El Congreso de la Nación activó el jueves pasado una guardia política ante una eventual intervención federal en Tucumán, procedimiento que debe ser aprobado por ambas Cámaras de acuerdo con la Constitución nacional. Diputados sesionará este miércoles para convertir en ley el proyecto que blinda las acciones del Estado en empresas privadas, aunque la emergencia de Tucumán podría modificar la agenda parlamentaria al cabo del fin de semana.
El gobierno nacional no dispondrá la intervención federal a través del Congreso antes de que se pronuncie la Corte Suprema de Tucumán. Se lo espera recién para la semana que arranca mañana.
El máximo tribunal provincial está destartalado, a un nivel similar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que a partir del 11 de diciembre, cuando se efectivice la renuncia de Carlos Fayt, quedará reducida a sólo tres jueces. Sin embargo, el jueves último en el Palacio Legislativo Nacional comenzaron a circular dos opciones para designar un interventor: Florencio Randazzo o Julián Álvarez.
Corte corta
La crisis tucumana atraviesa institucionalmente a todos los poderes del Estado. La Corte tucumana también sufre una merma funcional. El presidente de ese cuerpo, Antonio Gandur, es también titular de la Junta Electoral y se excusaría de intervenir ya que no puede ser juez y parte en el conflicto que derivó, a partir de un fallo de la Cámara en los Contencioso y Administrativo en la anulación de la elecciones para gobernador que consagraron ganador a Juan Manzur del Frente para la Victoria.
Otro supremo tucumano, Antonio Estofan, se encuentra de viaje fuera del país. Al juez Daniel Posse lo recusarán a partir de su vínculo familiar con el fiscal de Estado provincial. La magistrada Claudia Sbdar se excusaría por enemistad manifiesta con uno de los abogados-apoderados del opositor Acuerdo del Bicentenario. Quedaría en pie René Goane, donde están depositadas las esperanzas de los Alperovich y de Manzur.
La Corte Suprema tucumana debería entonces completarse con la designación de conjueces de las tres salas de las Cámaras en lo Contencioso y Administrativo, el nicho judicial donde se cultivó el fallo para anular las elecciones.
Tribunal tripartito
Ése es el panorama del máximo tribunal en Tucumán. En caso de que allí se revierta el fallo que anuló los comicios, la oposición podría presentarse ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no a través de un per saltum, reservado para casos federales, sino de un recurso de queja. Allí el panorama también es incierto con Ricardo Lorenzetti a cargo de un tribunal que quedó reducido a sólo tres integrantes cuando debería estar compuesto por cinco jueces.
Sobre la intervención
El artículo 6 de la Constitución nacional establece que “el gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantizar la forma republicana de gobierno o repeler invasiones exteriores y a requisición de sus autoridades constituidas, para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición, o por invasión de otra provincia”.
El gobierno nacional puede intervenir una provincia o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante un decreto presidencial, que luego debe ser refrendado por las dos Cámaras del Congreso, pero el Poder Ejecutivo también puede enviar el proyecto de intervención federal directamente al Congreso para que sea aprobado por el Parlamento.
El plazo de una intervención dura 180 días y puede prorrogarse, tras lo cual tendrá la obligación de restituir el poder en la provincia llamando a elecciones. El próximo 29 de octubre caducarán todos los mandatos de los cargos electivos de Tucumán, de modo que si hasta entonces no está resuelta la causa judicial sobre la nulidad de los comicios, la provincia entraría en una situación de acefalía que directamente exigiría una intervención federal.
Antecedentes
De ser dispuesta tal medida, en Tucumán será la segunda desde la restauración de la democracia, en 1983: ya en 1991 el entonces presidente Carlos Menem dispuso la intervención federal y dejó cesante al gobernador peronista, José Domato.
La última intervención federal a una provincia se dispuso en 2004, a Santiago del Estero, cuando Néstor Kirchner tomó nota de denuncias de corrupción, persecución política y crímenes relacionados con el gobierno de Mercedes Marina “Nina” Aragonés, esposa del peronista caudillo Carlos Juárez.
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