La tragedia del parque de diversiones en la que murieron dos menores y sus derivaciones políticas y judiciales complicaron al gobierno municipal al punto de que ayer, al filo de una semana repleta de malas noticias, la intendenta resolvió separar del cargo a dos funcionarios con responsabilidad en las áreas de concesiones e inspección.
Derribada la estrategia del silencio en la que se había empeñado, el gobierno municipal se concentra ahora en la reducción de daños. La separación de los dos directores es como soltar lastre para seguir navegando rumbo al 27 de octubre. Seguramente la intendenta no hubiera elegido este momento si no fuera por la presión de la oposición y la resolución del juez Juan Carlos Curto. En política no todo es cuestión de voluntad.
El Ejecutivo enfrentó turbulencias toda la semana; en el Concejo Municipal logró sacar un empate. Distinta es la complicación en el frente judicial, donde fueron convocados como imputados la directora de concesiones Hilda Gontín y el director de inspecciones Gregorio Ramírez, mientras que el secretario de Gobierno concurrirá como testigo.
Desde el día de la tragedia en el parque de diversiones, el gobierno municipal se empeñó en un silencio que con el paso de las semanas tomó una densidad insostenible que lo obligó a ceder.
En el juego de negociaciones (no tiene mayoría propia) con el resto de las fuerzas políticas el PRO lo ayudó a blindar al secretario de Gobierno Fernando Asegurado, que era a quien apuntaba el resto de la oposición. A cambio la Intendencia admitió someter a tres funcionarios de menor rango a las preguntas de los concejales.
Asegurado es el virtual jefe de Gabinete de la intendenta. A tal punto es su importancia en el esquema de gestión del socialismo. El Frente para la Victoria (cavalleristas más rossistas) y los radicales disidentes habían puesto la mira en él, con la idea de llevarlo al Concejo y vapulearlo con preguntas e imputaciones políticas. Una instancia riesgosa en tiempos electorales de la que zafó gracias al PRO.
El oficialismo consiguió el empate surfeando entre los intereses encontrados de los bloques opositores y la necesidad imperiosa de diferenciarse entre ellos. Es lo que hizo el PRO, hoy devenido en tercera fuerza de la ciudad, cuyo ascenso en las últimas dos elecciones incomoda a la oposición más tradicional, muy en especial al radical Jorge Boasso.
Concejales de espacios diferentes como el kirchnerista Roberto Sukerman y el propio Boasso hicieron arder el Twitter entre el jueves y ayer con directas e indirectas dirigidas al PRO y a su jefe de bancada, Roy López Molina. Cabe recordar que en las elecciones primarias, frente contra frente, el PRO relegó al cuarto puesto a la lista de Boasso, aunque Anita Martínez como candidata quedó abajo del eterno concejal que va por 24 años en la banca.
El invierno inesperado
El invierno de 2013 será recordado de por vida por la intendenta Fein. Esta semana se le sumaron las dificultades que vivió la ciudad por la rotura de un caño maestro que dejó a decenas de miles de usuarios de Assa sin agua. El servicio es responsabilidad de la provincia y a nadie se le escapa que enfrenta dificultades. Córdoba, Santa Fe, Capital Federal, entre otras urbes sufrieron hechos similares en los últimos años. Acá la avería recordó que la red de agua es vulnerable y que las condiciones en que se presta el servicio son una bomba de tiempo si se tiene en cuenta que doscientas mil personas de las zonas noroeste, oeste y sur de Rosario, además de localidades vecinas, en época estival sufren baja presión o ausencia de agua. La solución pasa por la nueva planta de tratamiento y el acueducto derivador en paralelo a la avenida de Circunvalación. Esa obra viene muy lenta: se está concluyendo la toma de agua y está parada la planta de tratamiento. Son inversiones millonarias que la Casa Gris activa y desactiva en función de su flujo de caja, imposibilitada como está de acceder a financiamiento externo por el doble ariete que le hacen los caprichos políticos del gobierno nacional y el convulsionado mercado de capitales.
Más allá del “mal trago” que pasaron miles de usuarios, a favor de los gobiernos del Frente Progresista queda decir que en 2007 tanto Assa como EPE estaban recién empezando su reconstrucción, luego de la destrucción privatizadora de un capital social hecho a lo largo de cien años. En ese contexto, Assa va detrás de la EPE en cuanto a las prioridades de inversión del gobierno, que vuelca recursos a la empresa eléctrica en niveles históricos.
Placebos para la tribuna
El candidato bonaerense Martín Insaurralde detonó una bomba al proponer la baja de imputabilidad de los menores hasta 14 años. Dividió aguas con la Casa Rosada y abrió la puerta para un giro en las políticas de seguridad del gobernador Daniel Scioli. Esquirlas de ese debate cayeron en Santa Fe, donde el gobierno provincial rechazó de volea esa posibilidad. Por el contrario, está camino de generar un Código Procesal Penal Juvenil, es decir específico para menores de dad, que en el proyecto del Ministerio de Justicia que encabeza Juan Lewis implica tomar como piso los derechos y garantías que corresponden a los adultos y sumarles otros específicos de los adolescentes por ser personas en desarrollo. No se trata de establecer penalidades, sino que los menores también tienen derecho a un juicio justo. Ese proyecto oficial será sometido a debate en los primeros días de octubre en la Universidad del Litoral junto a otras iniciativas de legisladores, en oportunidad de un encuentro que reunirá funcionarios, legisladores, operadores de Justicia, académicos y especialistas en niñez. Después de esa instancia el debate ingresará a la Legislatura provincial.
Recurrir a placebos, como lo hizo Martín Insaurralde, es una tentación que siempre está a mano. Lo saben los senadores, que durante meses pretendieron extender la prisión preventiva, aun cuando estrujaba la propia Constitución nacional. Ahora le dieron media sanción a una ley para provincializar la persecución de los delitos menores con drogas, hasta ahora exclusiva responsabilidad de la Justicia federal.
Cabe aclarar que en este caso no hay inconsistencias legales y que una ley nacional vigente otorga a las provincias la opción de adherir. Tres vecinas lo hicieron. En Buenos Aires se habla de fracaso; en Córdoba se aplica pero la Nación jamás envió los fondos que aseguraba la ley para sostener la estructura de investigación y juzgamiento. En Entre Ríos es ley hace siete años pero no se implementará hasta tanto aparezca el dinero de Nación.
En Santa Fe senadores del PJ y la UCR votaron a favor. Miguel Lifschitz no estuvo presente pero a la luz de la posición de la Casa Gris se descuenta que lo hubiera hecho en contra. No hace falta escudriñar si la Casa Gris vetará esa iniciativa –gobernador y ministros de Seguridad y Justicia sentaron posición en contra– porque todo indica que no tiene chance de pasar la Cámara de Diputados.
Unos ostentan, el otro se disfraza
Para cerrar, la campaña electoral. La semana que pasó la nota la dio el Frente Progresista con su acto en la capital. Más que acto fue una ostentación de poder haber puesto en escena a los candidatos y jefes comunales de cada pueblo y ciudad de una provincia en la que desde que la gobierna consiguió extender su primacía, desplazar al PJ y consolidar poder.
El Frente para la Victoria se lame las heridas, lo rodea a Jorge Obeid y reorganiza sus huestes en silencio.
Del Sel camina pueblos y pequeñas ciudades disfrazado de peronista.
Comentarios