Policiales

Violencia institucional

Cuatro Plazas: más policías acusados

La Justicia agravó la imputación para uno de los ocho policías ya encausados formalmente y le endilgó los mismos delitos, apremios ilegales, a otros dos. Así el legajo judicial tiene una decena de uniformados bajo investigación, la mitad de ellos presos, por arresto ilegal de un grupo de jóvenes.


La Justicia sumó este jueves tres nuevos imputados, todos del Comando Radioeléctrico, bajo el delito de apremios ilegales en el marco del caso originado en las Cuatro Plazas de zona oeste el 23 de marzo pasado, cuando policías arrestaron en forma irregular a un grupo de jóvenes. Los tres quedaron presos y se sumaron en esa condición a otros dos. La causa tiene a otros cinco policías ya acusados formalmente.

La acusación contra Diego Ojeda, Sergio Romero y Roberto Salinas corrió por cuenta de la fiscal de la Unidad de Violencia Institucional Karina Bartocci, quien pidió que se agravara la imputación contra Salinas (quien formaba parte del grupo de ocho uniformados acusados formalmente en el inicio de la causa), ahora por apremios ilegales. Solicitó lo mismo para los otros dos –hasta el momento no imputados–, quienes también llegaron en libertad a la audiencia y quedaron detenidos.

La querella, encabezada por abogados de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, pidió –tal como había hecho con los otros siete imputados– que se los acusara por torturas, pero la jueza Melania Carrara no accedió. Al término de la audiencia, la magistrada dictó la prisión preventiva para el trío.

“En cuanto al pedido de medidas cautelares, la jueza hizo lugar al pedido de prisión preventiva, aunque fijó un plazo que a nuestro entender es demasiado acotado: la medida cautelar vence el 2 de julio de 2018, fecha en la cual se revisarán las prisiones preventivas en nueva audiencia”, informó la Multisectorial contra la Violencia Institucional, que acompaña el pedido de justicia de las víctimas.

“Hacemos responsables al Ministerio Público de Acusación y al Ministerio de Seguridad por la integridad de las víctimas, sus familiares, amigxs, abogadxs y demás personas que los estamos acompañando”, reiteraron desde la Multisectorial, en referencia a recurrentes hostigamientos sufridos por los jóvenes.

El caso

El 23 de marzo, a las 4 de la madrugada, siete amigos denunciaron que la Policía los detuvo sin causa en las Cuatro Plazas (barrio Belgrano), donde estaban sentados después de volver del Parque Scalabrini Ortiz. Sasha, un técnico electrónico de 22 años, llevó la peor parte: lo golpearon hasta desfigurarlo, le cortaron las rastas que lucía hasta la cintura con un cuchillo y le dispararon con munición antitumulto en las pantorrillas cuando intentó escapar de la agresión. Otro policía, dijo después, le apuntó con su arma reglamentaria pero se contuvo ante los gritos del resto de los chicos, que también recibieron golpes.

Desiré, la única chica del grupo recibió, además del ensañamiento físico de los policías, la violencia simbólica de varios de ellos: le dijeron que era “la puta del barrio” y la acusaron de vender droga en la zona. Los jóvenes estuvieron desde las 4 de la madrugada hasta las ocho de la noche del viernes esposados en la comisaría 14ª. La detención cesó cuando la defensora oficial Maricel Palais llamó al fiscal Fernando Dalmau, quien en ese momento intervino.

Voceros judiciales indicaron que el fiscal recibió la notificación de la detención de los jóvenes a las 9 de mañana y en el contexto de “resistencia a la autoridad”. Dalmau ordenó entonces una averiguación de antecedentes de los chicos. “Cerca de las 14, el fiscal recibió la información por parte del Servicio Público de la Defensa de que los jóvenes habían sido golpeados y que hacía tiempo estaban detenidos –desde las 4 de la madrugada–. Ante esta situación, dio intervención a Asuntos Internos y puso en conocimiento a su par Bartocci”, describieron fuentes de Fiscalía.

Una semana después las víctimas se vieron cara a cara con los policías en una audiencia imputativa y ratificaron su relato, antes expuesto en las redes sociales y medios de comunicación. Tras esa primera audiencia quedaron formalmente acusados siete uniformados: Mariano Saavedra y Érika Denis, ambos del Comando Radioeléctrico y los primeros que llegaron hasta el parque de barrio Belgrano siguen detenidos. Están bajo acusación aunque en libertad Walter Duarte, de la misma repartición que los anteriores, y los efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT) Ariel Godoy, Gastón Farley, Santiago Morgan, además de Cristina García, quien se sumó al grupo de los primeros imputados días más tarde.

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