El jueves 25 de noviembre pasado se conmemoró una nueva jornada del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Pero en esta ocasión, tras casi dos años de protocolos sanitarios, las demandas regresaron al espacio público luego de que la pandemia de coronavirus obligara a una manifestación virtual el año pasado.
En ese contexto de verdadera fiesta, por el reencuentro en la calle, y también de lucha, por el amplio abanico de reivindicaciones no resueltas, las principales consignas giraron en torno a un reclamo al Estado en todos sus niveles para destinar mayor presupuesto a políticas que atiendan específicamente la situación de vulnerabilidad en el que se encuentran mujeres, niñas y niños en contextos violentos: que haya más y mejores refugios y mayor asistencia económica.
En este sentido, uno de puntos principales era que se declare la Emergencia en Violencia de Género y que se asigne el presupuesto necesario para prevenir y erradicar lo que algunas agrupaciones denominan “terrorismo de género”.
En sintonía, otro de los puntos de mayor coincidencia es rechazar cualquier acuerdo de pago al Fondo Monetario Internacional (FMI), que no contemple las necesidades el pueblo en general y del amplio abanico de las diversidades sexuales en particular.
Así, mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binaries, bisexuales, indígenas, originarias y afro regresaron a la calle en una masiva movilización desde plaza San Martín hasta el Parque Nacional a la Bandera.
Una geografía de fuerte carga simbólica
Fue en esa geografía de fuerte carga simbólica que se realizó un festival cultural con bandas en vivo y la lectura de una proclama elaborada colectivamente, en la que, entre otros puntos, se pide por la reglamentación de la Ley de Paridad en los medios públicos.
La alta convocatoria en calidad y cantidad de participantes la transformó en una de las más contundentes a escala nacional.
“Este año podemos marchar, seguimos exigiendo que la deuda es con nosotras, pedimos que salga la emergencia Ni una menos, es de suma urgencia que tengamos recursos desde el Estado para atender a las víctimas de violencia”, señalaron referentes de la organización feminista Mumalá.
Desde el observatorio de esa organización registran, hasta el día de hoy, 203 femicidios en todo el país.
Otras organizaciones destacaron la necesidad de “ampliar los derechos de las mujeres y decirle basta a la violencia contra mujeres y niñas”, a la vez que destacaron los trabajos hechos en “capacitaciones, concientización y sensibilización para una sociedad más igualitaria, más justa y con derechos para todos y todas”.
Pero tal vez el dato más significativo fue la participación “unitaria”, como les gusta definir a las organizadoras, del colectivo Mujeres Sindicalistas, el cual alberga, sin distinción de origen a un conjunto de trabajadoras de distintas centrales sindicales. En efecto, gremios y sindicatos, nucleados en la CTA de los Trabajadoras, CTA Autónoma y Confederación General del Trabajo (CGT), marcharon bajo la misma bandera y jugaron un rol preponderante las distintas Secretarías de Géneros de cada central sindical.
Para lxs trabajadorxs, volver a la calle a defender y conquistar derechos siempre es una alegría que renueva la esperanza. Pero mucho más si es fruto de un trabajo colectivo que, en este caso, involucró a más de ochenta organizaciones.
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