Fuente: AireDigital
El anuncio realizado este lunes de la estatización y posible expropiación de la empresa agroexportadora Vicentin por parte del gobierno nacional cayó “como un baldazo de agua fría” en la ciudad santafesina de Avellaneda, según expresó el intendente de esa localidad del norte de la provincia. El mandatario de la localidad lindera a Reconquista aseguró que hay “un montón de alternativas” para salvar la cerealera que adeuda más de 1.350 millones de dólares. Además, adelantó que peleará por la no expropiación, decisión que quedará en manos del Congreso nacional.
El presidente Alberto Fernández anunció este lunes por la tarde en la Casa Rosada la designación de Gabriel Delgado como interventor de Vicentin y adelantó que enviará al Congreso nacional un proyecto de ley para avanzar con la expropiación de la empresa que nació en el norte de la provincia de Santa Fe.
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Las repercusiones no tardaron en llegar, tanto desde la esfera política como santafesina en general.
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El intendente de Avellaneda, Dionosio Scarpín, se mostró sorprendido “para mal” con la noticia, además de sentir “mucha bronca y angustia”.
“Hablar de Vicentin es hablar de una empresa familiar de la provincia que ha crecido de la nada. No estamos hablando de una multinacional extranjera”, argumentó el mandatario del Frente Progresista Cívico y Social sobre la firma que tiene una fuerte inserción industrial tanto en Avellaneda como en Reconquista y la región.
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Vicentin genera el 30% del flujo económico de Avellaneda y para el municipio significa el 35% del total de la recaudación en materia de Derecho de Registro e Inspección.
“Es una parte muy importante de la economía. Vicentin junto a otras empresas fomentaron el desarrollo de toda una región”, expresó Scarpín.
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Según detalló el presidente Fernández, la empresa agroexportadora comenzará a ser gestionada por YPF Agro SA y declarada de utilidad pública en el proyecto de ley que se enviará al Congreso de la Nación. Pero estas medidas son innecesarias para el intendente del norte provincial al entender que “puede haber un montón de alternativas para rescatar una empresa” antes que la expropiación. “En un país que está en crisis, que una empresa tenga problemas no debería extrañarle a nadie”, opinó Scarpín.
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En diciembre del año pasado, la agroexportadora se declaró en cesación de pagos al no poder hacer frente a una deuda de U$S 1.350 millones con las entidades financieras –sobre todo el Banco Nación–, cooperativas, productores y correacopios.
Desde ese momento, tambaleó la preservación de 4.000 fuentes de trabajo. Para el mandatario de Avellaneda, la situación económica de la empresa es problemática pero “normal”.
“La deuda se paga con trabajo y por eso hay un concurso de acreedores. Es un proceso normal, habitual” y consignó que con la decisión del gobierno nacional “están robando parte de una historia, sacrificio y esfuerzo”.
“La parte más dura es la expropiación y seguramente la pelearemos para tratar de que no se haga”, concluyó Scarpín.
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