El juez penal de la ciudad de San Cristóbal, Juan Gabriel Peralta, debe definir en el corto plazo si declara o no la incompetencia de la Justicia provincial en el marco de la causa que investiga la intoxicación con plomo de 21 personas, entre ellas una nena de 2 años, Xiomara Crespín, quien falleció. Todos son miembros de familias que entre 2020 y 2021 ingresaron y habitaron en el predio de una fábrica de baterías de la ciudad de Ceres que había cerrado poco más de tres años antes.
El pedido fue formulado en diciembre de 2021 por la fiscal Silvina Verney, del Ministerio Público de la Acusación de San Cristóbal, quien planteó que la causa vuelva a la Justicia federal de Rafaela, donde inicialmente se pidió el caso, se instruyó la investigación y se tomaron indagatorias. Tras esos trámites, en noviembre de 2021 se remitió todo lo actuado al MPA de Santa Fe al entender que no había competencia federal.
“Inicialmente no se contaba con elementos suficientes para descartar la hipótesis de una posible contaminación del agua de la ciudad de Ceres y, en consecuencia, debido a las cercanías con la localidad de Selva, provincia de Santiago del Estero, de una afectación interjurisdiccional de dicho recurso”, había explicado el fiscal federal Gustavo Onel.
El entuerto judicial deja en segundo plano a una saga de hechos que en el último lustro expusieron un recurrente drama social en el norte santafesino. Una fábrica que llegó a estar en la nómina de exportadores santafesinos cerrada y su locación en estado de abandono y clausurada hace un año por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático; 40 trabajadores que perdieron sus puestos en una firma que llevaba 35 años de existencia; familias sin techo ocupando construcciones en las que quedaron residuos de plomo, y una pequeña que murió por contaminación con residuos peligrosos, cuya presencia en todo el lugar comprobó un peritaje de la Policía Federal Argentina.
El sitio Aire de Santa Fe dio cuenta de que la fiscal Verney la incompetencia tras argumentar que fue el fuero federal el que en su momento tomó el caso cuando salió a luz. En esa línea el fiscal Onel pidió a la Fiscalía de San Cristóbal –que investigaba los casos de envenenamiento– y a la Fiscalía de Santa Fe capital –que abrió una investigación por el fallecimiento de Xiomara en el hospital Orlando Alassia, donde había sido trasladada por su grave cuadro– a no intervenir.
En caso de que el juez Peralta acepte los argumentos de la Fiscalía, la causa –conformada por nueve cuerpos– deberá regresar al Juzgado Federal de Rafaela, que al momento de remitir las actuaciones, en noviembre pasado, estaba subrogado por el juez Reynaldo Rodríguez de Santa Fe capital, pero ahora, también interinamente, está en manos del juez Carlos Villafuerte Ruzo, quien encabeza el Juzgado Federal de San Nicolás, en provincia de Buenos Aires.
Y el laberinto puede ser mayor: si en el fuero federal mantienen la decisión de que la investigación debe continuar en la Justicia penal santafesina, la discusión deberá ser saldada por una instancia superior común. Y las líneas corren en paralelo hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Donde hubo plomo
El caso en cuestión llegó a la Justicia tras la intoxicación de 21 personas que habitaron el predio abandonado de la fábrica de baterías Nesaglo SA. Por ese hecho, además de Xiomara otros tres niños recibieron atención en el hospital Alassia, y en total 10 en distintos centros de salud, pero a diferencia de ella lograron sobrevivir. La muerte de la pequeña ocurrió el 6 de enero de 2021.
A raíz de la muerte de Xiomara y la intoxicación de más niñas y niños se iniciaron dos causas en la Justicia provincial. Una para investigar el fallecimiento de la nena, que se tramitó en la Fiscalía de Homicidios de Santa Fe capital, y otra que apuntó a la intoxicación de otras personas que residían en el predio, que se tramitó en el MPA de San Cristóbal. En paralelo, el fiscal federal Onel inició de oficio una tercera investigación, y pidió a sus pares de la provincia que se inhibieran.
Mientras tanto, en febrero de 2021, al mes siguiente de la muerte de Xiomara, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático hizo una inspección sobre dos predios que ocupaba Nesaglo SA en Ceres y clausuró a ambos tras tomar muestras de agua, y materia sólida. E intimó a la firma a que adopte medidas de seguridad en el inmueble a fin de prohibir el ingreso de la población al mismo, “y que presente el plan de cierre” para la firma. “Del resultado de las muestras se desprende que el polvo colectado es un residuo peligroso según las normativas vigentes”, informó la cartera que conduce Erika Gonnet.
El Ministerio de Ambiente había actuado tras recibir un oficio judicial de la fiscal Verney: “Desde entonces, autoridades y equipos técnicos se pusieron en permanente contacto con el Ministerio Público de la Acusación, a disposición para prestar colaboración con la investigación”, informó la cartera. “El proceso incluyó procedimientos y contactos permanentes con la Secretaría de Niñez del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio Público de la Acusación y la Fiscalía Federal de Rafaela, todos ellos actores que avanzan en distintas líneas de acción e investigación”, completó.
Es que también el juez federal Rodríguez había dispuesto la clausura preventiva, y ordenado un peritaje a la Policía Federal. La toma de muestras se hizo en marzo de 2021 en los dos predios de la firma cerrados y en el abastecimiento de agua de Ceres. Los resultados estuvieron en junio, y revelaron presencia de plomo en las paredes y plantas del predio mayor, que había sido ocupado por familias sin techo.
“Si bien la ingesta de agua contaminada con plomo es una de las vías de entrada al organismo de este metal, no es la única, ya que también se puede tomar al aire como un vehículo para la contaminación”, marcó el informe, que determinó que la intoxicación de niños y adultos había sido por de la “inhalación y contacto físico”.
Tras recibir los peritajes, el fiscal Onel pidió la indagatoria de Mónica Ucero, quien se desempeñó a cargo de la Dirección General de Desarrollo Sustentable Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, y de dos directivos de la firma: el titular del directorio, el empresario cordobés Daniel Ochoa, y la segunda, Norma Orellano.
Ucero quedó imputada por haber permitido, “por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas”, la contaminación del predio donde funcionó la fábrica de baterías; y por no haber intimado a la empresa, cuando cerró sus puertas en 2017, a implementar el plan de cierre exigido en la legislación vigente –decreto 1.844/02– que establece el procedimiento para toda planta generadora de residuos peligrosos.
Entre otras reglas, la empresa debería haber cumplimentado “un informe que describa los posibles pasivos ambientales y métodos de remediación del lugar de generación y aledaños”; “un programa de monitoreo de suelos y aguas subterráneas” durante un tiempo prolongado acordado con las autoridades de Medio Ambiente y, en otro punto clave “la descontaminación de los equipos e implementos”, entre ellos “contenedores, tanques, restos, estructuras y otros que hayan sido utilizados o hayan estado en contacto con residuos peligrosos”.
Por ello, Ochoa y Orellano quedaron imputados por la contaminación con plomo de agua, suelo, elementos vegetales y otros elementos sólidos del predio.
Un mes después de las imputaciones, que tuvieron fecha en agosto de 2021, el fiscal federal Onel pidió declarar la incompetencia de la Justicia federal, trámite que concluyó con la remisión del caso a la Justicia provincial de San Cristóbal.
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