“En causas donde, paradojalmente, la victimización proviene del propio Estado, con participación de miembros de fuerzas de seguridad, la gran herramienta ha sido el avance de la biogenética, más la persistencia de las Abuelas, que han recorrido un camino sin pausa en busca del esclarecimiento de delitos tan aberrantes”, señaló Ana María Careaga, coordinadora de los grupos que colaboran con la Justicia en los procedimientos de obtención de ADN para el esclarecimiento de los delitos de apropiación de menores durante la dictadura militar.
A cargo del Grupo Especial de Asistencia Judicial (Geaj) desde fines de 2010, perteneciente al Ministerio de Seguridad, la funcionaria, resaltó también los fallos de la Corte Suprema de Justicia que “marcan la posibilidad de extracción de material genético por métodos alternativos”.
“La gran meta es trabajar prolijamente de acuerdo a las normas y al Código de Procedimientos, siempre tratando de evitar la revictimización de las víctimas y el uso innecesario de la fuerza pública”, manifestó Careaga.
El radio de acción del Geaj es intervenir en las causas que requieran los jueces federales de todo el país que investigan delitos de sustracción de menores, retención indebida, falsificación de documentos y supresión de identidad, originadas entre 1976 y 1983.
En el marco de políticas públicas, y puntualmente en materia de derechos humanos, Careaga sostuvo que la creación del Grupo “fue la culminación de un proceso”, que incluye medidas creadas por el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, en la búsqueda de verdad y justicia.
“Nuestro objetivo está puesto en depurar, pulir errores y evitar irregularidades que llevan a nulidades procesales, como en el caso Noble-Herrera”, indicó Careaga al referirse a juicio por la identidad de los hijos adoptivos de la dueña del grupo Clarín.
Para la ex jueza en el fuero criminal, los 10 años de dilaciones que impidieron que Marcela y Felipe Noble Herrera se sometieran a entregar muestras de ADN conforme a la ley, fueron clave para que el gobierno nacional tomara la determinación de crear un cuerpo interfuerzas.
“Creíamos que íbamos a tener participación en ese caso tan paradigmático, por la relevancia de las personas y la entidad económica del Grupo Clarín, pero como cambiaron la estrategia y accedieron voluntariamente, sólo fue necesaria una protección perimetral del Hospital Durand por efectivos de Gendarmería, el día de la extracción de muestras”, afirmó.
El Geaj está integrado por unos 60 miembros de fuerzas de la Gendarmería, Policía Federal, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria, capacitados por el Ministerio de Seguridad, con el aporte del Banco Nacional de Datos Genéticos, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, el Ministerio Público Fiscal, la Defensoría del Pueblo y la acusación.
“El personal seleccionado en base a sus legajos, integra el grupo en forma voluntaria”, aclara la funcionaria después de señalar que cada equipo se conforma con cinco personas “no en forma fija, por el cuidado de que no pertenezca a la fuerza que está involucrada” en la investigación judicial.
Careaga participa y actúa personalmente en las causas y se muestra satisfecha por “el resultado satisfactorio de cada intervención” y por haber podido amalgamar a lo largo de su carrera judicial en el fuero penal, la esfera de los derechos humanos “porque ambas tienen que ver con el alma humana, el psiquismo, la sensibilidad y el dolor”.
Sobre la actuación específica del Geaj, el juez actuante es el que decide qué tipo de participación requerirá, incluso si prescinde de él, aunque Careaga propuso la reforma al Código de Procedimientos para que no sea una instancia voluntaria, sino obligatoria.
“Nos han solicitado elaborar el perfil de las víctimas a través de la Dirección de Derechos Humanos, notificarlas, participar en los procesos de allanamientos secuestros y requisas, siempre preservando su intimidad, e incluso hemos sido parte del diálogo con ellas para persuadirlas de colaborar voluntariamente”, explicó.
También señaló que en algunas oportunidades debieron “estar expectantes” al momento en que el juez actuante considere necesaria su intervención, o prever la conformación de varios grupos de actuación para diferentes escenarios alternativos, como tener presencia en el juzgado interviniente, en el domicilio real de la víctima o en laboral.
“Son causas muy delicadas, con jueces con distintos criterios, donde por un lado se impone el cumplimiento de las obligaciones del Estado sobre convenciones, tratados y normas internacionales, por otro, la persona que ya ha sido victimizada al privarse de su identidad, y el derecho de los familiares que quieren saber si son sus familiares biológicos”, subrayó Careaga.
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