El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, fue procesado ayer por “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, a raíz de haber multado a una consultora privada que midió los índices de precios al consumidor en forma paralela a los que arroja el Indec.
Fuentes judiciales informaron que el magistrado en la misma resolución procesó al director Nacional de Comercio Interior, Fernando Carro; y al director nacional de Lealtad comercial, Adalberto Rotella, mientras que sobreseyó a Guillermo David, funcionario de esa misma dependencia.
“Se confirmará la libertad provisional de los encartados, temperamento que es justamente el que fuera adoptado en autos en todo momento, ya que no se da ninguno de los dos supuestos que autorizan a dictar la prisión preventiva”, aclaró Bonadío, quien impuso sobre los procesados un embargo de 50 mil pesos.
Bonadío, a su vez, a raíz de comparativos que estableció entre los índices de precios evaluados por la consultora Finsoport y por los que calculan varias provincias, sostuvo que los privados “hallan correlato con la realidad, extremo que a la luz de la información colectada es indiscutible”.
“Queda claro que la supuesta falta de seriedad técnica o de la cantidad de medios utilizados por las consultoras en general y de Finsoport SA en particular, de cara a la obtención del IPC –o aún su deliberada falsedad– se diluye ante lo concreto de la similitud de los guarismos inflacionarios comparados, los cuales no pueden suponerse obtenidos mediante un proceso de simple adivinación sino con una técnica que, a la luz de sus resultados, permitió arribar a la paridad de resultados estadísticos antes establecida, aún teniendo en cuenta la necesaria diferencia de infraestructura que media entre una consultora privada y un ente público”, añadió el juez.
La causa se inició tras una denuncia hecha por el economista Jorge Todesca, como presidente de Finsoport Economía y Finanzas, quien aseguró que fue víctima su empresa de “una ilegítima e ilegal sanción pecuniaria, pretendiendo con ello disfrazar lo que consideraban la ejecución de un delito por un lado, y por el otro intentando acallar toda voz profesional que difiriera con los intereses políticos de los funcionarios denunciados”.
Para Bonadío “los funcionarios excedieron las facultades de las cuales disponían, sin cortapisa de ningún tipo en cuanto al objetivo procurado, que no era otro que silenciar a Finsoport de publicar índices que elaboraban, ni mesura alguna en cuanto al medio elegido”.
La denuncia fue realizada el 11 de marzo de 2011 tras una sanción de 500 mil pesos de multa que se le fijó a Finsoport tras haber dado a conocer los índices de precios, tras lo cual el denunciante aseguró que esas acciones “importaron pretender obturar la labor profesional de los expertos de las ciencias económicas a fin de intentar intimidarlos de modo tal que no difundieran ningún informe micro, macroeconómico o de ninguna índole que difiriera de los que proporciona el gobierno central”.
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