Buzos italianos encontraron ayer nuevos cuerpos del barco naufragado cerca de la isla de Lampedusa, frente a las costas de Túnez, elevando a 181 los cadáveres rescatados de africanos que intentaban arribar irregularmente a territorio italiano.
De los 500 ocupantes que transportaba el barco hundido sólo pudieron ser rescatadas con vida 155 personas, entre ellas el traficante que los trasladaba en forma clandestina, por lo que se teme que el balance final de víctimas fatales ascienda hasta 300 o 360.
Se trata de una “tragedia” que no debe repetirse, tal como dijo la ministra de Integración del gobierno de Roma, la ítalo-congoleña Cecile Kyenge.
El barco había zarpado de Libia con medio millar de migrantes, en su mayoría eritreos y somalíes, y se hundió el jueves pasado tras declararse un incendio a bordo.
Entre 17.000 y 20.000 migrantes perecieron en su intento de cruzar el Mediterráneo en los últimos veinte años, según datos de varias ONG.
Las autoridades se plantean reflotar el barco, hundido a medio kilómetro de la costa y a 47 metros de profundidad, para continuar con la búsqueda de más fallecidos.
Antes de viajar a Lampedusa, la ministra Cecile Kyenge pidió que no haya “más tragedias como ésta”, y consideró que son necesarias políticas de “prevención”, anunciando que se triplicará el número de plazas en los centros italianos para inmigrantes, “de 8.000 a 24.000”.
Kyenge abogó por políticas de inmigración menos severas, pero su posición no cuenta con consenso en el gobierno de coalición de Enrico Letta, donde el ministro del Interior, que entiende en el área, es Angelino Alfano, miembro del partido de Silvio Berlusconi que endureció las reglas migratorias cuando fue primer ministro.
Kyenge explicó que “los flujos migratorios han cambiado”, y que ahora se trata más de refugiados que huyen de conflictos que de migrantes económicos. “Las leyes no pueden ser punitivas”, argumentó la funcionaria.
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