A casi un año del 6 de agosto, Graciela Argüelles vuelve a caminar las inmediaciones de Salta y Oroño. La fiscal al frente de la investigación por las causas y responsables de la explosión que se llevó 22 vidas, produjo heridos y daños materiales sigue percibiendo olor a humo, como ese ligado al hollín de una chimenea. A horas del aniversario, recuerda junto a El Ciudadano el proceso judicial que sigue buscando desentrañar cómo una pérdida de gas en un complejo de edificios se transformó en la peor tragedia no natural de la historia de Rosario, y cómo múltiples factores y acciones humanas hicieron posible semejante desastre.
Tres jueces, peritos cuestionados, gritos e insultos de familiares de víctimas a funcionarios judiciales, 25 querellantes y la presión social, entre políticos y medios de comunicación, por los avances de una investigación que todavía no llega a juicio. Para Argüelles este aniversario no traerá más novedades de las ya conocidas. Y más, calcula que falta al menos un mes para conocer qué decisión tomará la Cámara Penal sobre un recurso de inconstitucionalidad planteado por los abogados de los 11 procesados por estrago culposo agravado. Figura cuya pena puede llegar a 5 años de prisión. Recién entonces se definirá el destino de los tres gasistas, cinco trabajadores de Litoral Gas y tres miembros de la administración del edificio, hoy en libertad y con embargo sobre sus bienes, según confirmó la jueza de Instrucción 10ª, Irma Billotta.
—A un año de la explosión, ¿cuál es el estado de la causa?
—La última medidas pedida por la Fiscalía fue el procesamiento de los imputados. Está en la Cámara Penal y fue apelada. Y algunos abogados de los acusados interpusieron un recurso de inconstitucionalidad. En un mes y medio se puede esperar una resolución. Y después bajará para formular acusaciones y tramitar el juicio.
—¿Cómo recibieron los familiares de las víctimas el procesamiento por estrago culposo, con pena de hasta 5 años de prisión?
—Están disconformes. Sobre todo un grupo minoritario. Quieren que los procesados estén detenidos, que sean juzgados por estrago doloso, lo que elevaría la pena pero reduciría la cantidad de imputados. La calificación de doloso significaba penar sólo al gasista como persona cuya “acción es dirigida por un querer”. Acá no podemos hablar de eso. Acá hablamos de negligencia, de incumplimiento de normativas, de falta de supervisión, de falta de capacitación de los subordinados. Todas figuras culposas. García (el gasista que estaba arreglando la válvula del edificio) hubiese sido el único. Todos los demás (inspectores, administradores, personal de Litoral Gas) fueron incluidos porque abordamos el caso desde el ángulo de la teoría del delito culposo. Ninguno de los procesados pretendía que ocurriese lo que ocurrió, pero fueron responsables por negligencia.
—¿Y esto fue argumento suficiente para los familiares?
—No. Ellos quieren una pena mayor, y que la pena alcance a más personas, como el directorio de Litoral Gas o el gerente de la empresa (antes Conrado Bianchi y en la actualidad Ricardo Fraga). Querían una imputación de un empleado de la empresa quien supuestamente atendió al gasista el día previo a la tragedia para asesorarse respecto a qué cambiar. Eso está en estudio en la Cámara de Apelaciones. Estaría bien que se pueda profundizar esa línea de la investigación. A nosotros nos criticaron como fiscalía por no hacerlo en su momento, pero el cúmulo de trabajo que había no lo permitió. Tratamos de tomar lo más importante; no era posible llegar a todos los detalles.
—¿A qué otros casos recurrieron desde la teoría del delito culposo?
—La tragedia de Once. O el accidente aéreo de Lapa. La jueza Billotta cita en la resolución un fallo sobre una explosión de un edificio de Río Cuarto en 2007. Se tomó esa teoría porque no todos los penalistas la siguen. Se considera a todos los estamentos superiores de la empresa porque entendemos que hay una delegación de funciones. Entonces, quien delega funciones debe, ante tareas de riesgo, controlar las mismas. Hay un riesgo en toda actividad empresaria pero hay actividades que deben ser delegadas y supervisadas.
—¿Cuántos querellantes tiene la causa?
—Son 25 querellantes, algunos nuclean hasta a cuatro familias de víctimas o vecinos afectados por daños materiales. Por lo que sabemos, la aseguradora de Litoral Gas ofreció pagar a familiares de víctimas para que desistan de la acción penal. Desconozco el monto y si alcanza también a vecinos. Sé que los familiares de víctimas no tomaron la propuesta porque significaría ponerle precio a la vida del ser querido. Había un querellante que había pedido procesar a parte del directorio, incluido Bianchi, pero luego arregló de forma civil con la aseguradora de la empresa y retiró el pedido.
—¿Qué apreciación le vale el accionar de la administración del edificio en lo ocurrido?
—Muy improvisados en su tarea como muchos otros administradores. La resolución, donde se los procesa (Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli) de la jueza contiene un párrafo especial sobre su responsabilidad penal y el rol que debieron cumplir. No se trata de contratar a una persona y dejarlo librado. Se trata de contratarlo y supervisarlo. No es lo mismo realizar una tarea de pintura que hacer esto, que tenía que ver con una sustancia peligrosa.
—¿Qué papel jugó el Enargás durante la investigación tras multar en abril de este año a Litoral Gas con 6,5 millones de pesos por faltas vinculadas a la tragedia?
—Ellos nos mandaron copias del sumario administrativo donde explicaban cada una de las acciones de la empresa que iban en contra de la normativa: NAG 200 y NAG 100. Menciona en todo ese sumario 11 imputaciones, antes de la tragedia y después. Luego de la explosión no tuvieron un plan de emergencia coordinado, como lo dispone la normativa de Enargás. No tuvieron elementos para cortar el suministro ni las topadoras, y hubo falta de personal. Cuando vieron que la tragedia era mayor de lo que sospechaban, primero fueron tres empleados de la empresa. Luego se fueron sumando más. Pero no hubo contención, entendieron desde Enargás.
A la sombra de otras tragedias
Según la fiscal Argüelles, lo extraordinario de la explosión de calle Salta los llevó a buscar experiencias judiciales similares en Argentina. Entre las más importantes, y que fueron parte de las consideraciones de la jueza Billotta, estuvo la tragedia ferroviaria de Once, donde se perdieron 52 vidas y más de 700 personas resultaron heridas en febrero de 2012. Similar al proceso de calle Salta, tras recusaciones y jury, el juicio oral se reanudó recién en abril de este año, cuando se empezó a definir los destinos de los 20 procesados, entre ellos, el empresario Mario Cirigliano, concesionario del tren.
Otra causa tomada en cuenta fue la del accidente aéreo de Lapa en 1999 que terminó con la vida de 65 personas a metros del aeroparque Jorge Newbery. Recién en 2010 llegó la sentencia que absolvió a todos los directivos de Lapa –incluido a su dueño, Andrés Deuscht– con excepción del gerente de operaciones y el jefe de línea. Ambos recibieron una condena de tres años de prisión en suspenso por “estrago culposo agravado”.
Por último se tomó el caso de la explosión en un laboratorio de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en 2007, donde fallecieron cinco docentes y un estudiante. A principios del año pasado la Justicia cordobesa condenó a cuatro ex directivos de la casa de estudios por su responsabilidad en la explosión. Sólo uno llevó prisión efectiva de 3 años y seis meses: Carlos Bortis, vicedecano de Ingeniería, también por estrago culposo agravado.
“Era otra cosa, era peor”
La fiscalía 11ª, en planta baja, fue el lugar de trabajo donde Argüelles escuchó la explosión de calle Salta que al edificio de Tribunales, casi dos kilómetros, llegó como “una llanta que estalla”. Eran las 9.38. En minutos entraron los llamados a su celular desde personal de la comisaría 3ª aunque las comunicaciones estaban saturadas y no pudo entender de qué se trataba. Sólo el lugar: Salta y Oroño. Siendo las 9.50 llegó al epicentro de la tragedia. Hacía poco –recuerda la fiscal– había fallecido una chica cuando voló una caldera y creyó que era un caso similar. “Pero cuando llegamos nos dimos cuenta de que era otra cosa. Era peor. Fue un horror, un espanto”, se ensombrece.
Casi a tiempo que los rescatistas suspendieron la búsqueda entre los escombros, el juez que por turno tuvo la causa, Juan Carlos Curto –ex magistrado de Correccional, hoy en el nuevo sistema de Justicia– se declaró incompetente. El argumento fue que el delito a investigar tenía una pena mayor a la que competía y se giró al juzgado de Instrucción 9ª, a cargo de Javier Beltramone. Ese fue el momento que, según Argüelles, la investigación despegó. Se tomaron declaratorias y sucedieron los allanamientos. El primero a las oficinas de Litoral Gas, donde encontraron, recordó la fiscal, “precarias constancias de los edificios, anotaciones simples que daban cuenta de la presencia de inspectores días antes de la explosión”.
El segundo, y muy importante para Argüelles, fue a las oficinas de la administración, donde la documentación daba cuenta de los correos electrónicos enviados a los consorcistas respecto al cambio del regulador. Luego vendrían más testimoniales, inclusive a alguna de los vecinos y heridos que podían hacerlo. Esta tarea en algunas ocasiones se mantuvo hasta altas horas de la noche.
En septiembre llegó la polémica por la designación de los peritos que debían revisar las instalaciones del edificio primero en la Facultad de Ingeniería de la UNR y luego en Mar del Plata por ser empleados de Techint, cuyos capitales están ligados a Litoral Gas.
Un mes después el edificio de Justicia se agitaba con la presencia de familiares de las víctimas fatales. Beltramone había sido apartado de la causa por prejuzgamiento, según entendieron desde la Cámara Penal. Sin esperanzas y con bronca, varios familiares lanzaban gritos e insultos en el tercer piso pidiendo ser recibidos por los camaristas.
Argüelles, sensibilizada por la situación, llamó a varios familiares a su despacho, tres pisos más abajo y les pidió que la ayudaran a sacar copias de la resolución polémica como forma de contenerlos. Días después los familiares fueron convocados, sin presencia de la prensa, en Tribunales por el procurador general de la provincia, Jorge Barraguirre. “Habló y explicó que desde el principio orientó la investigación hacia el accionar de la empresa (principal foco de las quejas de los familiares), lo cual es cierto.
Él confeccionó los interrogatorios. Se les explicó que la causa no iba a perder ritmo por la salida de Beltramone. Luego la jueza Bilotta empezó a trabajar y se calmó todo.
Algunos familiares salieron más conformes que otros”, señaló Argüelles, quien adelantó que para este aniversario pidió suspender las audiencias programadas que tenía por otras causas. “Vamos a estar pendientes de lo que pueda ocurrir, ya sea con familiares o medios de comunicación. Ha tenido un gran impacto esta causa”, concluyó la fiscal.
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