Dos de los cuatro policías condenados en el juicio oral por el crimen de Jonatan Herrera recuperaron ayer la libertad. Su situación se revisará el 3 y 4 de agosto cuando se realice la audiencia de apelación de la sentencia. Ayer, al tercer policía que fue sentenciado a 6 años y seis meses de prisión por homicidio culposo, el tribunal le negó el pedido de salidas semanales. Los integrantes de la Multisectorial contra la Violencia Institucional acompañaron ayer a la familia y repudiaron que no les permitieron presenciar la audiencia y pidieron el apoyo de todas las organizaciones sociales para la fecha de la audiencia de apelación.
A tres meses de la sentencia, familiares de Jonatan Herrera acompañados por organizaciones sociales volvieron a las escalinatas de los Tribunales provinciales ayer a las 10 para exigir que los condenados permanezcan en prisión. Esta movilización se debió a que los policías Luis Sosa y Francisco Rodríguez —ambos condenados a 3 años y 8 meses por abuso de arma en abril pasado— pidieron el cese de prisión preventiva por haber cumplido las 2 terceras partes de su condena en prisión preventiva. “Estando firme su sentencia podrían solicitar la prisión condicional”, detalló la defensa de los policías.
En tanto, el defensor de Ramiro Rosales, penado a 6 años y 6 meses de prisión por homicidio culposo, pidió salidas para cursar una vez por semana una carrera técnica con custodia del servicio penitenciario. Por su parte, el fiscal Miguel Moreno rechazó los planteos.
En ese marco y en la sala 2 del palacio de Justicia, el tribunal –integrado por los jueces Juan Carlos Curto, Juan José Alarcón y Rodolfo Zvala– resolvió por unanimidad rechazar el pedido de Rosales y, por mayoría con los votos de Negroni y Zvala, decidió la morigeración de la prisión preventiva para Sosa y Rodríguez, la cual consiste en firmar de forma semanal en la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), fijar residencia y la prohibición de salir de la provincia.
“A pesar de que la ley ordena que las audiencias deben ser abiertas y públicas la corporación judicial negó arbitrariamente el acceso a investigadores, universitarios, integrantes de DD.HH., sociales, gremiales, políticas, académicas y demás familiares que acompañan el pedido de justicia.
Sólo permitieron el ingreso de dos familiares directos, fuertemente custodiados por personal policial”, denunció en un comunicado la Multisectorial contra la Violencia Institucional.
“Por tratarse de una grave violación a los derechos humanos. Por el peligro de fuga y por las amenazas a la vida, a la integridad y la tranquilidad de la familia de Jonathan, seguimos exigiendo que los policías condenados cumplan efectivamente las penas recibidas”, reclamó el documento.
El caso
La tarde del domingo 4 de enero de 2015, Jonatan Herrera, de 23 años, lavaba el auto en la puerta de su casa de pasaje Villar y Ayacucho cuando escuchó tiros a unos metros, por bulevar Seguí. En el juicio oral se conoció que los policías del Comando Radioeléctrico corrían a un pibe, al que acusaban de haber asaltado una juguetería. El chico siguió por el bulevar hasta que se transformó en Villar y pasó frente a Jonatan. A los uniformados del Comando se le sumaron cuatro muchachos de la Policía de Acción Táctica (PAT). Los flamantes agentes de la PAT iban en el urbano 133 por Ayacucho, vieron acción y decidieron participar. Se juntaron las dos fuerzas y abrieron fuego. Dos plomos alcanzaron a Jonatan. El joven intentó usar de escudo un árbol, pero una tercera bala hizo blanco en su cabeza y lo mató.
El 6 de abril pasado se conoció la sentencia del tribunal integrado por los magistrados Juan Carlos Curto, Juan José Alarcón y Rodolfo Zvala, donde dictaminaron que para la única policía del Comando, Gladys Beatriz Galindo, de 36 años, quien llegó acusada de homicidio calificado, el tribunal resolvió la absolución por unanimidad. El agente de la PAT Ramiro Rosales, de 27, fue condenado a 6 años y 6 meses de prisión por homicidio culposo y Francisco Rodríguez, de 21; Luis Sosa, de 24, y Alejandro Gálvez, de 22, fueron condenados a 3 años y 8 meses por abuso de armas agravado.
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