Hace tiempo que en la Argentina circulan proyectos vinculados al sector financiero. Entre éstos, reformas de entidades y gravámenes a las transacciones fueron algunos de los últimos que subrepticiamente estudió el oficialismo. Con el nuevo Congreso, algunos de esos proyectos serían retomados, aunque su tratamiento todavía no está claro dado que el impacto sobre el sistema bancario provoca resistencia en los principales actores económicos del país y divide a la oposición. Aunque por estas latitudes parecen hoy temas secundarios y postergables frente al conflicto desatado en torno al Fondo del Bicentenario y el posterior enfrentamiento entre el gobierno y el Banco Central, del otro lado del mundo, una propuesta que afecta al sistema financiero ya es firme. No tembló el presidente de Estados Unidos, Barak Obama, cuando anunció la semana pasada el Impuesto a la Responsabilidad en la Crisis Financiera con el que espera recaudar 117 mil millones de dólares y que gravará a las grandes empresas que recibieron dinero del salvataje financiero cuando explotaron los mercados. Principalmente, los mayores seis bancos del país.
“Propongo este impuesto para que se imponga a las principales empresas financieras hasta que los estadounidenses estén íntegramente compensados por la extraordinaria asistencia que le proveyeron a Wall Street”, señaló el funcionario cuando explicó el plan.
El monto que el gobierno espera recaudar, es el resultado de los nuevos costos que se estima que finalmente significará el Programa de Alivio de Activos Depreciados (Tarp) con el que el Estado intervino para salvar a entidades financieras y grandes compañía de la crisis de los últimos dos años.
El gravamen entrará en vigencia el 30 de junio y durará al menos diez años. Pero si no se recuperaron esos fondos durante ese período permanecerá vigente hasta que todo sea pagado.
En el plan no estarán incluidos los bancos comunitarios o pequeñas empresas sino las compañías con más de 50 mil millones de dólares en activos. La concentración es tan grande que se calcula que el 60 por ciento de los ingresos procederán de las diez mayores empresas financieras.
Si lo aprueba el Congreso, el impuesto afectará principalmente a Citigroup, JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs Group, Morgan Stanley y Wells Fargo. Podrían tener que pagar mil millones de dólares anuales, aunque en los casos de Citigroup y JP Morgan la cantidad se podría elevar hasta los 2.400 millones de dólares. Según el diario Wall Street Journal, hay analistas que calculan que ese impuesto podría suponer el 5 por ciento de los beneficios del sector de este año.
La cifra suena alta en los oídos de cualquier persona, pero según el WSJ, las grandes entidades financieras de Estados Unidos podrían llegar a pagar 145.000 millones de dólares a sus directivos por 2009, una cifra récord que superaría en 18 por ciento a la del año anterior. Ejecutivos, operadores de bolsa, gestores de fondos y otros responsables de las 38 mayores entidades financieras del país podrían cobrar más que en 2007, el año récord en estos incentivos.
Por esto, Obama señaló: “Mi determinación de lograr este objetivo sólo se intensifica cuando veo los informes de las enormes ganancias y bonos obscenos de las empresas que deben su existencia a los estadounidenses, las que no han sanado y continúan afrontando reales dificultades en esta recesión”.
El secretario del Tesoro de EE.UU., Timothy Geithner, ya adelantó que intentarán “ver si podemos alentar a las autoridades en otros centros financieros importantes para que hagan algo similar”. Sin embargo, en Europa la postura no es uniforme.
El presidente del Eurogrupo de ministros de Finanzas de la zona euro, Jean-Claude Juncker, dijo que si bien Obama estaba en lo correcto al proponer el plan. “Tenemos que ver en Europa si avanzamos en la misma dirección, pero creo que sería difícil tener una postura común ya que los asuntos fiscales son decididos a nivel nacional”, afirmó.
En Alemania, la canciller Angela Merkel dijo que Estados Unidos había “llevado adelante un rescate bancario mucho más extensivo. Nosotros también impusimos aranceles considerables en los beneficios que pusimos a disposición de los bancos”, dijo. Y aún cuando se manifestó a favor de un impuesto a las transacciones financieras, aclaró que espera una discusión internacional.
En Francia, la ministra de Economía, Christine Lagarde, dijo que los planes de Obama eran adecuados para Estados Unidos, pero que las medidas de Francia debían ser acordes a la situación local. El Tesoro británico, en la misma línea, dijo que Estados Unidos tenía problemas exclusivos, por lo que requería un plan diferente.
En la Argentina, aún con un escenario diferente, un avance sobre los bancos es seductor para el gobierno. Gravámenes vinculados con el sector financiero, tendrán todavía unos meses para repensarse con el inicio de las actividades legislativas.
Comentarios