La Cámara de Diputados tratará hoy el proyecto de ley ómnibus que establece el pago de sentencias a favor de jubilados y un régimen de blanqueo de capitales, al que el oficialismo espera darle media sanción con respaldo de legisladores opositores.
Se prevé que la sesión, convocada para las 11, será maratónica por la gran cantidad de oradores, y que incluso podría extenderse hasta la madrugada de mañana.
El interbloque Cambiemos –que reúne a las tres principales fuerzas de la alianza de gobierno, el PRO, la UCR y la Coalición Cívica-ARI– y cuenta con 87 diputados, garantizó el apoyo a la iniciativa de la Casa Rosada por parte de los bloques que lideran los peronistas Sergio Massa (36 bancas) y Diego Bossio (17).
El oficialismo reuniría el número suficiente para que el proyecto obtenga la media sanción, pese a que la primera minoría de la Cámara baja, el bloque del Frente para la Victoria-PJ (87 diputados), votaría en contra.
El denominado programa de reparación histórica para jubilados y pensionados establece el pago de la deuda de vieja data que el Estado mantiene con trabajadores pasivos por la falta de actualización de sus haberes conforme marca la ley, y a partir de distintos fallos de la Corte Suprema.
El mecanismo durará tres años, pero su vigencia podrá ser prorrogada por el Congreso por otros tres, aunque el gobierno de Mauricio Macri prevé pagar en dos años la deuda con 2,4 millones de jubilados.
De ese universo de jubilados, hay tres grupos: quienes ya tienen sentencia firme a su favor por planteos judiciales sobre la falta de actualización de sus haberes; quienes le iniciaron juicio a la Ansés pero aún no obtuvieron fallo, y quienes están en condiciones de reclamar el pago de la deuda pero no realizaron ninguna acción judicial.
Según el dictamen, los del primer grupo tendrán una mejora en sus haberes mensuales del 50 por ciento (es decir que si cobran 10.000 pesos, una vez homologado el acuerdo para el pago de la deuda pasarán a cobrar 15 mil); los del segundo grupo, del 40 por ciento, y los del tercer grupo, del 35 por ciento.
El Estado hará frente a estas erogaciones con el Fondo de Sustentabilidad de Garantía (FGS) que está compuesto por una serie de activos que suman en la actualidad 770 mil millones de pesos, mientras la deuda por sentencias firmes alcanza a 50 mil millones de pesos, a la que se añade un flujo anual de 75 mil millones.
Una segunda fuente principal para el pago de la deuda previsional será lo recaudado por el régimen de blanqueo de capitales, que es el otro gran capítulo de esta ley ómnibus y el argumento oficial para unificar esas normas.
La pauta de recaudación del blanqueo de capitales que maneja el ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay es de 20 mil millones de dólares, aunque estiman que podrían recaudar aún más.
El proyecto crea, además, la pensión universal para la vejez, que supone el 80 por ciento del haber mínimo jubilatorio para todas las personas mayores de 65 años, siempre que no cobren jubilaciones ni pensiones.
La ley ómnibus cuenta con un anexo en el que se formaliza el acuerdo firmado entre el Ministerio del Interior y los gobernadores para la devolución del 15 por ciento de la coparticipación federal que la Nación les retiene a las provincias para financiar la Ansés.
La iniciativa también autoriza a vender acciones que la Ansés tiene en empresas privadas. Estas acciones representan el 9,2 por ciento del FGS y el organismo previsional podrá vender siempre y cuando la porción no baje del 7 por ciento; por debajo de ese 7 por ciento, deberá pedirle autorización del Congreso.
El proyecto también establece un mecanismo de pago del Estado nacional de una deuda que mantiene con 13 provincias que transfirieron sus cajas previsionales a la Ansés durante los años 90 y una moratoria para las restantes 11 provincias que sí transfirieron sus cajas previsionales y que mantienen un pasivo con la Nación en concepto de aportes patronales.
Vacantes en la Corte
Cambiemos realizará hoy una sesión especial destinada a aprobar los pliegos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz para cubrir las vacantes en la Corte Suprema, en momentos en que se mantiene la expectativa sobre si podrá conseguir los dos tercios necesarios. El titular provisional del Senado, Federico Pinedo, se mostró confiado en que el oficialismo reunirá los votos necesarios para colocar a Rosatti y Rosenkrantz en el máximo tribunal y explicó que se efectuará “un tratamiento conjunto y una votación por separado” para cada uno. Si bien el oficialismo dice tener el respaldo para avanzar con las dos designaciones, todavía hay senadores de la oposición que están en duda.
Contra Gils Carbó
Magistrados, juristas y académicos criticaron ayer en Diputados que la reforma del Ministerio Público Fiscal enviada por el gobierno establezca la creación de cuatro subprocuraciones por fueros, por considerar que “atentan contra los principios jerárquicos del organismo”, conducido por Alejandra Gils Carbó, y buscan “debilitarlo”. En un plenario de las comisiones de Justicia, de Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda, una veintena de especialistas brindó este martes su opinión sobre el proyecto de ley enviado por el gobierno de Mauricio Macri, que pretende limitar del poder de la procuradora general de la Nación, Gils Carbó, a quien considera una militante kirchnerista.
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