En el marco de una investigación desarrollada por la Fiscalía Federal de San Luis, a cargo de Cristián Rachid, se detuvo e indagó a un piloto de Turismo Carretera acusado de ser el jefe y organizador de una agrupación destinada a cometer delitos de evasión tributaria a través de la emisión de facturas apócrifas y la inscripción de personas insolventes como contribuyentes ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entre 2014 y 2018.
Según El Diario de la República de San Luis, se trata de el piloto de automovilismo Ariel Balmaceda, quien fue detenido e indagado a fines de diciembre por el juez federal de San Luis Juan Esteban Maqueda como presunto líder de una asociación ilícita fiscal que, a través de facturas truchas, habría evadido el pago de unos 800 millones de pesos en concepto de impuestos. Balmaceda está privado de la libertad, a la espera de que el magistrado resuelva si lo procesa. La pretensión del fiscal federal Rachid, que había pedido el arresto y llamado a indagatoria del corredor de autos, es que éste continúe preso hasta el juicio con prisión preventiva.
A partir de las constancias presentadas por la AFIP y en legajos aportados a la causa, se pudo establecer la existencia de una organización liderada por el corredor destinada la generación y comercialización de facturas apócrifas (que documentaban operaciones inexistentes), a su vez destinadas a favorecer la evasión de impuestos por parte de sus usuarios mediante el cómputo de créditos fiscales y gastos espurios indebidos, respaldados con documentación impositiva falsa. La agrupación confeccionaba facturas, remitos, recibos y demás documentación contable, que luego comercializaba a gran escala a casi dos mil usuarios.
La escala y el alcance de la organización fue tal que extendió sus tareas por distintas provincias del país, lo que facilitó –de manera sostenida en el tiempo– evasiones tributarias multimillonarias. También ofrecían la generación e inscripción de contribuyentes apócrifos –sociedades fantasmas o personas insolventes que no desarrollaban las actividades declaradas– a cuyo nombre se emitía documentación impositiva falsa luego comercializada. Según la intervención judicial, el imputado aprovechó la fachada de su actividad laboral como piloto automovilístico y sus vínculos y contactos sociales para extender su actuación interjurisdiccional.
Según el portal Fiscales, la organización funcionaba en las oficinas Balmaceda, en la ciudad de San Luis, en donde trabajaban otras cuatro personas que efectuaban el trabajo administrativo de su actividad ilícita, como la generación de contribuyentes apócrifos, la confección de sus balances y declaraciones juradas y trámites pertinentes a su inscripción y existencia meramente formal. También eran los encargados de recibir los pedidos de facturación falsa, su registro, remisión y seguimiento para la liquidación y el cobro de las comisiones por el trabajo realizado.
La organización contaba con un importante grupo de intermediarios en las provincias de San Luis, Córdoba, Mendoza, San Juan, Buenos Aires, Río Negro y Neuquén, gracias a los cuales los productos se ofrecían y demandaban a gran escala.
En lo referido a su modus operandi, se detectó que la organización buscaba terceras personas para hacerlas figurar como integrantes de sociedades falsas, o para inscribirse como contribuyentes apócrifos a cambio de una suma de dinero, aprovechándose de sus necesidades económicas. Así, se creaban e inscribían ante la Administración Federal de Ingresos Públicos empresas falsas integradas por personas insolventes, a quienes luego se les realizaba el trámite correspondiente para la emisión de facturas tipo A. Luego se confeccionaba toda la documentación necesaria para llevar a cabo la actividad, se solicitaba la impresión de los talonarios a imprentas y luego se confeccionaba facturas manuales mediante programas de diseño, o bien de manera electrónica en la web de AFIP. Por último, se ofrecía y vendía los comprobantes a distintos clientes, ya fuera a través de su jefe o bien vía intermediarios.
Por las ventas realizadas, los miembros de la organización cobraban a sus clientes entre un quince y un treinta y cinco por ciento del crédito fiscal espurio generado con las facturas. De ese porcentaje, el líder percibía entre el cuarenta y el sesenta y dos por ciento, mientras que los intermediarios que conseguían clientela recibían entre el cuatro y el cincuenta y siete por ciento. Según la División Investigación de la Dirección Regional Mendoza, la organización emitió facturas electrónicas por un total de más de mil ochocientos sesenta y siete (1.867.836.339) millones de pesos, con un perjuicio fiscal al IVA discriminado de más de trescientos diecinueve millones, a la que debe sumarse una cantidad aún mayor en perjuicio del Impuesto a las Ganancias. Atento a la cantidad de talonarios manuales encontrados en allanamientos, el perjuicio fiscal será incluso mayor.
Los contribuyentes usuarios de facturas apócrifas ascenderían a la fecha a mil novecientos treinta y siete, mientras que los contribuyentes apócrifos detectados son, por el momento, sesenta y cinco. Por ello, se solicitó la indagatoria de todos los acusados de integrar la asociación ilícita fiscal.
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