Al final, el Concejo aprobó en forma unánime –aunque con la abstención de media docena de ediles– la iniciativa del radical Jorge Boasso que derogó la ordenanza de tránsito 7.550 de 2004, para dejar permitidos el uso de los “mal llamados” vidrios polarizados en los autos particulares. De ahora en más no podrán ser sancionados los propietarios de vehículos que tengan la tonalidad “intermedia” en los cristales de sus autos. Aunque en la práctica tampoco lo eran, si por otra falta sus autos eran remitidos al Corralón municipal sólo podían salir de allí con sus vidrios transparentes de nuevo. Del mismo modo, también debían tener espátula y detergente a mano quienes llevaban a sus vehículos a la “revisión técnica obligatoria”, ya que los polarizados no pasaban. ¿Y ahora? En rigor, es un misterio: la inspección técnica, que rige para todos los vehículos con más de 36 meses de antigüedad, es una medida nacional; y desde la provincia, ya el director de la Agencia de Seguridad Vial, Gustavo Franco, advirtió a El Ciudadano en la víspera de que se votara la ordenanza que el municipio podía legislar sobre circulación “pero no sobre seguridad”. Por respuesta, ediles oficialistas y opositores invocaron la “competencia del Concejo” en cuanto al tránsito y le dieron luz verde al proyecto. Ahora todos los rosarinos podrán tonalizar los vidrios de los autos salvo el parabrisas delantero, siempre que se haga en un lugar habilitado y con una opacidad “intermedia”, pero deberán tener a mano un mapa de las legislaciones locales si se van de vacaciones en coche: bien puede ocurrir que deban transitar por lugares donde tal cosa no está permitida.
Autor de la iniciativa, el radical Boasso fue el encargado de presentarla. Relató que la propuesta venía acompañada del consenso de dos comisiones, que no colisionaba con la normativa vigente en ninguno de los niveles del Estado, y que estaba llamada a “resolver un problema en Rosario y el país”.
Recordó también que “en Buenos Aires” hay actualmente “850.000 vehículos con sus vidrios polarizados” –es decir, más de una vez y media el parque local, que Giuliano mensuró en medio millón de vehículos– para proclamar que “la experiencia indica que fracasan” las leyes que van “contra costumbres arraigadas”. También proclamó, pese a la evidencia práctica en contrario, que la revisión técnica “no exige el retiro del polarizado” y que “se labran multas pero después se condonan”.
Finalmente Boasso traslució el espíritu de su propuesta: pese que técnicamente se conoce al usualmente llamado polarizado como “aplicación de láminas de seguridad y control solar”, su iniciativa las reivindica como un elemento de “seguridad personal”.
“Los requisitos técnicos actuales permiten una detallada visibilidad desde el exterior hacia el interior del vehículo, y en consecuencia de sus ocupantes y objetos o pertenencias, muchas veces apetecibles para los delincuentes”, escribió el radical en los considerandos del proyecto.
Desde el bloque Socialista, Mariana Alonso marcó el acuerdo del oficialismo con la iniciativa, pero con el intento de exceptuar de ella a los “vehículos oficiales”. Pero ante la inmediata réplica de la radical Daniela León y la amenaza de que el tema desborde en polémica (ver aparte) el bloque retiró de inmediato la modificación propuesta.
El debate siguió y fue la jefa del bloque Encuentro por Rosario, María Eugenia Bielsa, la voz cantante que pidió que el proyecto volviera a comisión en lugar de tratarse en el recinto. Sin mostrarse en desacuerdo con la iniciativa, y aun reivindicando la “autonomía” del Concejo para legislar en la materia, llamó a sus pares a “buscar consenso a priori y no a posteriori”, para así tener resuelto qué puede pasar si alguien sale de la ciudad al volante de un vehículo con vidrios polarizados, o lo lleva a la revisión técnica.
“Hay que resolverle la vida a la gente y no complicársela”, pidió Bielsa, marcando que el argumento de que por los vidrios polarizados “nunca pararon a nadie” no alcanzaba a la hora de tratar una normativa: “primero hay que hablar con funcionarios” de Seguridad Vial de la provincia”, dijo, mencionando declaraciones como las que Franco hizo a este medio.
Con matices, Fernando Rosúa, Norma López, Diego Giuliano, Alfredo Curi, el socialista auténtico Alberto Cortés y la radical León coincidieron con la postura. Pero al no arrastrar otros votos que los suyos, la iniciativa continuó en tratamiento y, más tarde, la media docena de ediles pidió permiso al presidente del cuerpo, Miguel Zamarini, para abstenerse en la votación en general y en particular.
Así las cosas, la norma resultó aprobada por unanimidad. Y de ahora en más, el Ejecutivo municipal tendrá 90 días corridos para adecuar los procedimientos de sus áreas de inspección y/o control a la normativa, con una tarea extra: lograr que la revisión técnica obligatoria de vehículos se haga también en el ejido urbano de la ciudad.
También deberá el gobierno de Miguel Lifschitz constituir –algo que ya figuraba en la derogada ordenanza 7.550– confeccionar un registro de las empresas habilitadas para colocar los laminados: éstas deberán incluir todos sus datos entre la capa que coloquen y el vidrio original del auto; y deberán entregar una tarjeta como la que entregan las empresas aseguradoras a sus clientes.
Y mientras tanto el personal de control deberá “abstenerse” de aplicar multa o sanción a quien circule con vidrios –“mal llamados”– polarizados: sólo deberán “informar” sobre la necesidad de adecuarse a la ordenanza.
Y, en tres meses, estará en plena vigencia la posibilidad de colocar láminas de tonalidad “intermedia”, es decir “no oscura” sino con un grado que permita divisar “siluetas de personas” en todos los vidrios menos el parabrisas delantero: ahí habrá una “banda”, una especie de recuadro de hasta 15 centímetros.
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