El expediente del concurso preventivo de la agroexportadora Vicentin volvió al juzgado civil y comercial de la ciudad de Reconquista, a cargo de Fabián Lorenzini, quien deberá resolver en los próximos días si da curso o no a la propuesta de acuerdo con acreedores presentada por la empresa, informaron hoy fuentes judiciales.
Tras estar casi ocho meses en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, quien trató y rechazó un planteo de “avocación” al caso, el máximo tribunal provincial devolvió ayer el expediente al juez del concurso.
Desde junio del año pasado el concurso estuvo bajo tratamiento de la Corte santafesina ante un planteo realizado por un acreedor, Commodities SA, que pidió su intervención mediante la avocación, un instituto similar al del per saltum que permite “saltearse” instancias judiciales intermedias cuando se cumplen determinados supuestos.
El 30 de noviembre pasado la Corte rechazó el planteo, pero el expediente quedó en el máximo tribunal ante una presentación de Vicentin para que Commodities SA se hiciera cargo de las costas de ese incidente procesal.
Finalmente, la Corte envió ayer el expediente al juez Lorenzini, a quien en el fallo del 30 de noviembre le realizó una serie de recomendaciones sobre su proceder.
Una de ellas, contenida en dos votos de la resolución, le señala que debe actuar con “respeto de los deberes procesales de buena fe y probidad”.
Según explicaron a Télam fuentes judiciales, a partir de la recepción del expediente el juez Lorenzini deberá resolver la propuesta de pago efectuada por Vicentin a sus acreedores, que según la empresa cumple con las mayorías de capital y de personas exigidas por la ley.
La agroexportadora que se declaró en cesación de pago a fines de 2019 acumuló un pasivo de U$s1.500 millones, y la propuesta de acuerdo presentada al juzgado supone una quita de 80% para algunos acreedores.
La propuesta no contempla al principal acreedor, el Banco de la Nación Argentina (BNA).
Según señaló el acreedor Commodities SA en el planteo de avocación a la Corte, la propuesta de Vicentin incluyó la venta del 33% de acciones que aún conserva en Renova (planta en la es socia de la multinacional Glencore), cuando existían dos medidas cautelares dictadas por la Justicia Penal de Rosario, en causas por estafas, que impedían la operación sobre los bienes de la concursada.
Los mismos voceros añadieron que tras analizar las conformidades, el juez de causa contará con un plazo de tres días hábiles para dictar una resolución haciendo saber de la existencia del acuerdo preventivo.
A partir de ese paso procesal, sobreviene un plazo para impugnaciones y, finalmente, la homologación del acuerdo o su rechazo.
En el último caso, la Ley de Quiebras y Concursos habilita la posibilidad del denominado “salvataje”, un procedimiento que ante la falta de acuerdo permite al juez darla a otros acreedores o terceros interesados la posibilidad de presentar una propuesta de acuerdo a los acreedores.
El BNA y otros acreedores hicieron saber públicamente que estaban interesados en explorar ese camino, para evitar el “desguace” de Vicentin, que llegó a ser la principal agroexportadora argentina de capitales nacionales.
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