El Poder Ejecutivo y la Fiscalía tienen avanzadas las conversaciones para la adquisición e implementación de un sistema de pulseras electrónicas para detenidos con prisión domiciliaria. Hoy el monitoreo lo hace la Policía en persona, que no es lo más conveniente según la mirada de operadores del Poder Judicial y el Ministerio Público de la Acusación.
El fiscal regional Jorge Baclini detalló que el tema de los dispositivos electrónicos “se está trabajando con el Ministerio de Seguridad y entiendo que están en camino de implementarlo a la brevedad”. Para el jefe de los fiscales del área Rosario “una prueba piloto que no supere la 120 pulseras es suficiente” para conocer los resultados de este tipo de controles.
Pulseras o tobilleras emiten una señal que permite conocer los movimientos de la persona a la que se le colocó, la cual no puede quitarse. Otras emiten una alarma si el detenido sale del perímetro de la vivienda.
Cambios y necesidad
Las dificultades para el control de quienes accedieron a morigeraciones de la prisión preventiva se incrementaron con la salida del circuito judicial de la Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas (Omas).
Si bien Omas fue una prueba piloto que trabajó con recursos limitados, se considera que brindó muy buenos resultados. Tras su salida de funcionamiento, para salir del paso se implementaron soluciones alternativas aunque provisionales, como que personas con morigeración de prisión se presenten una vez a la semana o en la Oficina de Gestión Judicial a firmar. En el caso de quienes tienen arresto domiciliario, los controles quedaron en manos policiales.
“Si no hay control, la percepción de la persona es que el sistema no funciona. La persona imputada tiene que percibir que el sistema está cuando aplica una medida de conducta o control. Si no tiene esa llegada es crítico, porque el imputado se siente en libertad”, subrayó Baclini.
El jefe de fiscales refirió que en 2014 hubo 21 condenas con arresto domiciliario a través de juicios abreviados, mientras que en el 2015 fueron 13 las sentencias de este tipo.
En cuanto a las prisiones preventivas, desde el inicio del sistema (10 de febrero de 2014) hasta el 31 de noviembre pasado hubo 2.099, de las cuales en 503 se dio el beneficio de que transcurra en domicilio.
En el caso de quienes tienen que presentarse una vez por semana o cada 15 días a firmar, el trámite primero se hacía ante la fiscalía, pero por la escasés de recursos el control de firmas ahora se hace en la Oficina de Gestión Judicial. Sin embargo en los arrestos domiciliarios el control lo hace la Policía “lo que tampoco es conveniente” detalló.
Baclini agregó que de no conformarse una oficina de control, pretende organizar un sistema de inspección, aunque advierte que no cuenta con recursos humanos adecuados.
Pulseras o tobilleras
En cuanto al sistema de pulseras o tobilleras electrónicas, el fiscal regional sostuvo que “se puede arrancar con una cantidad de pulseras que no superen las 100 o 120”, afirmó.
La pulsera o tobillera se piensa para casos en que el riesgo de fuga no es alto, pero igual la persona debe ser controlada.
Otro detalle es qué tipo de dispositivos se implementarán (hay de distinto tipo y prestaciones) y con qué medidas de seguridad cuentan. Si bien no es partidario de otorgar pulseras en delitos graves, Baclini sostuvo que las medidas de seguridad sobre estas personas tienen que ser mayores, y que incluso pueden ser útiles en casos de violencia de género, cuando haya prohibición de acercamiento.
Erbetta
El Ciudadano consultó al ministro de la Corte Suprema de Justicia Daniel Erbetta sobre el tema. Si bien dijo no estar al tanto de las conversaciones (el Ministerio de la Acusación es un órgano autónomo) dio un concepto general sobre el tema.
“Cuando uno habla de pulsera electrónica de los controles de domiciliarias, de juicios abreviados, probation, sería recomendable primero tener un diagnóstico muy preciso –detalló–. El control de las domiciliarias en manos de la Policía no ha sido muy auspicioso”.
Según Erbetta, el Poder Judicial le requirió al (Poder) Ejecutivo volver a implementar la Oficina de Medidas Alternativas, que a su criterio fue muy positiva, y eso se manejó con muy limitados recursos. “La prueba fue altamente positiva pero no hubo posibilidad de implementarla de manera definitiva”.
El Ciudadano intentó comunicarse varias veces con el Ministerio de Seguridad para consultar sobre el tema pero no fue posible obtener respuestas de los funcionarios.
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