.500 chalecos. En cuanto al nuevo pedido de emergencia formulado para este año, consignó que no establece un monto determinado, sino que la aspiración es que esa condición (que permite flexibilizar y acelerar los procesos de disposición de recursos) se extienda a todo el presupuesto del Ministerio de Seguridad.
Después de la reunión, Rimoldi dijo a los medios que está en marcha la compra de inhibidores de celulares para los penales santafesinos, pero como se trata de una tecnología importada recién se estarán instalando en el mes de abril próximo.
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