Sociedad

Buenos Aires

De resistir amotinados en 1796 a recibir policías en 2022: un recorrido por las tomas estudiantiles

Reclamos por más y mejor alimentación, contra la represión policial y por mampostería que caía a pedazos, algunas de los motivos de alumnos para llevar adelante protestas, recordaron historiadores


Por Agustina Ramos y Milagros Alonso / Télam

Reclamos por más y mejor alimentación, contra la represión policial y por mampostería que caía a pedazos están entre los motivos que llevaron a estudiantes a tomar escuelas desde 1796 hasta hoy como “forma de protesta”, dijeron a Télam historiadores, para quienes “desde el retorno democrático no se veían las prácticas persecutorias” que ocurrieron la última semana en la ciudad de Buenos Aires.

“El 28 de mayo de 1796, un grupo de ‘colegiales’ se amotinó por las malas condiciones de alimentación y la reiteración de castigos corporales aplicados por los celadores, a los que tomaron como rehenes”, narra el historiador Felipe Pigna en su libro “La vida por la patria” sobre la primera toma estudiantil registrada en el Río de la Plata en el Real Colegio de San Carlos, emplazado en lo que hoy es el Colegio Nacional Buenos Aires, en el barrio porteño de Montserrat.

El entonces virrey Pedro Melo de Portugal sofocó la rebelión enviando tropas del Regimiento Fijo de Buenos Aires y entre los alumnos que reunieron armas y resistieron a balazos se encontraba Bernardino Rivadavia, quien luego se convertiría en el primer presidente argentino.

Pero no fue hasta 1958 cuando se produjo la primera ola de tomas de colegios secundarios más importante de la historia conocida como “Laica o libre” durante el gobierno de Arturo Frondizi.

“En el 58 este proceso tuvo que ver con el rechazo de los secundarios a la universidad libre, a permitir que se abrieran y dieran títulos oficiales en las universidades privadas, que hasta ese momento no estaban en vigencia”, señaló a Télam Marina Larrondo, doctora en Ciencias Sociales e investigadora asistente del Conicet.

Desde entonces, la lucha estudiantil tuvo momentos de fuerte movilización como a finales de los 60 contra las medidas represivas de la dictadura de Juan Carlos Onganía, en 1972, cuando estudiantes se opusieron a la “Ley fantasma” del gobierno de facto de Alejandro Lanusse que restringía las competencias de los títulos técnicos, o contra el “continuismo” de funcionarios de la dictadura tras la asunción de Héctor Cámpora en 1973.

Las tomas, que se hicieron extensivas en el 71, 72 y 73, después fueron interrumpidas por el golpe de Estado cívico militar del 24 de marzo de 1976, cuando comenzó un período represivo que tuvo entre sus objetivos destruir la tradición de militancia juvenil en el país.

“Luego de la muerte de (el expresidente Juan Domingo) Perón continúa la lucha de estudiantes secundarios, sobre todo en La Plata, donde se inicia la lucha por el boleto estudiantil en 1975, que va a traer como consecuencia en el 76 La Noche de los Lápices”, señaló a Télam Guillermo Cao, profesor de Historia jubilado de los colegios Carlos Pellegrini y Nacional Buenos Aires.

Durante la última dictadura “no sólo no existe la lucha, sino que la represión es brutal contra los colegios secundarios”, agregó el también coordinador del grupo de docentes “100 Historias” y del programa de radio “Almanaque Histórico”.

En el proceso de transición a la democracia, el tipo más común de protesta consistió en realizar marchas. “Los colectivos juveniles se manifestaban, buscaban ser visibles”, explicó Larrondo y destacó que los secundarios participaron en movilizaciones contra el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el pago de la deuda externa.

Más cerca en el tiempo, después del 2005, en “la Ciudad de Buenos Aires se hicieron más frecuentes y más habituales las tomas de escuelas como formas de protestas”, añadió Larrondo, socióloga especializada en el movimiento estudiantil.

Para la investigadora, esta “nueva oleada” de tomas comienza luego de la tragedia de Cromañón, en la noche del 30 de diciembre de 2004, donde murieron 194 personas y miles resultaron heridas por el incendio del boliche en la zona porteña de Once.

“La tragedia de Cromañón desnudó el estado de vulnerabilidad de la seguridad edilicia y física de los jóvenes en la Ciudad de Buenos Aires”, señaló Larrondo y sostuvo que el hecho instaló los reclamos por la infraestructura de las escuelas como causa legítima.

Si bien las tomas se sucedieron en el tiempo como “forma de protesta habitual del movimiento estudiantil”, Larrondo advirtió que el reclamo de estudiantes secundarios de CABA que comenzó hace una semana se caracteriza por “la virulencia que tiene el conflicto por parte de las autoridades”.

El viernes 23 de septiembre, estudiantes del colegio Mariano Acosta iniciaron la toma del establecimiento para pedir mejoras en viandas, infraestructura y contra las prácticas laborales obligatorias y no rentadas, a lo que se sumaron más de 20 escuelas secundarias del distrito con distintas medidas de lucha como tomas, pernoctes, semaforazos y abrazos simbólicos.

La reacción del Gobierno porteño fue denunciar penalmente a las familias de estudiantes involucrados en las tomas y exigir el pago de $1,5 millón por cada día que se extendiera la medida, lo que redundó en que policías se presentaron en sus casas con notificaciones judiciales.

“Desde el retorno democrático no vi estas prácticas persecutorias que tuvieran que ver con involucrar y denunciar a los padres”, dijo la investigadora.

Algo similar planteó Cao, quien afirmó que “ni en la dictadura de Lanusse hubo injerencia de la policía ni del gobierno militar. No hubo una persecución policial como la actual, ni intento de llevarlo a la Justicia”.

Las medidas dictadas por el Gobierno porteño se dan en un contexto en el que los derechos de infancias y adolescencias están respaldados por normativas nacionales e internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1989, que reconoce a todas las personas menores de 18 años como sujetos de pleno derecho.

“Desde hace ya más de tres décadas que están en vigencia los derechos del niño, niña y adolescente. Y dentro de eso, está todo un conjunto de derechos que tienen que ver con poder ser escuchados, con legitimar sus formas de participación política y ciudadana”, detalló Larrondo.

Incluso, desde el 2013, los centros de estudiantes son reconocidos como órganos democráticos de representación estudiantil, conforme la Ley 26.877.

Para la investigadora, desconocer la validez de estos centros es “peligroso para la democracia”, ya que son órganos legitimados con “sus propias regulaciones y normativas dadas por el sistema educativo”.

“Toda esta cuestión de la denuncia a los padres, además de ser profundamente represiva, se basa en el paradigma de la minoridad, de desconocer y de ningunear el protagonismo de los jóvenes en sus propias instituciones”, concluyó.

Comentarios