Durante 2011, los acusados por delitos de lesa humanidad sometidos a juicio sumaron 193, siendo la mayor cantidad desde la recuperación de la democracia, con 84 represores condenados, 8 absueltos y 104 que continúan en el banquillo. Además, se avanzó en la investigación sobre la complicidad civil con la dictadura y tres hijos de desaparecidos recuperaron su identidad durante este año que termina mañana.
Entre los hechos más significativos se destacan la condena al marino Alfredo Astiz, la sentencia a cárcel común al ex dictador Jorge Rafael Videla y el fallecimiento del símbolo de la represión en Tucumán, Antonio Domingo Bussi, el mismo día en que se debía iniciar un proceso en su contra.
Según el informe dela Unidad Fiscalde Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos, se visualiza “una consolidación del proceso de juzgamiento en casi todo el país”.
El relevamiento detalla que en el transcurso de 2011 concluyeron 21 juicios, en los que se condenó a 84 personas, y que entre 2007 y 2011 se registra “un total de 799 personas procesadas, de las cuales más del 60 por ciento ya tiene alguna causa en etapa de juicio o cuenta con requerimiento fiscal de elevación a juicio”.
Sin embargo, en el informe dela Unidad, a cargo del fiscal Jorge Auat y que coordina Pablo Parenti, se advierten “demoras en el ámbito dela Cámara Nacionalde Casación Penal para la revisión de los tribunales orales”, y que la etapa de instrucción que se observaba como principal problema a sortear “comienza a superarse en casi todo el país”.
“El proceso de juzgamiento aún presenta aspectos que deben profundizarse y a los que es necesario prestar mayor dedicación”, indican y ponen como ejemplo el rol de los funcionarios judiciales que actuaron durante el terrorismo de Estado, tarea que “ha comenzado hace muy poco” con el juicio político a magistrados vinculados con la represión como los jueces mendocinos Luis Miret y Otilio Romano.
Sobre la situación de los detenidos, el informe resalta que a lo largo del año “no se han registrado casos de personas detenidas en unidades militares” como ocurría cuando fueron reabiertas las causas de lesa humanidad.
“De las 593 personas detenidas, el 50,5 por ciento se encuentra en unidades penitenciarias, el 39,9 por ciento en detención domiciliaria, 3,8 por ciento en dependencias de fuerzas de seguridad (provinciales o nacionales), y un 0,2 en hospitales”, detalla el informe.
Tambiénla Unidadtrabajó en el seguimiento de los casos de violencia sexual ocurridos durante el terrorismo de Estado y elaboró un documento con consideraciones sobre el juzgamiento, concluyendo que “no resulta correcto subsumir los abusos sexuales solamente en la figura de tormentos, como se ha realizado en algunos pronunciamientos judiciales”.
“Los abusos sexuales cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil son crímenes contra la humanidad y así se los debe considerar más allá de la frecuencia, sistematicidad o generalidad con que hayan ocurrido”. En otro punto, el informe subraya que a lo largo del año “se ha sostenido la tarea de búsqueda y análisis de documentación ubicada en el Archivo Histórico dela Armada” para permitir identificar y remitir a las fiscalías que lo requieren tanto legajos personales como actuaciones de tribunales militares. En la misma línea, se señalan los archivos de Prefectura Nacional, que permitieron identificar elementos probatorios para investigaciones sobre los “vuelos de la muerte”.
“La documentación obtenida permite advertir la importancia que podría tener acceder a los archivos de las fuerzas de seguridad federales (Policía, Gendarmería y Prefectura) de las diferentes delegaciones del interior del país”, remarca al mismo tiempo que menciona la importancia de la documentación aportada por el Ministerio de Defensa a las fiscalías.
Por otra parte, durante 2011 recuperaron su identidad tres hijos de desaparecidos: en abril las Abuelas de Plaza de Mayo encontraron a la nieta 103, hija de Cecilia Beatriz Barral y Ricardo Horacio Klotzman, desaparecidos el 2 de agosto de 1976 en la ciudad de Rosario.
En tanto, también en abril, las Abuelas anunciaban la confirmación del asesinato de Liliana Ross, embarazada de cinco meses y medio, y con ello la muerte de su hijo o hija, quien fue el caso 104, confirmándose que el embarazo no llegó a término. Finalmente, en agosto Laura Reinhold Siver recuperó su identidad y su historia como hija de Susana Leonor Siver y Marcelo Carlos Reinhold, nacida en febrero de 1978, por cesárea, en el Hospital Naval.
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