La Brigada de Inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) del Ministerio de Seguridad Provincial hizo este viernes dos allanamientos en el marco de la causa que investiga delitos de guante blanco en la calle Laprida al 1300 y en la sede de la empresa Guardati Torti SA, en el piso 13 de avenida Madres Plaza de Mayo al 3000, en pleno Puerto Norte.
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Los agentes incautaron una computadora all in one marca Lenovo, una caja con documentación de interés para la causa que investigan y dos pendrives.
Estas incautaciones se inscriben en las causas que tienen como principales imputados a los empresarios Juan Carlos Guardati y Ángel Alberto Torti, quienes son acusados de haber firmado, en uno de los casos, dos contratos donde se comprometían a pagar a dos acreedores, 7 mil dólares y 65 mil dólares, respectivamente, en concepto de reparación, y nunca haber efectuado los depósitos.
En las indagaciones llevadas adelante interviene el Área Económica de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos del Ministerio Publico de la Acusación (MPA) a cargo del fiscal Sebastián Narvaja.
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Durante esta semana, el juez Hernán Postma hizo caso a los pedidos de la defensa de uno de los imputados, Guardati, brindándole el beneficio de la prisión domiciliaria, debido a que un informe de la oficina forense advirtió no está en condiciones de salud para transitar un encierro en un penal, ya que se encuentra transitando una enfermedad.
El juez de la Cámara de Apelaciones en lo penal 2da circunscripción, Javier Beltramone, efectuó un descargo en el que responde a una recusación por parte del fiscal Sebastián Narvaja en el marco de la causa penal que investiga por administración fraudulenta a los directivos de la agrofinanciera Guardati y Torti. El fiscal lo había recusado en octubre del año pasado al advertir “falta de imparcialidad” en su accionar, por lo que el juez contestó y se refirió a “tergiversación de los hechos y afectación a la autonomía e independencia judicial”.
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