La Justicia rechazó una medida cautelar innovativa presentada por dos taxistas a los que el municipio les quitó la licencia –a uno de manera definitiva y al otro provisoriamente– para conducir ese transporte público tras protagonizar una feroz pelea en una estación de servicio en Entre Ríos y Gálvez, el último 13 de mayo, que terminó derivando en una virtual “batalla campal”. La intención de ambos, quienes primero se enfrentaron en el surtidor pero luego hicieron juntos la presentación judicial, era que desde Tribunales se dejara sin efecto la medida pero la jueza en lo Civil y Comercial de la 2ª nominación, Julieta Gentile, determinó que lo dispuesto por la Secretaría Municipal de Control y Convivencia Ciudadana “no era ilegítimo”. Además, la magistrada señaló que los taxistas, al prestar un servicio público, “están obligados a tener un buen comportamiento y conductas correctas”.
Cabe recodar que ese día a la madrugada la Policía llegó a la estación de servicio luego de que una transeúnte denunciara que se estaba produciendo una reyerta entre taxistas.
Los testigos del hecho contaron en esa oportunidad que se armó una especie de “batalla campal” y que cada chofer contaba con el respaldo de otros compañeros.
La mayoría terminó huyendo cuando aparecieron los agentes. En el lugar secuestraron un revólver y restos de un ladrillo que habría servido de arma. Los dos principales rivales quedaron detenidos.
La violencia se desató pasada la 1.30 en esa estación de servicio de zona sur, que es uno de los lugares elegidos por los taxistas para hacer una pausa, cargar combustible y tomar café.
Por cuestiones sin aclararse los dos taxistas pasaron de discutir a gritarse, y luego a la violencia más pura sin vueltas. Uno de los choferes es afiliado al Sindicato de Peones de Taxis y el otro pertenece a Taxistas Autoconvocados.
En su presentación en la Justicia, los conductores que protagonizaron la pelea tacharon de “arbitraria” la decisión del municipio.
Esto no fue visto así por la jueza quien destacó que “resultaba evidente”, por las distintas actuaciones aportadas, que hubo una reyerta o enfrentamiento entre choferes de taxis en la madrugada del 13 de mayo en la estación de servicios ubicada en la esquina de Entre Ríos y Gálvez.
“En dichos enfrentamientos y actos delictivos al menos se encuentran «involucrados» los amparistas, situación esta que compete dilucidar a la Justicia Penal”, destacó la magistrada.
“Los mismos se encuentran afectados a un servicio público y que como tal requiere de un comportamiento ejemplar, mucho más que el que se le puede exigir a un hombre común. La finalidad del control del servicio público y el ejercicio del poder de policía del Estado y su poder disciplinario no tiene otro sentido más que «proteger a la comunidad en su conjunto» de toda persona que, afectada a la prestación de un servicio público, pueda a través de un comportamiento «inadecuado» poner en riesgo la integridad física y seguridad de terceras personas. Es atendible el derecho constitucional al trabajo que le asiste a los amparistas pero como magistrada es mi deber ponderar los valores y derechos en colisión”, siguió más adelante.
“Si bien los hechos y circunstancias que motivaron esta resolución son diversos, lo cierto es que el acto que se pretende «dejar sin efecto», el cual emana de la administración pública en ejercicio de su poder de control de un servicio público, importaría un avallasamiento de un poder del Estado por sobre otro, el cual cuenta con mecanismos propios de control y sanción que conforme surge de las actuaciones administrativas fueron considerados y merituados”, concluyó.
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