Carina Ortiz
Entre la noche del jueves 2 de junio de 2016 y la mañana siguiente se produjeron una serie de allanamientos en Rosario. Los objetivos eran un privado, como también se denomina a los prostíbulos, que funcionaba un departamento céntrico y varios hoteles 4 estrellas en los cuales se requería los servicios de trabajadoras sexuales a través de algunos conserjes. Todos ellos, diez, fueron imputados y recuperaron la libertad previa fianza, aunque quedaron vinculados con la investigación. Este viernes el caso tuvo un punto de inflexión. Siete de los empleados de hoteles aceptaron una probation, lo que suspenderá el juicio en su contra por un año, en el que deberán cumplir reglas de conducta, entre ellas tareas comunitarias. También se comprometieron al pago de una reparación económica a las víctimas. Mientras que la madama y el custodio fueron condenados a 5 años de prisión por facilitamiento y explotación económica agravada de la prostitución. Se llegó a la sentencia a través de un procedimiento abreviado. Lo que llamó la atención fue la modalidad que acordaron las partes. Para la regente –que está embarazada– arresto domiciliario y para el hombre: durante los primeros 6 meses prisión efectiva con salidas laborales y, si cumple con el voto de confianza, logrará una detención domiciliaria. El dúo también ofreció reparar a las trabajadoras explotadas.
Siete muchachos de clase media, bien vestidos y prolijamente peinados se sentaron en la sala de audiencia en la mañana de este viernes. Como eran muchos, los ubicaron en el sector dispuesto para los familiares de los imputados. Escucharon atentamente. En total son 10 los conserjes involucrados, aunque los otros tres están en proceso de lograr una suspensión del juicio a prueba como sus compañeros de causa.
Escándalo
Todos ellos quedaron involucrados en un escándalo cuando, a mediados del 2016, una investigación destapó el vínculo de estos hombres con un privado, donde cuatro mujeres ejercían la prostitución. Ellos eran el nexo con los huéspedes que requerían los servicios sexuales de las trabajadoras en sus habitaciones de hotel. El privado funcionaba en un departamento de Dorrego al 400 y era regenteado por una mujer y su marido, quien hacía las veces de custodio. Las trabajadoras eran trasladadas en taxi, les proveían de profilácticos y a cambio se quedaban con el 50 por ciento de lo que cobraban a los clientes.
Las denuncias sobre el funcionamiento del lugar llegaron en masa a la línea 145. A lo que siguió una tarea de inteligencia investigativa y la obtención del número de celular que se usaba para acordar las citas. La intervención de ese teléfono brindó la información necesaria para realizar varios allanamientos.
La noche del 2 de junio de 2016 se allanó la casa de la pareja y el departamento céntrico, donde fueron identificadas cuatro mujeres, mayores de edad, trabajando. También se secuestraron 19.520 pesos y un arma de fuego. Durante la madrugada, los procedimientos siguieron en los hoteles de cuatro estrellas, donde la Policía detuvo a gran parte de los conserjes.
Prostitución
Los diez empleados fueron imputados como coautores de promoción y facilitamiento de la prostitución, además de explotación económica del ejercicio de la prostitución, agravado por el ánimo de lucro. Los conserjes recuperaron la libertad, previo pago de una fianza de 10 mil pesos cada uno. Mientras que sólo la mujer logró una morigeración de prisión mediante un arresto domiciliario.
En el banquillo
Este viernes siete de los diez conserjes involucrados accedieron a una probation. La fiscal Alejandra Raigal explicó que, con el correr de la investigación, pudo determinar que el aporte que realizaban los conserjes no era esencial, ya que si no eran ellos podían ser otros los nexos, y re encuadró la participación de los hombres en un aporte secundario. Pidió la suspensión del juicio a prueba durante un año, tiempo en el cual los hombres deberán cumplir reglas de conducta: fijar domicilio, someterse al control pos penitenciario y realizar tareas comunitarias: siete de ellos lo harán en centros religiosos, 4 horas semanales.
Además ofrecieron entregar a las víctimas el dinero de la fianza que se encuentra depositado, por lo que se repartirá a las trabajadoras la suma de 70 mil pesos.
El planteo fue admitido por el juez José Luis Suárez, quien agregó a las reglas de conducto el no acercarse a menos de 200 metros a las víctimas y evitar contacto con ellas por cualquier medio.
Juicio abreviado
En la misma jornada, Ramona Torres y Walter Ironichi, la madama y el custodio del privado, aceptaron un juicio abreviado. La fiscal Raigal y el defensor Nazareno Bravo acordaron una condena de 5 años para el dúo por los delitos de promoción y facilitamiento de la prostitución y explotación económica del ejercicio de la prostitución agravado por el ánimo de lucro, además de la portación de arma. Lo que llamó la atención fue la modalidad. Para la mujer arresto domiciliario y para el hombre acordaron durante los primeros 6 meses salidas laborales, de lunes a viernes, para trabajar en una forrajería. Si cumple las reglas durante el semestre accederá a un arresto domiciliario.
Además, convinieron que el dinero secuestrado, más otros 480 pesos para redondear la suma en 20 mil de la misma moneda, se repartirá entre las víctimas a modo de reparación.
El juez Suárez explicó que la modalidad está fuera de los parámetros habituales; aun así y teniendo en cuenta el fin de la pena y una interpretación amplia de la norma resolvió homologar el acuerdo.
