El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, anunció este viernes que, por instrucción del presidente Alberto Fernández, presentó una denuncia penal en la justicia para que “se investigue” al ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, actualmente en uso de licencia, por los presuntos delitos de “incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado”.
“Por instrucción del presidente presenté una denuncia penal en la Justicia nacional para que investigue al ministro de Seguridad y Justicia de la ciudad de Buenos Aires (Caba), Marcelo D’Alessandro: se imputan los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado, entre otros”, consignó el ministro en su cuenta de la red social Twitter, donde replicó un comunicado del Ministerio de Justicia.
Soria informó que en la mañana de este viernes se presentó la denuncia ante la Fiscalía correspondiente, en la que pidió que D’Alessandro entregue su teléfono celular a la Justicia, al igual que todos aquellos que resulten relacionados con la investigación.
Según el comunicado, la denuncia requiere que “se investigue” al ministro de Seguridad de Caba por “la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y exacciones ilegales”.
En este sentido, Soria recordó que los chats “involucran” también a empresarios contratistas del gobierno de Caba, fiscales nacionales y la ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri, Silvia Majdalani.
“La promiscuidad entre sectores del poder político, de la Justicia y grupos empresarios debe investigarse en profundidad a fin de garantizar el cabal cumplimiento de la Constitución y salvaguardar nuestras instituciones democráticas”, afirmó el ministro.
El escrito presentado plantea que, en caso de confirmarse las revelaciones periodísticas, demostraría “una connivencia escandalosa entre el funcionario del gobierno de Caba, con altos funcionarios judiciales, ex directivos del Servicio de Inteligencia del Estado Nacional y concesionarios de servicios públicos” y esto sería “incompatible con un estado de derecho”.
Por este motivo, la denuncia presentada por Soria pide investigar los supuestos hechos de corrupción vinculados con el sistema de control de estacionamiento y grúas de acarreo de la ciudad de Buenos Aires operado por la empresa Dakota SRL y otra firma, BRD Saic. El escándalo se destapó en agosto pasado, cuando se confirmó oficialmente que las empresas pagaban un canon mensual, congelado desde 2014, de 55.000 pesos, y que la concesión había vencido hacía 21 años. “Juntan millones, molestan a los vecinos y sus papeles no están en regla”, argumentó un legislador porteño de la oposición, que hizo una denuncia judicial.
Los mensajes que se filtraron involucran al ministro en uso de licencia y a una de las dos firmas, en ruta de salida de la concesión por las graves irregularidades. En ese marco, desde el gobierno nacional denunciaron que “la presunta existencia de un canal de pago de retornos y de negociados”, que estaría compuesto por D’Alessandro y Marcelo Violante, “podrían dejar ver el porqué de la decisión del gobierno de Caba de no actualizar los montos que debía pagar la empresa Dakota SRL por usufructuar el servicio público porteño”.
La denuncia se presentó tras la filtración en los últimos días de chats entre el ministro porteño y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, en los que combinaban tácticas para que el gobierno porteño use ante el máximo tribunal en la causa por el reparto de fondos de la coparticipación.
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