La suspensión de la vacuna contra la meningitis para chicos de 11 años es apenas la punta del iceberg del ajuste que planifica el gobierno nacional en materia de salud pública. Desde la Casa Rosada justificaron la decisión por una supuesta escasez de dosis para completar el calendario de vacunación, pero luego el laboratorio Glaxo desmintió al gobierno: “El abastecimiento de la vacuna contra el meningococo es normal y no hay demoras en la entrega de los lotes requeridos”. Como trasfondo, asoma una compleja negociación entre la Nación y las provincias para la implementación de la llamada Cobertura Universal de Salud (CUS).
Por segunda vez en dos meses, la falta de vacunas disparó una disputa política entre la Nación y las provincias. A mediados de julio, la ministra de Salud de Santa Fe, Andrea Uboldi, había hecho público el malestar de la Casa Gris ante las demoras en el envío de vacunas contra la meningitis por parte del gobierno nacional y advirtió sobre demoras en la provisión de fármacos de alto valor para tratamientos oncológicos. Ahora, las quejas se reiteraron ante la decisión de suspender esa vacuna para los chicos de 11 años, algo que estaba contemplado en el calendario de vacunación aprobado el año pasado.
Desde los gremios del sector salud y desde los sectores políticos opositores a Cambiemos vinculan la media con el ajuste que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri en línea con las recetas del FMI, que suponen un fuerte recorte del gasto público. En lo que va del año hubo una poda de 9.000 millones de pesos –dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación– para la provisión y puesta en marcha del programa nacional de vacunaciones y de entrega de medicamentos. El monto del ajuste equivale casi a la mitad del total destinado a esas áreas.
El recorte se da en el marco del fuerte ajuste fiscal previsto para el año próximo, de 300 mil millones de pesos, que impactará sobre todas las áreas. En salud la situación aparece cada vez más crítica y por eso la ministra Uboldi endureció su discurso respecto del gobierno central. “Estamos con un problema de provisión de vacunas grave”, declaró en la semana a <<LT8>>. “El problema viene de arrastre; desde el año pasado faltan provisiones”, agregó.
El tamaño del ajuste excede por mucho a las vacunas contra la meningitis. Según el ex ministro de Salud de la Nación, Daniel Gollán, el gobierno central no solo no entrega vacunas, sino que “no está entregando materiales descartables, no pagan programas de capacitación profesional y echó a la mitad de los 11 mil vacunadores, médicos y psicólogos del programa Médicos Comunitarios. Lo que hace el Ministerio de Salud (nacional) es decirle a los gobiernos provinciales que se hagan cargo del tema”.
“El ajuste implica el CUS”
La quita de vacunas “es parte del ajuste y de lo que implica la Cobertura Universal de Salud”, afirmó la dirigente del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (Siprus) y secretaria general de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa) María Fernanda Boriotti.
“Esto es parte del ajuste que está haciendo la Nación en la salud de la población. Ya hemos visto la restricción en la entrega de medicación de alto costo, en algunos programas nacionales, y la dificultad que eso implica para las provincias, que contaban con estos recursos, y para los pacientes”, indicó Boriotti.
Según la dirigente gremial, la decisión de discontinuar las vacunas contra la meningitis “está asociada a lo que va a implicar la CUS, si se plantea de la manera que impone el Banco Mundial: un poquito de salud gratis y el resto a pagarla. Es preocupante ver cómo solapadamente se avanza en estas políticas, directamente en detrimento de la salud de la población”.
La CUS es un programa lanzado en 2016 por el gobierno central al que ya adhirieron nueve provincias. Santa Fe es una de las que aún no se sumó al nuevo esquema. Según la diputada provincial Alicia Gutiérrez, la CUS apunta a la mercantilización del sistema de salud y la transferencia de recursos del Estado al sector privado.
En sintonía con los planteos gremiales, la diputada Gutiérrez denunció que el Ministerio de Salud de la Nación “chantajea a las provincias” para que adhieran a la CUS a cambio de los fondos que el Banco Mundial prometió otorgar para su aplicación: “Esto significa que Santa Fe dejaría de recibir hasta el 8% de su presupuesto sanitario, un verdadero atentado contra la salud de los santafesinos de índole claramente anticonstitucional”, explicó.
La legisladora diferenció el sistema público de salud, universal y gratuito de la CUS, en tanto propone una cobertura destinada a las personas que no tienen obra social ni prepaga y no parte de una concepción de la salud como un derecho: “En realidad, es un seguro para pobres, con una canasta básica y restringida de prestaciones que podrán ser brindadas tanto por el sector público como el privado”.
“Con el nuevo sistema –señaló Gutiérrez– vamos a tener que pagar por lo que antes era gratis y no tendremos a quién recurrir si no podemos costearlo. De este modo, el Estado se corre de su rol como proveedor del servicio público de salud y se convierte en un comprador de servicios, ya que la CUS propone financiar la demanda y no la oferta. Esto golpea en el corazón del propio sistema porque implica desfinanciar a los hospitales, precarizar a los trabajadores de la salud y desmantelar la estrategia de atención primaria y el trabajo en prevención”.
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