Dos abogadas fueron condenadas por estafar a la Justicia. Las letradas aceptaron su responsabilidad mediante un juicio abreviado. Ambas fueron sentenciadas a penas de ejecución condicional y entre las dos deberá pagar casi 5 millones de pesos en distintos conceptos. Una de ellas había cometido 91 estafas procesales y además adulteró boletas de iniciación de juicios, pagarés, formularios de la API y un presupuesto. La otra reconoció haber cometido siete defraudaciones. Además fueron inhabilitadas para ejercer la profesión por varios años.
Las letradas tenían su estudio en la localidad de Rafaela, eran socias. Una fue acusada de cometer 91 estafas procesales y la otra 7. Realizaron distintas defraudaciones dentro de los procesos judiciales en los que participaban en los fueron civil, comercial y circuito de Rafaela.
La investigación inició con una denuncia que se radicó en la Cámara Civil de Rafaela, ello derivó en un relevamiento de expedientes de distintos juzgados donde habían intervenido las letradas. La fiscal Gabriela Lema explicó que “entre 2016 y 2019, las dos abogadas iniciaron juicios ejecutivos en los que denunciaban como domicilio de sus demandados el domicilio de Romera (una de las letradas condenadas) y otros que no correspondían”. En tal sentido, indicó que “las condenadas lograron que, en reiteradas oportunidades, los procesos judiciales continuaran luego de haber sido declarada rebelde la parte demandada, a la que se había notificado en el domicilio de una de las condenadas”.
“De esta manera, los jueces emitieron resoluciones judiciales en las que disponían embargos de sueldos, inhibiciones y/o sentencias ejecutivas de sumas de dinero que perjudicaban a los demandados”, señaló la fiscal. “Es decir, a través del engaño a la administración de Justicia, ocasionaron perjuicios económicos injustificados a las personas demandadas”, sostuvo.
La letrada que generó más estafas procesales cometió los delitos contra personas físicas y también contra la Administración Provincial de Impuestos, la Caja de Seguridad Social de Abogados y Procuradores, la Caja Forense de la Primera Circunscripción Judicial y el Colegio de Abogados de la Quinta Circunscripción, dijo la fiscal.
Lema puntualizó que “en todos los casos realizó maniobras con las que adulteró boletas de iniciación de juicios, pagarés, formularios de la API y un presupuesto, siempre en el marco de procesos judiciales que ella misma iniciaba”.
La funcionaria contó que “se realizaron diversas diligencias que permitieron aportar gran evidencia de lo ocurrido” y agregó que “en ese marco, las condenadas admitieron haber cometido los ilícitos” y firmaron un acuerdo abreviado.
Condenadas
Las abogadas fueron identificadas como Juliana Inés Odetto y Analía Verónica Romera, ambas de 40 años. La primera fue condenada a tres años de prisión de cumplimiento condicional y una inhabilitación especial para ejercer la abogacía por 10 años. Además, deberá indemnizar a nueve víctimas, cinco de ellas instituciones, por un total de 900 mil pesos. También fue obligada a hacer una donación de 1 millón de pesos al hospital Jaime Ferré de Rafaela, pagar 2.070.000 pesos en concepto de gastos al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y 30 mil pesos de multa.
Mientras que Romera, a quien le comprobaron la comisión de siete hechos, fue condenada a un año de prisión de ejecución condicional. Además se le impuso una inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión por el mismo lapso. La letrada deberá donar 450 mil pesos al hospital Jaime Ferré, pagar 400 mil pesos en concepto de gastos y 50 mil pesos de indemnización al Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe.
El acuerdo fue presentado por las partes y en una audiencia de procedimiento abreviado que fue homologado por la jueza Cristina Fortunato.
“La importancia de esta condena es que pudimos poner en evidencia las maniobras procesales fraudulentas que realizaban las dos abogadas y que ocasionaban un gran perjuicio a la administración pública y al sistema de Justicia santafesino”, remarcó Lema. “También son muy significativos los montos que deberán abonar en concepto de donación, de indemnización y para pagar los gastos generados en el marco de la investigación”, concluyó la funcionaria.
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