El presidente peruano Martín Vizcarra llegó a tener en septiembre un índice de popularidad de 40%, uno de los más bajos de su gestión, de acuerdo con un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) publicado este domingo por el diario limeño La República. Pero después de la disolución del Congreso, los peruanos elevaron a un 75% el nivel de aceptación del mandatario, al que consideran un presidente democrático, frente a 14% que piensa que es un dictador. Cabe destacar que en su mejor momento Vizcarra nunca llegó a superar el 60% de aprobación por parte de los ciudadanos.
La crisis política en Perú alcanzó su pico a partir del lunes pasado, cuando Vizcarra dispuso la disolución del Congreso unicameral, invocando una facultad que le confiere la Constitución, y llamó a elecciones parlamentarias para el 26 de enero próximo.
La Carta Magna faculta –no obliga– al presidente a disolver el parlamento una vez que este haya censurado o denegado confianza al gabinete del Ejecutivo por segunda vez en un mismo período de gobierno.
El Congreso nombró a Gonzalo Ortiz de Zevallos como juez del Tribunal Constitucional (TC) antes de debatir la moción de confianza que el gabinete había solicitado en relación con un cuestionamiento del Ejecutivo al proceso para esa designación, por lo que Vizcarra interpretó que se le denegó implícitamente el respaldo.
Inmediatamente después de que el mandatario anunciara el cierre del Congreso y la convocatoria a elecciones, el parlamento, con mayoría simple, resolvió suspender por un año a Vizcarra y tomó juramento a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como nueva jefa del Estado.
Sin embargo, 24 horas después, Aráoz presentó su renuncia ante el apoyo a Vizcarra de las fuerzas armadas y de seguridad, e incluso de parte de la oposición, mientras el mandatario designó y tomó juramento a un nuevo gabinete.
En ese contexto, los partidos más enfrentados con Vizcarra, que eran mayoría en el Congreso, fueron modificando su principal objetivo.
Así, de la suspensión y el reemplazo de Vizcarra pasaron primero a pedir la renuncia de todos los cargos electivos y el llamado a elecciones para designar tanto presidente y vices como congresistas.
Luego, a medida que Vizcarra se mostró más firme, centraron sus esfuerzos en lograr la asunción de Ortiz de Zevallos, con el propósito de lograr en el TC una mayoría de magistrados afines antes de que esa corte resuelva recursos presentados por el ex presidente Alberto Fujimori y su hija, la líder opositora Keiko Fujimori, para salir de la cárcel.
No obstante, el TC anunció que resolverá el jueves próximo si acepta a Ortiz de Zevallos y aclaró que, en caso de que lo admita, resolverá también a cuál de los jueces con mandato vencido reemplazará, con lo cual el fujimorismo y sus aliados podrían quedarse sin la mayoría deseada aun si el magistrado elegido por ellos lograra asumir.
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