Luego de renunciar como fiscal regional de Rosario tras la denuncia de un empresario por coimas y antes de enfrentar la audiencia imputativa que lo tendrá como acusado en el inicio de la próxima semana, Patricio Serjal sostuvo públicamente su inocencia, anticipó que se someterá a la Justicia y se dijo víctima de una operación política en su contra: “Explotó una cuestión de desprestigio sin fundamento jurídico”, se sacudió las acusaciones que precipitaron su salida del Poder Judicial.
Serjal habló con periodistas de Telenoche Rosario y ante ellos pareció deslizar que el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, le bajó el pulgar: “Cuatro días antes que salga a la luz la primera acusación se me pide la renuncia. Lo hizo el fiscal general”, apuntó el ex funcionario.
“Cuando renuncio como fiscal regional pido perder la inmunidad y me puse a disposición de la investigación. Pedí que vengan a buscar el teléfono, vinieron a mi casa y no encontraron nada”, sostuvo Serjal.
El ex fiscal regional aparece acusado por un empresario del juego, Leonardo Peiti, quien tiene negocios legítimos en otras provincias y supuestos emprendimientos clandestinos en Santa Fe, en una compleja red que roza bandas criminales como Los Monos y a un sector de la Policía, con retirados que conservan influencias y agentes en actividad, según sospechan los investigadores.
La madeja empezó a ser desenredada a partir del asesinato de Enrique Encino, un apostador que había salido a fumar a uno de los balcones del City Center y un balazo le perforó la cabeza en enero pasado. El tiro había sido un atentado organizado para amedrentar y cobrar “protección”, una práctica que ya tenía un tendal de víctimas. La investigación del ataque llevó a un lugarteniente de Los Monos, de ahí a una banda vinculada, y de ahí a la Justicia: empezaron a detectarse comunicaciones y la investigación apunta a un pago de protección, pero esta vez a la inversa: de las bandas hacia los funcionarios.
El fiscal Gustavo Ponce Asahad apareció comprometido en la en la investigación: fue imputado y quedó en prisión preventiva por 90 días. El vínculo hacia abajo es un empleado de Fiscalía, Nelson Ugolini, a quien se le fijó una fianza de 4.982 dólares, dinero secuestrado en un allanamiento a su vivienda. Y fue excarcelado.
Hacia arriba el vínculo que apareció –y no se pudo mantener bajo reserva sino que explotó en escándalo– era Serjal. “Les pedí que revisen mi casa y no encontraron nada”, dijo el ex funcionario judicial. Y ratificó: “No lo conozco a Peiti, no le di protección porque nunca intervine en una causa que lo tenga involucrado a este señor”, sostuvo Serjal.
También Ponce Asahad negó por completo todo vínculo con el empresario: en su caso no presentó la renuncia, algo que sí hizo Serjal. Y este último también apareció sospechado –al menos a niveles de ética profesional– al adquirir, el año pasado, dos vehículos en una agencia de autos cuyo propietario acababa de ser sobreseído. En ese escenario, Baclini, el jefe de los fiscales, dictaminó que se apartara de esa causa y pidió a la comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa que evaluara su desempeño.
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