Esteban Guida y Rodolfo Pablo Treber
Fundación Pueblos del Sur (*) / Especial para El Ciudadano
¿Es bueno o malo el (pre) acuerdo con el FMI? Cuestionar sus términos, ¿es aceptar el endeudamiento macrista y caer en “lo desconocido”? ¿Es cierto que sólo teníamos dos opciones: acordar en estos términos con el FMI o “patear el tablero”?
Desde el anuncio oficial sobre el preacuerdo entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional, el debate estuvo copado por falsos dilemas que no ayudan a identificar y comprender la profundidad de los problemas económicos del país; en consecuencia, nos alejamos aún más de las soluciones de fondo.
No puede esperarse mucho más de los medios de comunicación, que instalan recurrentemente discusiones ajenas al interés nacional. Sin embargo, vale exigir que el gobierno evite la superficialidad y ponga sobre la mesa su propuesta de cambios estructurales necesarios para terminar con los problemas que ya conocemos.
En este contexto, el gobierno del Frente de Todos propone un acuerdo con el FMI sin haber explicitado previamente el rumbo económico del país. De hecho, el presidente Alberto Fernández había prometido que la primera semana de diciembre del año pasado enviaría un “programa plurianual” sobre el que se hubieran podido discutir las bases económicas sobre las que se negociaría dicho acuerdo.
Pero es nunca ocurrió… El gobierno hizo la inversa, se enfocó en el acuerdo con el FMI y ahora el programa económico queda supeditado a ello. Esa es la cuestión, y ese el síntoma concreto de nuestra dependencia económica, y de la complicidad de este gobierno, en semejanza con el anterior. Si como dijo el ministro Guzmán “no se esperan cambios de estructura” a partir del acuerdo con el FMI, el modelo económico tal como está (como se heredó) sigue vigente, y con ellos sus consecuencias ya conocidas: pobreza, desocupación, empleo indigno, inflación, inestabilidad, dependencia externa, etcétera. Si no fuera así, estaríamos registrando indicadores totalmente diferentes.
Por eso, debatir sobre el (pre) acuerdo con el FMI sin haber podido discutir el modelo económico, la estructura productiva que nos permitirá crecer y desarrollarnos, y los medios para alcanzar una económica con justicia social, es un atajo que no nos conduce a ninguna parte.
Es inaceptable afirmar que no se pudo hacer otra cosa. Desde la asunción de Alberto Fernández, el gobierno del Frente de Todos pudo haber cuestionado las bases del modelo heredado; pudo haber investigado y denunciado los mecanismos administrativos del endeudamiento y fuga de capitales originados en el irresponsable y fraudulento acuerdo Stand By con el FMI, en el 2018; pudo haber puesto en consideración de los argentinos las bases de una economía productiva, los fundamentos para salir de la dependencia externa, los poderes concentrados y las presiones oligopólicas que se han denunciado hasta el hartazgo. Todas cuestiones que a pesar del contexto de “pandemia” se hubieran podido discutir profundamente, mediante verdaderos mecanismos de participación.
El cuestionamiento, entonces, no es tanto a los términos de un acuerdo, de los que todavía no se conocen en detalle –ni mucho menos a los condicionantes políticos del prestamista (que siempre están, por más que algunos insistan en relativizarlos)– sino a la falta de definición e implementación de un modelo económico que nos permita decidir sobre nuestros recursos, y pagar las deudas, legítimas, luego de haber alcanzado crecimiento y desarrollo, con justicia social.
No podemos aceptar que esto no se puede hacer; eso sería renunciar a ser una Nación (vale decir que algunos dirigentes ya proponen eso…). La historia reciente de nuestro país demuestra que es posible un camino alternativo a los falsos dilemas, le guste o no a algunos…
En plena crisis económica de posguerra, allá por 1946, el gobierno de Juan Domingo Perón proyectó e implementó un plan de reconversión de la matriz productiva con el objetivo de liberar a la economía nacional de factores exógenos que generen dependencia. El mismo consistía principalmente en implantar una economía con justicia social (que no es lo mismo que “con inclusión social”), a partir de: crecimiento, cuantitativo y cualitativo, de las exportaciones; la adquisición de grandes bienes de capital con la finalidad de sustituir importaciones; la planificación de grandes obras de infraestructura y logística; y la protección y desarrollo de un fuerte mercado interno.
Lejos de aislarse del mundo, la Argentina profundizó su integración regional y el bilateralismo comercial con numerosos países; lo hizo rechazando los condicionantes de Estados Unidos y sus instituciones financieras (FMI-BIRF), negándose rotundamente a ceder a las presiones y la dominación internacional.
Lejos de creer en la posibilidad de que ese proyecto se ejecutaría a partir de inversiones privadas, extranjeras, o mediante acuerdos multilaterales, el gobierno peronista planificó la economía utilizando al Estado como medio de promoción y regulación, desde el control de los sectores estratégicos. Como pilares fundamentales, en ese sentido, se nacionalizan el Banco Central y los depósitos del sistema financiero (para la administración soberana del ahorro nacional), así como también el comercio exterior; es decir, se afectaron las bases profundas de un modelo económico de dependencia que beneficiaba a unos pocos en detrimento de las grandes mayorías populares.
Además, se crearon empresas del Estado en aquellas áreas industriales indispensables, aun no desarrolladas(1). Así, el modelo peronista cambió la estructura económica vigente, y sentó bases sólidas a partir de una economía mixta, con la conducción del Estado en los sectores estratégicos que cumplía la función de garantizar un mercado interno protegido, y en permanente expansión, para el desarrollo del capital privado.
De esta forma, y sin ceder soberanía ante la dominación internacional de Estados Unidos y la URSS, la Argentina logró eliminar la pobreza sistémica y llevar la economía al pleno empleo con salarios dignos (¡lo que quiere decir que un hogar se sostenía dignamente con el ingreso de una sola persona!) en plena vigencia de la justicia social (una comunidad organizada en la que todos contribuyen y participan del bienestar nacional).
Este esquema permaneció de pie durante tres décadas, con oscilaciones producto de múltiples intentos de destruirlo, hasta que finalmente en 1976, mediante la dictadura más sangrienta de nuestra historia, se implementó la economía de mercado capitalista en su reemplazo. Desde ese momento, nuestra Patria sufrió una profunda transformación de su matriz económica y productiva con el objetivo de reinstalar el modelo colonial de dependencia de los capitales externos, a partir de la incorporación al mercado global como exportador de materias primas, y alimentos, e importador de manufacturas industriales.
Tanto las grandes, medianas, como pequeñas empresas nacionales, inmersas en la libre competencia, se vieron paulatinamente debilitadas hasta su mayoritaria desaparición. Al mismo tiempo, producto del enfoque netamente agroexportador, se inició un proceso de encarecimiento de los precios internos con el objetivo de aumentar los saldos exportables. El combo, decadencia industrial + incremento de precios, demolió el mercado interno argentino y, con él, a millones de puestos de trabajo formales.
En los últimos seis años de la política argentina, y luego de un proceso de puja entre el interés nacional y los sectores alineados al poder extranjero, volvemos a ver políticas de Estado que buscan consolidar el modelo colonial, con eventual crecimiento económico, pero sin desarrollo local. El exorbitante monto de deuda externa tomada por el Mauricio Macri, con su posterior validación a manos de Alberto Fernández, el plan plurianual de fomento a las exportaciones, el ingreso de inversión extranjera directa (IED) para la explotación de recursos naturales y el aumento de los pasivos monetarios remunerados del BCRA (leliqs), son claras muestras de que el gobierno nacional optó por la continuidad de un modelo de economía primarizada, agroexportadora y rentística; las permanentes evasivas a discutir estos temas, de caras al pueblo, ratifica esta triste verdad.
Por más que haya algunas iniciativas aisladas valorables, este modelo no sirve al interés nacional ni al objetivo de justicia social. Hacer énfasis en el aumento de las exportaciones primarias, con un comercio exterior desregulado promueve una creciente desocupación, ya que las inversiones productivas se orientan a esas actividades, que se caracterizan por no brindar cantidades significativas de empleos, “capital intensivo” (agronegocio y explotación de recursos naturales), generando desinversión en el sector industrial, “mano de obra intensiva”.
Es que el modelo exportador de materias primas concluye en desindustrialización y dependencia creciente de productos importados y, por lo tanto, de moneda extranjera. Más materia prima vendemos, más productos elaborados importamos. En los últimos 32 años, las exportaciones argentinas en dólares aumentaron 800% sin beneficio alguno para el pueblo. Por eso, para expandir aún más el perfil exportador, este modelo requiere de una explotación creciente de recursos naturales, lo cual genera una atroz contaminación y destrucción de ecosistemas completos (semillas trangénicas, megaminería, explotación sísmica, fracking).
Por todo lo expuesto es que resulta imprescindible huir de los falsos dilemas y debates superficiales que se exponen en los medios masivos de comunicación, para concentrarnos en lo fundamental.
Necesitamos debatir y luchar por un modelo político económico que sirva a los intereses nuestra Patria y se disponga a terminar con las injusticias sociales y económicas de nuestro pueblo. Una propuesta nacional para atender a los compromisos de deuda argentina, sólo puede surgir luego de ello.
(1) En 1948 se crea el Astillero Río Santiago para dar inicio a la industria naval en gran escala. El 30 de noviembre de 1951, en Córdoba, se crea la Fábrica de Motores y Automotores y el 28 de marzo de 1952, Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (Iame), con la función de desarrollar las industrias aeronáutica y automotriz. Implementación del plan siderúrgico nacional: constitución de la empresa Somisa con la finalidad de producir acero en el país. Desde Fabricaciones Militares se impulsó la industria química pesada, creando las plantas químicas de Río Tercero, José de la Quintana y Tucumán. Creación de la Empresa Gas del Estado. Creación de CNEA en 1950 (Comisión Nacional de Energía Atómica).
(*) fundacion@pueblosdelsur.org
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