Ezequiel Nieva
En la primera semana de febrero, finalizado el receso parlamentario de verano, un grupo de diputados de la oposición ingresó a la Legislatura un proyecto de ley para regular el régimen de declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios, que tiene como objetivo lograr mayor transparencia en el ejercicio de la función pública. De sancionarse la ley, las declaraciones juradas de los funcionarios dejarán de ser confidenciales y secretas.
Si bien en el pasado hubo otras iniciativas similares que nunca se llegaron a tratar, el nuevo proyecto aparece como un coletazo del caso Traferri, que a fines del año pasado ocupó el centro de la agenda política provincial. Al senador del departamento San Lorenzo –enfrentado con la Casa Gris y en particular con el ministro de Seguridad Marcelo Sain– lo vincularon con una red dedicada al juego clandestino y, si bien el Senado optó por no quitarle sus fueros, las dudas en torno de su participación en los hechos quedaron instaladas en el ambiente político.
El proyecto que busca darle publicidad a las declaraciones juradas lleva las firmas de los diputados de Juntos por el Cambio Julián Galdeano, Gabriel Chumpitaz, María Ximena Sola, Alejandro Boscarol y Cesira Arcando, de sus colegas de la UCR-Frente Progresista Maximiliano Pullaro, Fabián Bastía, Juan Cruz Cándido y Marcelo González y de la diputada Amalia Granata, del bloque unipersonal Somos Vida.
Desde una óptica política, en el inicio de un año electoral, se trata de la primera iniciativa elaborada en conjunto por los promotores de la conformación de un “frente de frentes” (llamado por ahora Frente Amplio Santafesino), la nueva coalición que proyectan los radicales santafesinos con la idea de reunir a los partidos del Frente Progresista y de Juntos por el Cambio –además de Granata, una figura con votos propios– para enfrentar al peronismo en las elecciones intermedias y en las generales de 2023. Los socialistas, que no quieren saber nada con el frente de frentes, no firmaron el proyecto.
Sobre fines de 2020, cuando el caso Traferri ocupaba las primeras planas, el Poder Ejecutivo anunció su intención de enviar a las cámaras una iniciativa similar y habilitar su tratamiento en el período de sesiones extraordinarias que cierra el 1º de mayo. Los diputados de la oposición le ganaron de mano a la Casa Gris, pero su proyecto solo podrá ser tratado de aquí a mayo si lo autoriza el Ejecutivo; caso contrario, quedará pendiente para las sesiones ordinarias.
Detalles y alcance
La iniciativa apunta a “regular el régimen de las declaraciones juradas de los funcionarios” con el objetivo de lograr “mayor transparencia en el ejercicio de la función pública”.
Si se sanciona la ley, tendrán la obligación de presentar su declaración jurada el gobernador y el vice, los senadores y diputados provinciales, los magistrados del Poder Judicial, los fiscales y defensores, el defensor del Pueblo, los ministros, secretarios, subsecretarios y directores del Poder Ejecutivo, los miembros del Tribunal de Cuentas y el personal con categoría de director, los interventores provinciales y sus colaboradores, los integrantes de los entes reguladores y demás órganos de control y los miembros del Consejo de la Magistratura.
Se exigirá el mismo requisito para el jefe y el subjefe de la Policía, los miembros de la plana mayor policial, los jefes de las unidades especiales, de las unidades regionales, de las comisarías y de la Guardia Rural Los Pumas, los responsables del Instituto de Seguridad Pública y cualquier otro agente de jerarquía superior o equivalente del Servicio Penitenciario.
Las declaraciones juradas deberán contener la descripción e individualización de todos los bienes y recursos, en el país o en el extranjero, del funcionario declarante y de su cónyuge o conviviente, los que integren la sociedad conyugal o en su caso la sociedad de hecho, y los de sus hijos menores. Deberá indicarse en cada caso el valor del bien, la fecha de ingreso al patrimonio, el origen de los fondos con que fueron adquiridos los bienes inmuebles, bienes muebles registrables, otros bienes muebles cuyo precio de mercado supere el valor de 100 unidades jus, el capital invertido en títulos, acciones y demás valores cotizables en bolsa, los depósitos en bancos y en otras entidades financieras.
También se deberán declarar los créditos y las deudas hipotecarias o prendarias, los ingresos y egresos anuales derivados del trabajo en relación de dependencia o del ejercicio de actividades independientes o profesionales, de rentas y sistemas previsionales. Aquellos funcionarios cuyo acceso a la función pública no sea un resultado directo del voto, deberán incluir en la declaración jurada sus antecedentes laborales para facilitar el control respecto de conflictos de intereses que puedan plantearse en relación con la función que desempeñan.
El listado de las declaraciones juradas deberá ser publicado en el Boletín Oficial y en la web de la provincia. Cualquier particular podrá consultar y obtener una copia, previa presentación de una solicitud por escrito.
Argumentos
En los fundamentos del proyecto, los diputados y las diputadas sostienen: “Queremos que la declaración jurada patrimonial de los funcionarios deje de revestir el carácter de confidencial y secreto que hoy tiene, a los efectos que pueda ser consultada por toda persona, previa presentación de la solicitud y cumplimiento de los requisitos correspondientes”.
En otro tramo de los fundamentos, sostienen: “Necesitamos incorporar a nuestra legislación provincial una norma acorde con las exigencias de transparencia en el ejercicio de la función pública, constituyendo un instrumento jurídico complementario del marco regulatorio de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública”.
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