Como era de esperar, las empresas que editan Clarín y La Nación buscaron ayer desacreditar las dos decisiones que adelantó en la víspera la presidenta Cristina Fernández: acusar penalmente ante la Justicia a esos dos socios privados mayoritarios de Papel Prensa por su presunta apropiación ilegal de la única empresa local de insumos para los diarios, y enviar al Congreso un proyecto de ley que declara la producción de papel y su comercialización de interés público, lo que habilitaría el seguimiento y control estatal de ese negocio estratégico. Los dueños de los dos periódicos intentaron refutar el voluminoso informe oficial –25 mil fojas– en que se basan las iniciativas de la jefa del Estado, y que entre otras cosas incluye documentos y testimonios sobre el sospechoso traspaso accionario del grupo comandado por el fallecido financista David Graiver a sus actuales controlantes. Esta réplica empresaria se basó en una solicitada rubricada por Isidoro Graiver, hermano de David, rechazando las declaraciones de sus familiares que fueron tomadas por el Ejecutivo. Enseguida, desde el gobierno contraatacaron señalando que el firmante no tuvo ingerencia en la operación bajo sospecha, y pusieron en entredicho que el hombre mismo, dada su comprometida situación económica, hubiera podido pagar esa costosa publicación de una página completa.
No sólo hubo réplica de los principales implicados por la iniciativa oficial. También desde parte de la oposición se produjeron alineamientos con los argumentos empresarios, que pasaron por la acusación de un supuesto “nuevo intento” de controlar a la “prensa libre” por parte de la Casa Rosada.
En ese sentido, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, aseguró que “nunca estuvo cerca la posibilidad de intervenir Papel Prensa”. Y remarcó que el gobierno “no plantea quitarle el papel (a Clarín y La Nación) sino garantizárselo a todos (los diarios)”. Por su parte, el jefe del bloque oficialista de senadores, Miguel Ángel Pichetto, calificó de “prudente” la posición del Ejecutivo. Y destacó que las visiones “apocalípticas” sobre su intento de apoderarse de Papel Prensa “no se ajustaban a la realidad”.
Igual, desde algunos sectores insistieron en su teoría con singulares apoyos argumentales. Por caso, el diputado del Peronismo Federal Gustavo Ferrari, hombre de confianza de Francisco de Narváez: sostuvo que “no es consistente con el estilo del gobierno la resolución que ha tomado”, porque el kirchnerismo “no es institucionalista” y “enviar el caso a la Justicia y al Parlamento no son sus procedimientos esperados”. Como corolario, concluyó que, en realidad, el Ejecutivo quería apoderarse de Papel Prensa pero debió dar marcha atrás por la presión opositora, la renuencia a acompañarlo por parte de sectores empresarios y la réplica de un Graiver.
Desde el radicalismo, un caso paradigmático fue el del candidateado Ricardo Alfonsín, quien a primera hora consideró correcto el camino elegido por el kirchnerismo y luego sembró sospechas sobre sus intenciones: “La reacción de la oposición y de la opinión pública hizo que el gobierno desistiera de su intención de avanzar, sin competencia legal para hacerlo, sobre la intervención o expropiación de Papel Prensa”, coincidió con el vocero de De Narváez.
Distinta fue la reacción del Partido Socialista, que como antes hiciera respecto a la ley de medios, respaldó la decisión oficial de impulsar una investigación judicial y el control parlamentario de Papel Prensa (ver aparte). Pino Solanas, acérrimo crítico del kirchnerismo, tampoco se mimetizó con los multimedios. El diputado de Proyecto Sur sostuvo que la iniciativa de declarar de interés público la producción de pasta de celulosa “es un paso positivo”. Y también avaló el control parlamentario del negocio.
Respecto de la solicitada de Isidoro Graiver, en la que negó presiones de la dictadura para vender las acciones a Clarín, La Nación y La Razón, fueron varias las voces que salieron a cruzarla. Aníbal Fernández sostuvo que Isidoro se sintió “disgustado” por haber sido desplazado por su hermano como “su mano derecha”. Y agregó que “hay un acta en el Consejo de guerra firmada por la madre de los Graiver donde ella reconoce el disgusto de Isidoro porque el doctor Rubinstein (secuestrado y asesinado por la dictadura) había ocupado su lugar y lo había desplazado”.
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