Tras el escándalo Tognoli, los diputados provinciales del sub-bloque 100% Santafesino reclamaron la conformación de una comisión investigadora para colaborar con el esclarecimiento del hecho. “Tenemos la responsabilidad política de exigir explicaciones al gobierno provincial”, explicó el presidente del sub-bloque Germán Kahlow, quien aludió a la posibilidad que brinda el reglamento de la cámara para constituir comisiones especiales –con representantes de todas las fuerzas parlamentarias– dedicadas a la investigación de hechos concretos, en este caso: los vínculos entre la Policía y las redes de trata y narcotráfico.
Desde el sub-bloque que responde al diputado nacional justicialista Oscar “Cachi” Martínez emitieron ayer un comunicado en el que cuestionaron la política de seguridad del Frente Progresista y pidieron poner en marcha una comisión que investigue el caso.
“De manera urgente debemos hacer uso de las facultades conferidas por el reglamento interno de la Cámara de Diputados, en sintonía con lo previsto por la Constitución provincial, y crear una comisión especial para investigar estos hechos y las responsabilidades que le caben a cada uno, ya que la situación reviste un carácter de gravedad institucional sin precedentes en nuestra provincia”, argumentaron.
“Estamos convencidos de que debemos tomar la intervención que la Constitución y el pueblo santafesino nos exigen, en pos de llegar hasta el fondo con esta investigación y hacerle conocer a los ciudadanos la verdad de este escándalo institucional de proporciones máximas”, añadieron en el comunicado los diputados Kahlow, Marcela Aeberhard y Darío Vega, para quienes el gobierno provincial intenta “desviar culpas” al señalar las responsabilidades de la Nación.
“Hasta ahora nadie asume la responsabilidad política de haber nombrado a Hugo Tognoli como el responsable máximo de velar por nuestra seguridad, de haberlo sostenido y de no haberlo investigado y removido, a sabiendas de las sospechas y denuncias que giraban en torno a su accionar. Ante este vendaval que azota la institucionalidad de la provincia, la acción del Ejecutivo fue el silencio en primera instancia y luego las palabras de un presuroso y desatinado ministro de Gobierno que solicitó no hacer especulaciones políticas con el tema, siendo él mismo quien debía dar las respuestas políticas e institucionales que necesitan los santafesinos”, concluyeron.
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