El Gobierno nacional derogó un decreto dictado por la administración del ex presidente Mauricio Macri que habilitaba la importación de basura al país. El anuncio fue publicado este viernes en el Boletín Oficial y establece un plazo de 180 días para que el Ministerio de Ambiente y de Desarrollo Sostenible formule una nueva propuesta. Desde esa cartera revelaron que en los tres meses en que estuvo vigente el decreto de Cambiemos se importaron al país 40 mil toneladas de desechos.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, dijo en declaraciones radiales que “la derogación tiene mucha importancia. Tenemos una situación bastante indigna con los basurales a cielo abierto y un mal tratamiento de la basura en general y ese decreto era un despropósito”.
Además, remarcó que “no había razón alguna para importar residuos” y que en los tres meses que la norma estuvo en vigencia “ingresaron 40 mil toneladas de residuos” como cartón corrugado, papel, caucho. “Era indigno y era la puerta de entrada a importar residuos peligrosos”, concluyó.
El decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial es el 148/2020, que formalizó la decisión de anular el decreto 591/2019, emitido por el ex presidente Macri un mes antes de concluir su mandato, que sembró un sinfín de cuestionamientos de organizaciones ambientalistas y socioambientales, como los cartoneros, un eslabón importantísimo en la gestión y reciclado de residuos que, con la autorización para ingresar al país residuos para incorporar a la matriz productiva, vieron reducidos sus mercados.
La normativa de Macri habilitaba la importación de basura de otros países siempre que esta se incorporara al proceso productivo, es decir, siempre que se le diera un fin específico y que existiera un mercado. Pero a diferencia de la legislación anterior, eliminaba la exigencia de un certificado de inocuidad sanitaria emitido en el país del cual proviniera la basura, y trasladó los controles a la Argentina, aunque no especificaba cuáles son los procedimientos o requisitos necesarios para determinar que los residuos importados no fueran peligrosos.
“La ausencia de una exigencia en tal sentido constituye un retroceso en materia ambiental que coloca a nuestro país en una situación de riesgo ante el posible ingreso de residuos peligrosos”, dice en este sentido el decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial.
Además, remarca que del decreto ahora derogado “no se desprende criterio alguno que permita determinar qué se entiende por valorización de residuos y se estima que es fundamental, a los efectos de su interpretación, contar con una definición en tal sentido”, dice, respecto de los controles a ejercer en la Argentina sobre la inocuidad o no de los residuos que lleguen al país para su potencial importación.
“El Decreto Nº 591/19, lejos de alinearse con los presupuestos de la gestión integral de los residuos en el marco de una economía circular, implica reducir el nivel de protección que el artículo 41 de la Constitución Nacional y la normativa dictada en la materia confieren al ambiente al flexibilizar el ingreso al país de sustancias u objetos obtenidos a partir de la valorización de residuos”.
Desde la organización ambientalista Greenpeace celebraron la medida y remarcaron que además de ir en contra de la Constitución Nacional, el decreto Macri también era ilegal bajo el derecho internacional y suponía un riesgo para el ambiente, la salud y las fuentes de trabajo asociadas al reciclaje.
El flamante decreto del presidente Alberto Fernández destaca la necesidad del dictado de una nueva normativa que “promueva una gestión integral de los residuos en el marco de una economía circular, cuya propuesta surgirá del trabajo conjunto entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Desarrollo Productivo”.
En tal sentido, la normativa habla de la necesidad de “la promoción de los residuos que se generan en nuestro país como insumo para procesos industriales” como uno de los lineamientos centrales “que el desarrollo de una política nacional en la materia no puede soslayar”.
La nueva normativa estipula que la propuesta deberá ser elaborada en un plazo máximo de 180 días posteriores a la entrada en vigencia del decreto.
Además, remarca que “la problemática vinculada a los residuos en nuestro país requiere la adopción urgente de medidas que tiendan a evitar su generación y, cuando ello no sea posible, promuevan su gestión integral y fomenten el recupero, el reciclado y la valorización”.
Comentarios