Franca Bonifazzi, Alejandro Castagno, Lucía Kaplan, Néstor Taborda, María Belén Vismara Alonso (*)
Pasaron cuatro años de aquel escenario de balotaje, pero para los trabajadores es como si se hubiese tratado de un eternidad; es que la vertiginosidad que caracteriza a esta nueva era también se materializó en la envergadura de un proyecto político conservador que, tal vez augurando lo que pasaría después, intentó y, en muchos aspectos logró, construir una nueva institucionalidad en torno al trabajo. Amparándose en un equilibrio natural que encuentra su fundamento en la ortodoxia económica, repudiando los avances sociales y políticos que caracterizaron a los gobiernos populares, pero sobre todo anteponiendo los intereses particulares de quienes integran y representan a este gobierno, el macrismo quiso torcer la balanza y poner “las cosas en su lugar”. Esta vocación se expresó en los constantes esfuerzos para que el trabajo deje de ser percibido como un ordenador social, una actividad ligada a protecciones y regulaciones estatales y se transforme en un costo más dentro de una cadena de producción. El correlato de esta mutación fueron los intentos por diluir la identidad trabajadora en una identidad emprendedora y que las personas asuman que tener un trabajo es una situación contingente. A continuación se describen las estrategias empleadas por Cambiemos para recrear un clima social de acecho a los trabajadores, los derechos conquistados, y en última instancia, sobre el trabajo mismo.
La construcción de un nuevo sentido común sobre el trabajo
En el primer borrador del proyecto de Reforma Laboral –que quedó fuera de discusión por el rechazo sindical y la ferviente oposición que despertó la reforma previsional–, se encuentra la primera clave para comprender la ambición de Cambiemos de forjar una nueva forma de concebir al trabajo y al sujeto trabajador. Mientras que en la Ley de Contrato de Trabajo, se articula una definición de la relación laboral que reconoce como intrínseco el carácter asimétrico y desigual de este vínculo, el artículo 39 del proyecto de reforma proponía entender los términos de esta relación en función de “la necesidad de cooperación entre las partes para promover esa productividad creadora, constituye un valor social compartido, generador de derechos y deberes recíprocos, y una regla esencial de ejecución del contrato” (Proyecto de Reforma Laboral, 2017). Este tipo de consideraciones expresan la pretensión neoliberal de, por un lado, desdibujar la arbitrariedad subyacente a la relación capital y trabajo, y, por otro lado, sintetizaba la voluntad de Cambiemos de reemplazar su conflictividad constitutiva por un vínculo de cooperación que supone la igualdad entre las partes, en un contexto social donde los reclamos sindicales iban en aumento.
Los proyectos de reforma laboral se dieron en un contexto de deterioro de las condiciones de vida por las consecuencias de una política económica de desindustrialización y cierres de empresas y fábricas, en este escenario, y como parte de la misma estrategia de neutralizar la protesta social, el gobierno nacional decide implementar el “Protocolo Bullrich”, que posibilita a las fuerzas policiales el uso de arma de fuego en aquellos casos –no especificados– que se consideren necesarios.
Las iniciativas legislativas que le siguieron al intento de reforma laboral fueron la presentación en el Congreso de distintos proyectos de ley, con una clara orientación neoliberal que avanzaban sobre los derechos de los trabajadores (tercerización, flexibilización, precarización) y reducían costos laborales (baja de contribuciones patronales, indemnizaciones y juicios). Uno de los proyectos estipulaba que los empresarios que registren trabajadores serían beneficiados con la extinción de la acción penal y liberación de las infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza; es decir, se les daría de baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales. Y el trabajador que fuera blanqueado, renunciaría a “toda acción y derecho” contra su empleador por las condiciones precedentes. Otra de las iniciativas, se denominó “Capacitación Laboral Continua” (Proyecto de Ley N°1380/18, 2018) y, entre otras cosas, tenía como objetivo difundir un “Sistema de Prácticas Formativas” para estudiantes mayores de 18 años, que a cambio de su trabajo percibirán, no un sueldo, sino un “estímulo”, es decir, un pago no remunerativo. Estas reformas tampoco lograron generar los consensos necesarios para discutirse en el Congreso, pero lejos de significar una derrota, para Cambiemos este escenario sólo fue un traspié que le impidió institucionalizar a partir de la legislación, lo que ya venía sucediendo en algunos sectores. Nos referimos a una tercera vía que implicó la convalidación y, en muchos casos, la imposición de nuevos convenios colectivos de trabajo en actividades paradigmáticas donde se incorporaron cláusulas orientadas a disminuir los salarios, flexibilizar las condiciones de trabajo y la pérdida de beneficios laborales en pos de lograr mayor “productividad”. La modificación del convenio colectivo de trabajo del sector petrolero durante 2017 operó en este sentido y se convirtió en el caso testigo de esta estrategia. La apuesta de Cambiemos fue extender esta“modernización de las relaciones laborales” a otros sectores, y si bien la estrategia no se reprodujo de un modo automático y lineal, sí se replicó su sentido, es decir la introducción de “medidas innovadoras” que contemplaban demandas del sector empresarial para reducir costos y flexibilizar las condiciones de trabajo.
La panacea del macrismo: el sujeto emprendedor
Otro componente de acecho en la estrategia de Cambiemos fue su intención de reconstruir la figura del trabajador bajo los parámetros del sujeto liberal: un individuo que se torna “empresario de sí mismo” al invertir en sus capacidades para incrementarlas y mejorarlas, procurando maximizar sus retribuciones. El fomento y la instalación de la figura del emprendedor como nuevo sujeto económico fue el correlato de esta férrea convicción del gobierno en su intento de individualizar las relaciones sociales y reducirlas a un conjunto de contratos individuales entre iguales. Las implicancias de este modelo no sólo radican en encubrir una relación laboral que se da de hecho, sino también en tirar por la borda las formas de mediación democrática que reconocen representatividad y legitimidad a los diversos actores que componen el mundo del trabajo y la producción (sindicatos, gremios, asociaciones empresarias, cámaras). En marzo de 2017, el macrismo impulsó la ley 27.349 de “Apoyo al Capital Emprendedor”; de esta forma se creó el marco institucional para la instalación de numerosas empresas de plataforma –Uber, PedidosYa, Rappi, Glovo– que convocaron a emprendedores, microempresarios, monotributistas a desarrollar un trabajo bajo parámetros laborales de flexibilización y precariedad. Los responsables de estas plataformas se niegan a reconocer la relación laboral existente, pero al momento de garantizar la satisfacción del consumidor y la continuidad del negocio, poseen mecanismos de evaluación del servicio y de sanciones para el trabajador que devela la fantasía de creer que de lo que se trata es de un vínculo entre iguales. El cambio que quiso promover Cambiemos, ya sea en uno u otro sentido, tuvo una clara direccionalidad y sentido: deslaborizar y descolectivizar las relaciones de trabajo, socavando la incidencia de los sindicatos en la negociación y desarmar la institucionalidad de protección social construida a lo largo de la historia de nuestro país.
Se podría afirmar que la construcción de una nueva forma de concebir al trabajo se materializó en dos planos: en el legislativo, donde Cambiemos tuvo las mayores dificultades para avanzar, y en el plano concreto, el de la vida cotidiana, donde el cierre de fábricas, las pérdidas de puestos de trabajo, el aumento de las tarifas, las negociaciones focalizadas con aliados de la gestión y la criminalización de los sindicatos y sus representantes “díscolos”, condujeron a socavar la capacidad de regulación e incidencia de las instituciones que cristalizan derechos laborales históricamente adquiridos.
Rosario en clave amarilla: cierres, desempleo y resistencias
La política económica de Cambiemos ha sido calificada como de “industricidio”, apoyándose en datos escandalosos como el total de 20 mil empresas cerradas en los últimos 4 años (Centro de Economía Política Argentina), una realidad que no se vivía desde la fatídica época de la crisis 2001/2002. Esta situación apremiante tuvo su correlato en la “criminalización de la protesta”. Según el Observatorio de Derecho Social de la CTA, a fines de este año la actual gestión detuvo un manifestante por día, acumulando un total de 1452 personas. De este número nos interesa destacar que el 53% corresponden a detenidos en manifestaciones por demandas relacionadas al trabajo (movilizaciones contra la reforma laboral y previsional, despidos, reclamos de trabajadores de la economía popular por mejoras en montos de programas). Por lo que no sólo hablamos de criminalización de la protesta, sino de un accionar de disciplinamiento hacia los trabajadores y el movimiento obrero organizado para evitar la disputa en las calles por mejores condiciones laborales y puestos de trabajo. En Santa Fe el desenlace fue similar al del resto de las provincias, con el agravante de que los indicadores sociales y económicos muestran para esta región mayores señales de deterioro. Situándonos en la realidad laboral del Gran Rosario, comprobamos que en el primer trimestre de 2019 la tasa de desocupación se encontraba en un valor de 11,7% por encima de la nacional, de 10,6%. Con este dato, tenemos que llamar la atención sobre uno de los grupos de mayor vulnerabilidad, como lo son las mujeres, contando con una tasa de 12,8% en comparación a los hombres, de un 11%. (Ipec-Instituto Provincial de Estadística y Censos). Otro dato que alarmante lo socializó la Unión Obrera Metalúrgica cuando expuso que durante 2019 se perdieron 600 puestos de trabajo y quedaron comprometidos 5400 por procedimientos preventivos de crisis o adecuación horaria. Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, según la Encuesta Nacional de Estructura Social, se presentan como las provincias más desiguales, manteniendo elevados índices de informalidad laboral –en 2015 por encima del 34%–, que se profundizaron en los tiempos de Cambiemos en el gobierno. A estos datos se suman los de los grupos más desprotegidos: los jóvenes que duplican las tasas de desempleo y las mujeres que se encuentran en peores condiciones de contratación, padeciendo la brecha salarial de género y la carga de absorber mayoritariamente el trabajo no pago de las tareas de cuidado y del hogar. Cabe preguntarse por qué el proyecto de Cambiemos no logró completarse. Sin dudas en nuestra memoria histórica aún persisten otros legados en torno al trabajo, y fueron como siempre las organizaciones de trabajadores formales e informales quienes se hicieron cargo del mismo y disputaron el sentido del trabajo en nuestra sociedad. No resulta fácil desterrar de nuestra historia al trabajo como “símbolo”, como principio ordenador fundamental que materializó la posibilidad de inclusión de grandes porciones antes excluidas de la vida democrática, que fundó una estructura sindical ejemplar a nivel regional, y se transmite como cultura del trabajo y derechos de les trabajadores. Estos fueron los sentidos que operaron como un límite a una propuesta conservadora que nuevamente buscó desconocer nuestra historia apelando a las banderas de la modernización y el progreso, descuidando la posibilidad de enarbolar un proyecto autónomo de vida en una comunidad que se realiza.
Flexibilizar para cercenar derechos
El mundo del trabajo se reconfigura en una trama que expresa tensiones y disputas, tanto de sentido como materiales. Este proceso se inicia hace ya algunas décadas atrás bajo el auge de la globalización, en un contexto de ascenso del neoliberalismo como sistema civilizatorio. Es fundamental comprender la lógica del discurso dominante sobre la naturaleza del trabajo para promover un proyecto autónomo. En las sociedades primitivas el trabajo tal como lo conocemos hoy no existió debido a la ausencia de un sistema de intercambio económico y mercantil; la estructuración y el orden social estaban sustentados en otro tipo de lazos, sociales, de parentesco, simbólicos o de relación con la naturaleza. Definido, por la lógica y el espíritu de la modernidad, y las relaciones sociales de producción del capitalismo industrial, el trabajo fue el fundamento de orden social del siglo XX, sobre todo desde la segunda posguerra, hasta la emergencia del paradigma neoliberal. Asistimos hoy a una verdadera transformación del mundo del trabajo, que ocurre por factores sociales, económicos, culturales y políticos. Los discursos globales hacen foco fundamentalmente en el factor tecnológico, imponiendo una sensación de “temor ante el desempleo tecnológico” que todas y todos quienes trabajamos deberíamos asumir. A nuestro entender estos discursos de circulación global esconden la intención de flexibilizar las condiciones de trabajo para cercenar derechos adquiridos durante años. Para introducir el tema nos parece necesario realizar una breve reseña de algunas posturas vigentes, basadas en un trabajo de 2018 de Marta Novick, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
(*) Cedet-Centro de Estudios Territoriales y Cátedra Libre del Trabajo-Facultad de CCPP y RRII
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