Alvaro Arellano
En el marco de la investigación contra los directivos de la agrofinanciera Guardati y Torti, donde más de un centenar de personas resultaron estafadas, se desató una disputa inusitada entre un fiscal y un camarista. El Fiscal cuestiona la falta de imparcialidad del magistrado. Y éste a su vez redobla la apuesta y apunta contra las formas de difusión del Ministerio Público de la Acusación y su relación con distintos medios de comunicación. Todo en el marco de una compleja causa, atípica en los Tribunales locales, donde los acusados pertenecen a un segmento social que rara vez se sienta en el banquillo de los acusados.
El juez de la Cámara de Apelaciones en lo penal 2da circunscripción, Javier Beltramone, efectuó un descargo en el que responde a una recusación por parte del fiscal Sebastián Narvaja en el marco de la causa penal que investiga por administración fraudulenta a los directivos de la agrofinanciera Guardati y Torti. El fiscal lo había recusado en octubre del año pasado al advertir “falta de imparcialidad” en su accionar, por lo que el juez contestó y se refirió a “tergiversación de los hechos y afectación a la autonomía e independencia judicial”.
Hubo dos acusaciones puntuales en la recusación de Narvaja que motorizaron un fuerte descargo por parte de Beltramone. En primer lugar se refirió a un vínculo entre el magistrado y la defensa a cargo de los directivos de Guardati y Torti. Pero fue más allá y cuestionó su designación como juez camarista, durante la gestión de Ricardo Silberstein como ministro de Justicia provincial, al considerar que existía un nexo entre ambos.
En este sentido, el juez camarista acusa al fiscal de montar “un operativo de prensa con publicaciones de contenido engañoso” y de hecho asegura enterarse de las acusaciones primero a través de los medios, es decir, antes que en el ámbito judicial. Ante esta situación, aprovechó para recordar un pedido por parte del Colegio de Jueces de Primera Instancia del Distrito Judicial Nro. 2 de Rosario, donde advierten que en la relación entre el MPA y los medios existe “una falta de reglamentación específica que dificulta la publicidad de las investigaciones”.
Durante el descargo, Beltramone cruzó a Narvaja por “graves acusaciones sin prueba alguna” y “consideraciones tergiversadas”, pero también cargó contra la fiscal regional interina del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Eugenia Iribarren, por validar dicha recusación en lo que consideró “un inusitado e insensato uso del poder estatal de persecución penal, para buscar frenar la independencia judicial”.
La causa sigue adelante
El cruce de denuncias tiene que ver con una de las cuatro causas por las que se imputó a los directivos de la agrofinanciera en concurso, y que durante los últimos días fue noticia ya que sus dos principales directores (Angel Guardati y Juan Carlos Torti) terminaron detenidos bajo prisión preventiva por 90 días.
Más de 150 ahorristas denunciaron que les habían vaciado dinero de sus cuentas comitentes. La presunción fue que la rama financiera-bursátil de la firma lo había hecho para tapar el déficit financiero de su unidad de negocios como corredora de cereales, que había sido golpeada por el derrumbe de la agroexportadora Vicentin.
Mientras avanza el proceso, con dos de los principales actores detenidos y más de un centenar de acreedores esperando la devolución de una cifra que se acerca a 6.768.645 pesos y 1.152.151 dólares, Narvaja y Beltramone protagonizan un intercambio que parece ir más allá de esta causa en particular y expone la perspectiva desde dos sectores de la Justicia.
La recusación
En octubre de 2021, el fscal Sebastián Nravaja pidió la recusación del juez Javier Beltramone en el maro de la investigación penal a directivos de la empresa Guardati y Torti, cuando invocó la existencia de condiciones objetivas que justifican la existencia de temor fundado de falta de imparcialidad y que, según él, indican favoritismo.
Según se conoció en primer lugar a través de un artículo periodístico, Narvaja puso como ejemplo para justificar su postura respecto a Beltramone, la declaración de “invalidez absoluta” de órdenes que dispusieron allanamientos a cajas de seguridad vinculada a directivos de la empresa y el congelamiento e interdicción de cuentas.
En ese momento, desde fiscalía hablaban de fraude en perjuicio de 172 ahorristas por administración fraudulenta y sostenían que la medida en relación a cajas y cuentas tenía el objetivo de “proteger los fondos”.
Por otra parte, desde fiscalía señalaron que cuando Javier Beltramone salió sorteado para ser el camarista del caso, hubo un cambio en la actitud de los abogados defensores (Cristian Scoponi y Lisandro Martínez Gorostiaga) en relación a las pretensiones de la querella, e incluso mencionan una serie de resoluciones que califican “extravagantes y favorables a la defensa”.
En su presentación, Narvaja se preguntó: “¿Por qué los Dres. Martínez Gorostiaga y el Dr. Scoponi (la defensa de Guardati y Torti) comienzan con planteos extravagantes y contrarios a sus posiciones precedentes, justo después que comienza a intervenir en el caso el Dr. Beltramone?”. En ese sentido, consideró que no había “ninguna explicación legítima y razonable a estos interrogantes”, aunque advirtió: “Lo que sí existen en este caso son elementos objetivos que, genuinamente, generan un temor fundado de falta de imparcialidad del Tribunal”.
Cuestionamiento por la designación de Beltramone
Para Narvaja, “Beltramone y Martínez Gorostiaga mantienen un vínculo de amistad que se objetiviza en la concurrencia recíproca a eventos tales como festejos de sus cumpleaños, mantienen un trato habitual y comunicaciones coloquiales de tipo estrictamente personal, eventualmente se visitan, comparten reuniones tales como asados y otras reuniones sociales”.
Pero durante su presentación, el fiscal fue más allá y se refirió a la designación de Beltramone como miembro de la Cámara Penal de Rosario. Sostuvo que fue propuesto por el entonces gobernador Miguel Lifschitz y su ministro de Seguridad Ricardo Silberstein como candidato para ocupar una de las cuatro bancas que estaban vacantes en 2016, y que si bien en el orden de mérito a la hora de rendir el examen correspondiente su ubicó noveno entre nueve postulantes, resultó designado igual. Narvaja recordó que durante el mandato de Silberstein, el cargo de sub secretario de Asuntos Penales lo ocupaba el doctor Martínez Gorostiaga.
“Sobre estas consideraciones se funda el temor de la Fiscalía sobre la pérdida de imparcialidad del Tribunal, en este caso. Es que, a la arbitrariedad y extravagancia de las decisiones del Dr. Beltramone, a los cambios en su parecer precisamente en este caso, y al giro en el comportamiento en la defensa (integrada por los Dres. Martínez Gorostiaga y Ricardo Silberstein), se adita el conocimiento del vínculo entre el Dr. Beltramone y el Dr. Martínez Gorostiaga; y el rol del Dr. Silberstein como Ministro (cuya segunda línea en materia penal era el Dr. Martínez Gorostiaga) en la designación plenamente discrecional del Dr. Beltramone como Juez de la Cámara”, señaló Narvaja en su presentación.
Pero el fiscal no dejó la cuestión solo en la recusación al juez, sino que además, hizo una presentación ante la fiscal regional interina, María Eugenia Iribarren, solicitando que, por los hechos mencionados, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe abra un sumario para investigar a Javier Beltramone. La presentación fue avalada e Iribarren cuestionó los criterios del juez a la hora de establecer o no prisiones preventivas y pidió sanción y juicio político para el magistrado.
El descargo y el eje en los medios
Buena parte del descargo de 40 hojas de Beltramone dirige su mensaje al fiscal Narvaja, fundando su réplica en “inexistentes y no probadas vinculaciones” o “consideraciones tergiversadas”, pero también sorprende al acusarlo de montar “una operación de prensa” a la hora de dar a conocer su versión de los hechos y cuestiona la relación del MPA con los medios de comunicación.
Respecto a esto último, el juez camarista manifestó su rechazo al proceder de Narvaja, al reconocer que él se enteró del contenido de la recusación en su contra a través de los medios. “Todo lo expuesto sobre mi persona en los medios es una confirmación del uso y abuso irregular que de la prensa se hace por parte del mismo funcionario”, señaló.
En ese sentido, aprovechó para hacer un análisis sobre lo que él considera como “fake news” en el ámbito judicial, y reflotó algunos conceptos publicados en un escrito presentado por Jueces de Primera Instancia del Distrito Judicial Nro. 2 de Rosario, dirigido al presidente de la Corte. El mismo tiene firma de fines de 2021, pero se conoció recién a fines de marzo de este año, y parece ser un tema de preocupación para los magistrados.
El texto citado por Beltramone para traer al caso, expresaba: “El tema en cuestión se vincula con la relación del MPA con los medios de comunicación, observándose una falta de reglamentación específica que dificulta la publicidad de las investigaciones y procesos en general”.
En su momento, los firmantes aclararon que la publicación no buscaba sentar una crítica sobre la labor de los fiscales, sino corregir la manera de comunicar. “Una defectuosa comunicación puede contribuir a exacerbar reclamos irracionales a la Magistratura, a establecer juicios paralelos en los medios y todo ello provoca zozobra y descreimiento en la población sobre las decisiones judiciales “, deslizaron.
Javier Beltramone hizo especial énfasis en esta cuestión, desarrollada en las primeras páginas de su descargo. Una vez elaborada su hipótesis sobre la relación entre este sector de la Justicia y los medios, se refirió a cómo cree que influyó ese factor en algunas de las acusaciones que recibió en relación a la causa de Guardati y Torti. “Para el caso en concreto, el Dr. Narvaja monta un operativo de prensa con publicaciones de contenido engañoso, para atribuirme hechos inexistentes, partiendo de un hecho genuino (Concurso de la Cámara Penal) del que difunde información de contexto ficticia, siendo que su contenido ha sido manipulado para engañar a sus destinatarios. Finalmente, pone en tela de juicio hechos de imposible comprobación, lo que resulta impropio de un Fiscal”, explicó.
La designación como camarista y las cajas de seguridad
Quizás el pasaje más duro del descargo de Beltramone, se dio a la hora de referirse a la acusación que pone en duda sus méritos a la hora de ser designado como juez camarista durante la gestión de Ricardo Silberstein. En ese sentido, se dirigió a Narvaja y le respondió: “Omite deliberadamente un detalle que conoce, lo sabe y le consta: el por entonces Sr. Gobernador utilizó las facultades legales vigentes a la fecha del concurso. Pero además incumple su deber objetivo de actuación fiscal, e inserta declaraciones aparentes, carentes de información completa o en su caso, sino falsas, sí tergiversadas, con un agravante: hizo públicas tales afirmaciones de modo previo a cualquier presentación judicial”.
Respecto a este apartado, y con tono irónico, agregó: “Sobre las amistades que tanto aquejan al mencionado Fiscal, de perogrullo parece necesario señalar que con 30 años ininterrumpidos en el ámbito profesional resulta dificultoso para este magistrado no tener amistades, conocidos, afectos, que pertenezcan al ámbito laboral, universitario y/o académico.”
Por último, Beltramone hizo referencia a la invalidez de la medida que establecía el congelamiento de las cajas vinculadas a los directivos de Guardati y Torti y manifestó: “Un Juez Civil se vería en condiciones de ser sometido inexorablemente a un Jury de enjuiciamiento, si dictara una cautelar de la envergadura peticionada: (congelamiento de cuentas bancarias, el levantamiento del Secreto Bancario y la interdicción de cajas de seguridad) haciéndolo por un mero decreto”.
De hecho, Beltramone consideró que Narvaja, en lugar de buscar lo que pretendía (evitar que los directivos accedan a las cuentas de sus clientes) por medio de la ley, “optó por la calumnia, el descrédito y una operación de prensa, coronada con esta presentación, afectando además el buen nombre y honor de innumerables personas”.
Para finalizar, Beltramone calificó el proceder de Narvaja y del MPA como “un ataque inusual al Poder Judicial de gravedad institucional pocas veces advertida”, solicitó la remisión de las actuaciones a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura provincial, y concluyó: “Lo que he podido advertir por parte de los denunciantes es un inusitado e insensato uso del poder estatal de persecución penal, para buscar frenar la independencia judicial, con dos presentaciones claramente direccionadas con el único fin de avasallar la misma, invocando hechos tergiversados, incompletos y sesgados o ajenos incluso a la propia causa, y utilizando para tal fin una operación de prensa confesa”.
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