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Dictan sentencia al último presidente de la dictadura

A Bignone lo acusan por privaciones ilegales de la libertad y tormentos en la megacausa Campo de Mayo.

El Tribunal Oral Federal número 1 de la localidad bonaerense de San Martín dará a conocer hoy la sentencia en el juicio oral que se sigue contra el ex dictador Reynaldo Bignone –último presidente de facto de la dictadura– y otros seis imputados, por delitos de lesa humanidad cometidos en jurisdicción de Campo de Mayo.

Bignone y los otros acusados, entre los que se cuentan los ex jerarcas de la dictadura Santiago Omar Riveros y Fernando Verplaetsen, tendrá a partir de las 9.30 la posibilidad de decir las últimas palabras de descargo, antes que se dé a conocer la sentencia alrededor de las 16.30.

A los ex militares y un ex oficial de la Policía Bonaerense se les imputan los delitos de allanamientos ilegales, privaciones de la libertad e imposición de tormentos en perjuicio de 56 víctimas, durante los años 1976 a 1978, ocurridos en el centro clandestino de detención que funcionaba en dependencias de Campo de Mayo.

En el juicio oral, que se inició en noviembre pasado, prestaron declaración testimonial más de 100 personas. El Tribunal está integrado por los jueces Marta Milloc, Héctor Sagretti y Daniel Alberto Cisneros.

En este juicio aparecen como imputados la casi totalidad de los ex militares con mando en la guarnición e institutos castrenses dependientes en lo que se conoce como la megacausa de Campo de Mayo.

Además de Bignone, Riveros (ex comandante del Comando de Institutos Militares), Verplaetsen (ex jefe del Departamento de Inteligencia), están imputados Carlos Alberto Tepedino (ex jefe del Batallón de Inteligencia 601 del Estado Mayor General del Ejército durante 1978) y Jorge Osvaldo García (ex director de la Escuela de Infantería). También fueron juzgados Eugenio Guañabens Perelló (ex director de la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate General Lemos) y Germán Montenegro (comisario de Bella Vista en 1977).

La Fiscalía pidió 25 años de prisión para Bignone, Riveros y Verplaetsen, y de 20 para Tepedino. Además, solicitó condenas de 14 años para García, de 12 a Perelló y de 2 a Montenegro. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió el máximo para todos. Y la querella, en representación de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, reclamó 50 años de prisión para Bignone, Riveros, Tepedino, Verplaetsen y García. En todos los casos, solicitó se considere a los delitos como parte de un obrar genocida.

Ratificaron denuncia contra jueces.

La secretaria de Derechos Humanos bonaerense, Sara Derotier de Cobacho, y María Isabel Chicha Chorobik de Mariani, cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, ratificaron ayer su denuncia contra jueces que intervinieron en la entrega de niños en adopción durante la última dictadura militar.

Las mujeres ratificaron ante el juez federal Norberto Oyarbide su denuncia contra el integrante de la Cámara Nacional de Casación Penal Wagner Gustavo Mitchell, el juez del Tribunal Oral en lo federal número 6 José Martínez Sobrino y contra el ex magistrado José Domingo Allevatto.

El patrocinante de la presentación es el abogado Alejo Ramos Padilla, quien reveló que también se le pidió a Oyarbide la “intervención de los tres juzgados de menores donde se tramitaban expedientes por abandono a través de los cuales se podrían haber consolidado las privaciones de la identidad de un centenar de niños nacidos cuando sus madres estaban en ilegal cautiverio”.

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