Por unanimidad y con los cambios que introdujo el PJ para favorecer a municipios y comunas, el Senado dio media sanción ayer al proyecto del Ejecutivo por el cual se autoriza a la provincia a emitir letras del Tesoro o pagarés para afrontar obligaciones en el corto plazo. El gobierno podrá endeudarse hasta un tope de 556.365.000 pesos –100 millones más de lo que había pedido– de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la ley 12.510 de administración financiera.
El segundo artículo del mensaje faculta al Ejecutivo a “ceder como garantía recursos propios o provenientes del Régimen de Coparticipación Federal ley 23.548”. El mensaje original ponía como garantía los recursos que derivara la Nación para la Caja de Jubilaciones; ese fue otro de los cambios acordados entre los senadores del PJ –que son mayoría en la cámara– y sus pares del Frente Progresista.
Las letras o pagarés estarán eximidas de todos los tributos provinciales y su devolución total no podrá ser después del 30 de noviembre. Así se garantiza cumplir con el objetivo principal –que la operación no se constituya en una deuda consolidada, ya que se cancela definitivamente dentro del mismo ejercicio– que había anunciado el ministro de Economía Ángel Sciara. Los 556 millones que podrá tomar la provincia del sistema financiero incluyen amortización, intereses, comisiones y gastos, por lo cual el monto real disponible será menor a esa cifra.
El punto clave de la negociación, que permitió la media sanción por unanimidad y sin mayores contrapuntos, fue la inclusión de un monto adicional para municipios y comunas como forma de compensar –al menos en parte– los descuentos que realiza la provincia para el Fondo de Financiamiento Educativo. El pedido inicial del PJ era más ambicioso: 160 o 170 millones extra; al final, fueron 100 millones más aparte de los 456 millones del mensaje original del Ejecutivo.
“La provincia transferirá con carácter no reintegrable un aporte adicional mensual a favor de municipios y comunas de la asignación específica efectivamente percibida en cada mes con destino al gasto en educación, en el marco de la ley 26.075 (Financiamiento Educativo)”, dice el artículo sexto del proyecto. Y el sétimo determina que la liquidación a municipios y comunas se hará en el mismo mes en que se realicen las transferencias del gobierno nacional.
La decisión de destinar una parte de los recursos para los municipios y comunas fue tomada después de la visita que hicieron, la semana pasada, intendentes y presidentes comunales del PJ a la Legislatura, donde se reunieron con diputados y senadores de su partido para plantearles el aprieto financiero en que se encuentran luego del acuerdo paritario con los trabajadores, que implica un aumento del 14 por ciento a partir de marzo.
Los dos bloques de senadores del PJ acordaron subir el tope de la operación y sus pares del oficialismo dieron el okey. El gobierno ya había anunciado el miércoles su predisposición a aceptar ese retoque.
El noveno artículo del proyecto establece que el Ejecutivo deberá priorizar la cancelación de deudas con el sector no financiero –deuda flotante– y con municipios y comunas. En ese sentido, la otra prioridad de la provincia será saldar –dentro de los 60 días de promulgada la ley– la deuda que haya acumulado al 31 de marzo con las localidades en concepto de Fondo de Obras Menores. La regularización de ese pasivo fue otro de los reclamos de los jefes comunales que los senadores decidieron atender. El proyecto pasó a la Cámara de Diputados, que –por los feriados– recién volverá a sesionar dentro de dos semanas.
El radical Hugo Marcucci, como vocero del Frente Progresista, defendió el mecanismo y puso como ejemplo los casos de Córdoba y Buenos Aires: “Recordemos que es un pedido para financiamiento de corto plazo. No significa un endeudamiento que pueda extenderse más allá de 2012. Es un instrumento que se le da al Ejecutivo para que pueda llevar adelante una administración más eficiente. Es una práctica que, habitualmente, otras provincias llevan adelante. Córdoba tiene, en el presupuesto 2012, 830 millones de pesos autorizados. La provincia de Buenos Aires, 3.000 millones de pesos”.
José Baucero, jefe de uno de los bloques del PJ, recordó que a fines del año pasado la Legislatura ya había sancionado una ampliación presupuesta por 1.400 millones de pesos y remarcó que el ejercicio 2011 cerró con un déficit de 1.665 millones. “Desde el justicialismo venimos acompañando, más allá de que se nos ha tildado de que ponemos palos en la rueda, en forma seria y responsable las políticas de los últimos años. Pero se ha incrementado considerablemente el gasto en la provincia a raíz de una mala administración que tiene un responsable directo: el ex gobernador (Hermes) Binner”.
Baucero diferenció al gobernador Antonio Bonfatti de su antecesor: “Hay otro diálogo, otra discusión de la cosa pública. Y eso nos pone muy bien. Pero para nada deja de lado la responsabilidad de quienes llevaron a que la provincia de Santa Fe esté en el estado en que se encuentra hoy. Vamos a votar responsablemente esta ley para que la provincia pueda, con estas letras, hacerse de dinero fresco para paliar situaciones difíciles”. El senador justicialista reclamó un “achicamiento del Estado”, en referencia al Poder Ejecutivo, y aclaró que en la ley se añadió un artículo que obliga al gobierno a presentar ante las cámaras un detalle de la ejecución presupuestaria mes por mes, para así poder ejercer una política de “control del gasto”.
El presidente de la Comisión de Presupuesto, Alcides Calvo –también del PJ–, fue muy crítico respecto de la gestión del Frente Progresista: “Esto no es una cuestión de ingresos, de recursos; es una cuestión de gastos, de erogaciones. Cualquiera puede entender la problemática: si se gasta más de lo que ingresa, por más que esos ingresos vayan aumentando, jamás se va a poder lograr un equilibrio económico y financiero. Este es el escenario que tienen que leer el gobernador y el ministro de Economía. De una vez por todas, tienen que sincerar las cuentas públicas de la provincia”.
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