A partir del curso judicial que tomó la denuncia por abuso sexual contra un trabajador de la Subsecretaría de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia de Santa Fe y las demoras que hubo, el Concejo Municipal recibió a sus autoridades para tener más precisiones del caso.
La reunión, en su modalidad virtual, fue en la comisión de Derechos Humanos que preside la concejala de Rosario Progresista Susana Rueda. Además participaron la vicepresidenta, Jesica Pellegrini y María Luz Olazagoitía, ambas de Ciudad Futura-FSP, y Norma López y Alejandra Gómez Sáenz, del Frente de Todos-PJ. Las autoridades provinciales que participaron fueron Patricia Chialvo y Alejandra Fedele, secretaria y subsecretaria de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia.
El hecho ocurrió entre 2015 y 2016 en una residencia de San Juan al 700, donde la adolescente estaba alojada. A partir de una serie de irregularidades que mantenía el lugar se dio al cierre del establecimiento en marzo de 2020.
La primera mención que la víctima pudo hacer sobre el ataque sufrido fue en noviembre de 2020, cuando se cruzó con el imputado en una oficina de la Dirección de Niñez, del Ministerio de Desarrollo Social, y se lo contó a uno de los actuales acompañantes.
La investigación contra el trabajador está a cargo del fiscal Ramiro González Raggio quien le atribuyó al acusado, identificado como Daniel Augusto A.C., de 34 años, la autoría del ataque sexual entre los años 2015 y 2016 cuando cumplía funciones de acompañante terapéutico de la niña que tenía entre 12 y 13 años, en el Centro Transitorio, ubicado en San Juan al 700. Hace una semana fue formalmente acusado como autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por ser el encargado de la guarda de la víctima y el juez Gonzalo López Quintana le dictó la prisión preventiva hasta el 22 de septiembre.
Rueda habló con El Ciudadano sobre la reunión en el Concejo. Contó que las funcionarias se pusieron a disposición del cuerpo legislativo, pero para la concejala una de las preguntas fundamentales para las que aún no recibieron respuestas es por qué se demoró tanto en hacer la denuncia judicial desde que se tomó conocimiento del caso, en noviembre del año pasado, hasta el 14 de abril pasado.
Según voceros relacionados con el caso, el acompañante de la niña dio aviso al equipo técnico de la Dirección pero la denuncia fue presentada ante el fiscal en abril por Fedele y Virgilio.
Según el repaso de Rueda sobre la reunión “en el expediente de la menor no había ninguna constancia de denuncia sobre un hecho como este a lo largo del tránsito por estas residencias”. “Sabemos lo doloroso y difícil que es contarlo, se cuenta cuando se puede. Debe haber vivido un infierno y queremos evitar que pase lo mismo y se siga revictimizando. También queremos saber qué paso en el medio, entre el momento en que ella reconoce a su agresor y le cuenta a su acompañante y la denuncia ante la Justicia”.
Además Rueda planteó que una de sus inquietudes es si el acusado mantuvo contacto con otros menores entre noviembre y abril. La respuesta fue negativa, el hombre habría sido apartado apenas se conoció el hecho. “Además pregunté si ya habían hecho alguna investigación sobre otros niños y niñas alojados en centros de residencia para ver si hubo otros casos, ya que se sabe que existe un patrón de conducta en los agresores. Dijeron que por ahora no tienen información en este sentido”.
El área estatal no dio declaraciones ni lo hará mientras esté la investigación judicial en curso, para no entorpecerla. “Son temas delicados, no se puede hablar por fuera del sumario”, recordó Rueda y aclaró que la joven “ya está contenida, protegida, en tratamiento y con asistencia”.
En función de la gravedad institucional de los hechos atribuidos al imputado y las evidencias aportadas por el fiscal, se puso en conocimiento al gobernador de la provincia de Santa Fe la omisión de denunciar el caso por parte de funcionarios de jerarquía de la Dirección Provincial de Niñez, sin perjuicio de las actuaciones que inicie el Ministerio Público de la Acusación (MPA) por la posible comisión de delitos de acción pública, informaron desde la Fiscalía.
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