La determinación del gobierno provincial de incrementar un 87 por ciento la tarifa del servicio sanitario a lo largo de 2010 no sólo provocó la esperable crítica del espectro opositor y de las organizaciones de consumidores, sino que también generó la réplica de legisladores aliados al oficialismo como el arista Pablo Javkin, quien rechazó el aumento y pidió el fin de la tarifa plana: es decir, que todos paguen lo mismo. En un sentido similar se expresó el radical Darío Boscarol, quien consideró necesario colocar medidores para terminar con la iniquidad, aunque justificó la suba. Para el diputado opositor Oscar Urruty la noticia “es un baldazo de agua helada para la población”, mientras que el justicialista Luis Rubeo consideró que “no se puede pegar semejante ajuste”. El titular del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress), Alberto Muñoz, también se había pronunciado a favor de terminar con la tarifa plana en el servicio de agua. Por ahora, lo único cierto es el aumento.
Consultado por este diario, Urruty (PPS), integrante de la comisión de Obras y Servicios Públicos de Diputados, dijo que la propuesta de Aguas Santafesinas “es un baldazo de agua helada para la población”. Por su parte, Luis Rubeo opinó que “primero hay que hacer obras y después pensar en un aumento escalonado de la tarifa, porque no se puede pegar semejante ajuste”. Y agregó: “Habrá que estudiar un proceso de endeudamiento para capitalizar a la empresa”.
El radical Boscarol, integrante del oficialista Frente Progresista, indicó: “No caben dudas que la tarifa de agua está atrasada, como reconoce el mismo Enress. Hay que ver si las subas irán a cubrir déficit o se hará un plan de obras. Lo más justo sería instalar medidores, porque no puede pagar lo mismo el que tiene una quinta con pileta que quien le da al agua un uso doméstico”.
Alberto Daniele, presidente del directorio de Assa, confirmó la presentación elaborada por la empresa y presentada por el Ministerio de Aguas y Servicios Públicos de la provincia ante el Enress, la que contempla un aumento tarifario del 87 por ciento para todo 2010.
El Enress analizará el escrito oficial y esperará el resultado de las audiencias públicas convocadas para los primeros días del mes que viene para emitir un dictamen al respecto. “Lo importante no es discutir porcentajes, sino destino de los recursos, plan de obras y un mecanismo para que la suba tenga en cuenta la condición social del usuario, es decir, que la suba no afecte a todos por igual”, planteó Juan José Giani, integrante del Enress.
El gobierno había anunciado a principio de año el incremento de la tarifa de la energía eléctrica en un 6 por ciento y el del agua potable y cloacas en un 19. Sin embargo, cuando el proyecto oficial llegó al organismo regulador se supo que el aumento no terminaba allí, sino que traía subas bimestrales del 12 por ciento a lo largo del año.
“Si bien todavía estamos en período extraordinario, vamos a pedir de manera urgente una reunión de la comisión de Servicios Públicos para que funcionarios del oficialismo y también el directorio del Enress vengan a explicar los fundamentos de este aumento que es un disparate”, indicó el diputado Urruty.
Para el legislador del PPS, “es probable que los costos y los insumos hayan aumentado, pero Assa no puede descargar esos aumentos en la tarifa. Un gobierno que se dice progresista no puede manejarse con niveles del mercado. Eso lo hacía Aguas Provinciales. El gobierno debe subsidiar la tarifa y no descargar todo el peso en el cliente”.
Urruty agregó que “hay que tener en cuenta el tema de la inflación y todos los aumentos que tendrá que pagar la gente este año”. “El gobierno provincial no hace más que reproducir los aumentos de precios”, sostuvo. Y aseguró que su espacio “no va a bancar esta suba desmedida de tarifa” de agua. “El gobierno tendrá que explicar qué piensa hacer con lo recaudado y cómo va a mejorar el servicio y realizar las obras que faltan”, planteó el diputado provincial.
Rubeo, por su parte, sostuvo que habría que estudiar la posibilidad de que Assa se capitalice con un proceso de endeudamiento para concretar las obras que faltan, y recién ahí pensar en un aumento escalonado. “Primero mejorar el servicio y hacer una diferenciación en la tarifa para los sectores sociales de menos recursos. El gobierno debería subsidiar este bien social como es el agua y no pensar en aumentos indiscriminados que se suman al de la luz, el inmobiliario, la patente, etcétera”, sentó posición el diputado kirchnerista.
Para Boscarol, “la tarifa de agua está atrasada y la empresa tiene que poder autofinanciarse”. “Me parece que estamos en mejores condiciones que el año pasado, porque tenemos el Enress funcionando a pleno. La empresa tiene que decir si el aumento será destinando a un plan de inversiones o irá a cubrir déficit”, señaló.
Tal vez el más duro fue el Pablo Javkin, del ARI-Coalición Cívica, quien sostuvo ayer que “es inaceptable un aumento de este tipo, en primer lugar por que si hay un déficit operativo éste no puede ser directamente trasladado a la población mediante aumento de tarifas”.
“Si hay déficit es necesario analizarlo, porque el criterio de pasar el problema exclusivamente a la gente es peligroso en este caso como en otros”, especificó. El diputado puntualizó además que es necesario modificar la lógica de facturación, ya que el cálculo por metros cuadrados implica iniquidades, como por ejemplo que pague lo mismo quien no puede siquiera consumir por problemas de presión, y quienes dilapidan el agua o son grandes consumidores.
“Es indispensable plantear el fin de la factura fija y centrarse en una fórmula basada en el consumo. Creo que en este sentido los medidores son una herramienta de regulación fundamental para generar un consumo responsable y cuidar un recurso escaso”, concluyó.
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