El juez federal Norberto Oyarbide citó a indagatoria al ex dictador Jorge Rafael Videla y al ex ministro del Interior Albano Harguindeguy, así como también solicitó la captura del ex presidente de facto de Perú Francisco Morales Bermúdez, por el secuestro y aplicación de tormentos de ciudadanos de ese país en el marco del denominado Plan Cóndor durante la última dictadura.
Oyarbide citó a Videla y Harguindeguy para el 22 y 23 de febrero, respectivamente, y reclamó vía Cancillería la captura del ex general Morales Bermúdez que gobernó Perú entre 1975 y 1980, y actualmente tiene 91 años.
Los hechos investigados remiten a lo ocurrido el 25 de mayo de 1978, cuando en Argentina se disputaba el Mundial de fútbol, y ya funcionaba el denominado Plan Condor, un operativo conjunto entre las dictaduras latinoamericanas para cooperar en la lucha contra “la subversión”.
En ese contexto, 13 ciudadanos opositores al régimen de Morales Bermúdez en Perú, algunos de ellos directores de diarios e incluso dos oficiales de la Marina, fueron secuestrados y trasladados a la Argentina acusados de supuestas “actividades subversivas”.
El avión que los trajo arribó al aeropuerto jujeño de El Cadillal y allí, según la denuncia, funcionarios de Cancillería Argentina, del Ejército y del Ministerio del Interior los “presionaron” para que aceptaran presentarse como “refugiados bajo el control directo de las Fuerzas Armadas”.
Ante su negativa, se los trasladó al sótano del departamento Central de Policía en Buenos Aires donde se hicieron tareas de “ablande”, para que firmaran la solicitud de “asilo voluntario dirigido al gobierno democrático de las Fuerzas Armadas”.
El juez dio por acreditado que como lo ocurrido coincidía con el Mundial de fútbol que se jugaba en el país, la dictadura quiso presentar a los ciudadanos peruanos como asilados para mejorar su imagen en el exterior y finalmente fueron llevados al aeropuerto de Ezeiza en calidad de “expulsados” del país.
Si bien el Plan Cóndor estaba integrado por Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, el juez Oyarbide entendió que de la información de “notas periodísticas y copias fotostáticas de documentación militar reservadas” quedó demostrado que “Perú cooperaba proporcionando información de inteligencia”.
“Los elementos señalados me convencen de que Videla, Morales Bermúdez y Albano Harguindeguy no fueron ajenos a la detención y privación ilegal de la libertad de las personas indicadas a lo largo de esta resolución; y que el hecho fue cometido al amparo y mediante la intervención de ambos Estados”, dice la resolución del juez.
En ese sentido, el magistrado expuso que “se trataba de una práctica generalizada basada en rotular como delincuentes subversivos a las personas cuyas ideas políticas no concordaban con la ideología imperante en la época, constituyendo de esta forma una grave violación a los derechos humanos justamente porque fueron implementados y llevados cabo desde los Estados y por sujetos que respondían a ese poder”.
Concretamente, la colaboración entre los Estados era a fin de “coordinar información de inteligencia con el fin de capturar, torturar y ejecutar a opositores políticos por medio de operativos combinados entre los países miembros”.
Los trece ciudadanos peruanos que fueron víctimas son José Luis Alvarado Bravo, Justiniano Aspaza Ordoñez, Alfonso Baella Tuesta, Hugo Blanco Galdos, Humberto Damonte Larrain, Ricardo Díaz Chávez, Javier Diez Canseco Cisneros, Genaro Ledesma Izquieta, Ricardo Letts Colmenares, Valentín Pacho Quispe, José Arce Larco, Guillermo Faura Gay y Ricardo César Napuri Schapiro. Este último fue quien dio inicio a la causa.
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