Las nueve personas de nacionalidad boliviana que fueron “rescatadas” de un taller textil donde eran explotadas y vivían, ubicado en barrio Tablada, tras una denuncia por trata laboral, aún siguen con sus padecimientos. Es que las víctimas no pudieron volver a ese lugar, que quedó más de un día sin custodia y –según denunciaron desde el Ministerio de Justicia santafesino en base al relato de vecinos– habría sido saqueado por un grupo de personas.
El caso se conoció miércoles a la mañana luego de una larga investigación que comenzó en octubre de 2014 tras una denuncia por trata laboral de personas.
Ese día personal de la Policía Federal allanó una vivienda ubicada en Dean Funes 62 bis alrededor de las 7 y encontró en el lugar seis mayores y tres menores, todos de nacionalidad boliviana, trabajando de manera ilegal en la confección de ropa para reconocidas marcas.
Tras el operativo, quedó detenido un matrimonio, imputado por ser los responsables del taller. Ambos fueron trasladados al Juzgado Federal Nº 3, que intervino en el caso.
En tanto, las víctimas fueron llevadas ese miércoles a la Fiscalía, donde dieron las testimoniales acompañadas por integrantes de la oficina de rescate del Ministerio de Justicia de la Nación. Tras eso, se pidió colaboración a la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia, quién se hizo cargo de ellos.
Lo cierto es que luego de ser “rescatados”, las nueve personas no pudieron liberarse de sus padecimientos.
Ricardo Lamas, responsable de los Centros de Asistencia Judiciales (CAJ), dependiente de la cartera santafesina, relató que cuando se puso en contacto con las víctimas éstas le mostraron cierta preocupación por no poder volver al taller donde también habitaban debido a que lo habían clausurado.
“Ya desde ese primer momento se comenzó a rumorear que habían ingresado al lugar y les robaron sus pocas pertenencias, lo que incluye un televisor, la heladera y algo de dinero, entre otras cosas”, mencionó Lamas.
“Tras eso, desde el mismo jueves a la tarde me avoqué a averiguar y pude comunicarme con el secretario del fiscal que interviene en el caso para preguntar si la vivienda había quedado custodiada. Y me dijo que no. Es increíble. Se rescataron personas pero después no se cuidaron sus pocos intereses. Esto es algo que tiene que saberse; la casa no se custodió y a éstas personas les habrían robado”, denunció luego con notoria bronca el funcionario.
Lamas explicó que pudo conseguir un oficio judicial y ayer a las tres de la tarde fue hasta la vivienda ubicada en barrio Tablada, pero no pudo entrar.
“Las llaves que tenían los policías que nos acompañaron no sirvieron porque el lugar estaba cerrado ahora con una cadena con candado. Fue ahí que los vecinos nos dijeron ya en la cara que entró a robar gente y se llevaron un montón de cosas. Dejamos constancia de ese testimonio de los testigos en el acta. Estas personas rescatadas se quedaron sin casa, trabajo y sus pertenencias. Aparecen en los medios cómo las pobres víctimas y la intervención del Estado termina provocándoles un daño mayor. Cuando se informó esto quedó como un operativo exitoso. Pero lo del robo tiene que saberse también”, sentenció el funcionario santafesino.
Lamas dijo que las personas de nacionalidad boliviana están ahora alojadas en un hotel. Y allí seguirán durante el fin de semana. “Les hemos conseguido unos pesos ya que no pudieron sacar nada de la casa. Solo algo de ropa”, explicó el letrado.
Conmoción
Cuando el caso se conoció el jueves causó gran conmoción. Los investigadores detallaron que el matrimonio imputado pagaba a las víctimas entre 3 y 6 pesos por hora de trabajo, monto al que se le descontaban los viáticos y el “alquiler” por residir en el lugar, sumado a que los rescatados no poseían la llave de la casa y sólo podían salir o ingresar con aviso previo.
La vivienda, por su parte, se encontraba en pésimas condiciones edilicias y con una precaria instalación eléctrica que hacía peligrar la integridad de los residentes.
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