Dando comienzo a las actividades abiertas al público del Seminario Ambiental “Tres días por la vida”, Antonio Sastre Merlín, profesor y director del departamento de Geología de la Universidad de Alcalá, España, hablará hoy sobre “Conocimiento y ética ante los desafíos ambientales”. Sastre Merlín adelantó a El Ciudadano los principales puntos de su conferencia, y habló, además, de la actualidad de los debates de la Unión Europea respecto al medioambiente y cómo se proyectan éstos al Mercosur.
“Tres días por la vida” es un seminario organizado por la Defensoría del Pueblo de la provincia, en conjunto con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y otras entidades. El seminario se desarrollará en el Centro Cultural Parque de España, de Sarmiento y el río Paraná, durante hoy y mañana.
—Usted va a disertar sobre “Conocimiento y ética ante los desafíos ambientales”. ¿A qué desafíos se refiere y qué planteará en su presentación?
—Yo creo que cuando se aterriza en un tema concreto, como es el papel de los defensores ambientales, hay que entrar en el nivel micro, en los aspectos más específicos. Tratando de orientar el tema en ese ámbito, la idea es preguntarse cómo se inició la preocupación por el entorno en los últimos 100, 150 años. También busco comentar cómo se están desarrollando las cosas en la Unión Europea: cómo son los planteamientos que se hacen, qué opina la gente, la importancia de la participación de la ciudadanía; que en el fondo son también las preocupaciones que tienen las defensorías ambientales.
— ¿Qué consideraciones está tomando la Unión Europea sobre problemática medioambiental?
—Te doy dos ejemplos. Hay una norma en los 27 países de la UE que obliga a que no sólo los proyectos concretos de actuación sobre tema ambiental, sino también los planes de desarrollo sobre lo que sea deben pasar por una evaluación ambiental previa antes de que se conviertan en una norma de planeamiento propiamente dicha. Otro ejemplo es la “Directiva Marco del Agua”, una directiva que se aprueba en el año 2000, que ya sea obligatoria para todos los países y que no acabará su puesta en desarrollo final hasta 2018. Además, este año entra en vigor un tema que se que es muy importante en la República Argentina: el tema del pago por el agua. Cualquier usuario del agua, sea quien sea, por el uso del agua tiene que pagar lo que realmente vale. De no ser así, la Unión Europea considera que hay un apoyo oculto a determinadas actividades económicas opuestas al planteamiento de libre mercado que la UE propugna entre los países que la conforman.
—Este segundo proyecto del que habló, ¿de qué trata precisamente?
—Las directivas son normas legales que luego se introducen a los lineamientos legislativos de cada país. La idea del marcaje significa que no hay un solo árbitro, sino 27. Esa es un poco la idea, y es lo que le falta al Mercosur. Por otro lado, la directiva plantea la obligación de que las masas de agua se reviertan a condiciones llamadas “buen nivel ecológico”, un nivel ambiental de acuerdo con las circunstancias que demande cada país. Dice, además, que los países que consideren que determinado río, lagos, acuífero, no puede alcanzar esas condiciones, tienen que explicar por qué, tiene que documentarse y saberse entre los 26 países restantes.
—La sociedad, ¿puede acostumbrarse a todas estas propuestas?
—Ese es un tema interesante, porque claro, los países europeos, trabajando cada uno en concreto, tienden a arrimar el ascua a sus sardinas, entonces, ¿qué ocurre? Si lo que dice la Directiva no le viene bien a tal país, se procura pasarlo por alto. Pero como hoy la información está en el diario oficial de la Unión, o en diferentes páginas Web, es muy difícil ocultarla. Además, hay foros que procuran que esas normas se cumplan, o se convierten en denunciantes ante la comisión de lo que no hace o hace mal un país.
—En América latina hay otra problemática: lo referido a alimentación y transgénicos. ¿Qué pasa en Europa respecto a esto y qué mirada tienen hacia esa problemática latinoamericana?
—En la Unión Europea está vigente un planteamiento que se llama principio de subsidiariedad, que quiere decir que hay aspectos en los que cada país tiene autonomía para actuar, siempre y cuando esa actuación no sea contraria a lo que establece la Unión. En relación a este tema, hay un planteamiento de países en concreto y posiciones muy diversas.
—Cuando habla de ética ante los desafíos ambientales… ¿Qué quiere decir?
—Hablo de que en general toda la casuística ambiental pasa por un proceso de evaluación “de impacto ambiental”. Un proceso que tiene plazo para relacionar el estudio técnico con las partes, el promotor, la ciudadanía, el órgano ambiental, etcétera. Todo ese planteamiento pasa porque, en teoría, nadie se debe guardar ningún as en la bocamanga para jugarlo en un momento más oportuno. Y, por supuesto, se trata de tener en cuenta las consultas que se llaman transfronterizas. Es decir, cuando un país inicie un proyecto que pueda tener trascendencia en los países vecinos, que de conocimiento al país susceptible de ser afectado de lo que va a ocurrir. De esa manera, se resolverían conflictos como el de Gualeguaychú., Ese es un poco el sentido de lo que voy a tratar de comentar mañana a la tarde (por hoy).
— ¿Qué conclusiones espera de estas jornadas?
—Yo creo que esta actividad, que está orientada fundamentalmente a los defensores del Pueblo de todas las provincias, es muy positiva. Y especialmente una jornada como esta, que juntará personas con experiencia en estas cuestiones. Si bien en dos días no se puede tratar todo, sí quedan principios sobre la mesa para que el buen entendedor comprenda, y también se ponga de manifiesto que son cosas que se pueden hacer, y que estoy seguro se tendrían que haber hecho ya.
— ¿Están potabilizando agua de mar en Europa?
—Sí, justamente hoy hablaba de eso, de la obtención de agua para beber a partir del agua del mar. Es una realidad en todo el arco mediterráneo español, donde muchas ciudades no podrían tener resuelto su abastecimiento de agua si no fuera por la desalación del agua del mar. Hay que tener en cuenta, eso sí, que eso cuesta dinero, puesto que quitarle la sal al agua exige una notable tecnología y hay que pagar también la energía que cuesta esa extracción
— ¿Cree que en algún momento va a ser una iniciativa viable para otros países?
—Creo que sí. Conforme estas iniciativas avanzan, el coste disminuye rápidamente. Pasó con la informática, y con los coches. Los que sean problemas no serán imposibles de resolver, al menos para el agua de boca.
—Esta potabilización del agua salada, ¿trae algún efecto secundario para la naturaleza?
—La principal consecuencia es que el agua salada no se puede devolver a un río, aunque esté cerca del mar, ni se puede verter cerca del mar de una forma sencilla. Existen normas de uso de esa salmuera, hay que llevarla al mar a una distancia determinada de la cosa y hacerla salir a través de sistemas de distribución, como si fueran una regadera, de esa manera no afecta al biotopo marino. Ese es el principal problema, cuestiones que hay que vigilar y hay que ser absolutamente enérgicos en caso de actuaciones mal hechas, porque sí puede tener trascendencia sobre los ecosistemas marinos. Sería una barbaridad, ¿no?
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